El plan de regularización está dirigido a personas que se encuentren en España en situación irregular o sean solicitantes de asilo. Para acceder a los papeles, los interesados deben haber estado en el país o ser solicitantes de protección internacional antes del 31 de diciembre de 2025, tener más de cinco meses de residencia en España y no contar con antecedentes penales. Una de las novedades del decreto es la flexibilidad en la documentación requerida para demostrar la estadía, aceptando cualquier documento público, privado o una combinación de ambos, como certificados de empadronamiento, contratos de alquiler o informes de citas médicas. Además, se aceptarán justificantes de envío de remesas, una demanda histórica de las organizaciones sociales.

El proceso de regularización otorga beneficios inmediatos, como la suspensión de procedimientos de retorno y órdenes de expulsión al presentar la solicitud, así como una autorización de residencia provisional que permite trabajar legalmente y acceder a la asistencia sanitaria. Aunque el trámite de resolución puede tardar hasta tres meses, con la mera admisión los solicitantes ya pueden comenzar a trabajar desde el primer día en cualquier sector y parte del país. Para los hijos de los solicitantes, se otorgará un permiso de residencia de 5 años. El plazo para presentar las solicitudes se abrirá a principios de abril y se extenderá hasta fines de junio. A pesar de la aprobación del Real Decreto por parte de Pedro Sánchez, la medida ha generado críticas por parte de la oposición, siendo calificada como «ilegal» por el Partido Popular y anunciando Vox que recurrirá al Tribunal Supremo.

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