La justicia procesó a dos ex presidentes de SanCor C.U.L., José Pablo Gastaldi y Alberto Eduardo Sánchez, por la apropiación indebida de más de 1.600 millones de pesos de los trabajadores de la empresa destinados al Sistema Único de la Seguridad Social, cifra que actualizada arroja un monto mucho mayor.

En una declaración firmada por Héctor “Etín” Ponce, secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra), los trabajadores perjudicados manifestaron que ampliarán la denuncia penal, al asegurar que “dicha maniobra, agravada, persiste en la actualidad con la modalidad delictiva empresaria de fijar como remunerativo en los recibos de haberes solo el equivalente a un salario mínimo que incluso registra varios meses de atraso en el pago”.

Ponce señaló que el delito de evasión fiscal persistente impacta directamente en la situación actual de la empresa, dado que el uso de fondos de terceros, la afectación de aportes laborales, el ocultamiento del estado económico real, la tergiversación de los recibos de haberes y las maniobras delictivas comprobadas por la fiscalía ponen a SanCor, en función de estas maniobras pergeñadas por sus directivos, de cara a un posible concurso fraudulento y a la consecuente extensión de responsabilidad que le cabe a sus autoridades.

SanCor: «La decisión de la Justicia es alentadora», afirmó ATILRA

El dirigente sindical consideró que, “en un mundo como el actual, utilitario y habitualmente inclinado a perdonar delitos de individuos considerados de determinado estatus social, esta decisión de la justicia es alentadora”, aclarando al mismo tiempo que “la inmensa mayoría de los empresarios de la actividad son probos, honestos y actúan siempre de buena fe”.

Ponce recordó que “hace muchos años expresábamos lo que estábamos seguros ocurriría con SanCor si es que no se tomaban las decisiones que había que tomar”, y afirmó que desde Atilra no son “ignaros en la materia”, ya que interactúan no solo con empresas lácteas de Argentina sino también con las principales transnacionales. Sin embargo, agregó, “operaciones mediante, se iba destruyendo todo el trabajo que en beneficio del ‘Colectivo SanCor’ queríamos construir”.

El texto destaca que durante años se tendieron puentes con inversores lácteos para que, con aporte económico, se hicieran cargo de los destinos de la cooperativa, pero “todo eso fue boicoteado”. De esta forma, sostuvo Ponce, “se ultrajó la confianza de los productores y en una demostración de inexplicable insensibilidad se condenó a los trabajadores y sus familias a vivir duras situaciones económicas por falta de pago de sus haberes y a la incertidumbre respecto de la conservación de sus puestos de trabajo”.

“No se trata de ser de un color político o de otro. Se trata de ser buena o mala gente”, enfatizó el secretario general de Atilra.
Finalmente, desde el gremio se considera terminada esta etapa judicial, pero “nunca y menos ahora nos quedaremos cruzados de brazos”, y se continuará “buscando las alternativas que permitan la subsistencia de la fuente de trabajo y los puestos laborales en el caso de que se produzca la liquidación de la empresa”.