El buque incautado, identificado como Skipper, forma parte de la flota en las sombras utilizada para transportar petróleo venezolano hacia destinos como China o puertos donde se triangulan cargas para evitar sanciones. Esta acción ha generado temor en la industria marítima, con al menos un operador suspendiendo viajes programados por miedo a nuevos operativos. Por su parte, el gobierno venezolano ha denunciado la confiscación como un acto de «piratería internacional» y ha acusado a Washington de apropiarse de recursos estratégicos bajo argumentos considerados como «fabricados». La posibilidad de nuevas incautaciones ha generado incertidumbre en el transporte marítimo vinculado al petróleo venezolano, lo que podría afectar rutas comerciales y los precios internacionales del crudo, profundizando la confrontación entre ambos gobiernos.

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