La gestión nacional del Presidente Milei evalúa eliminar el régimen de Zona Fría mediante un decreto, una medida que podría tener efectos devastadores para ciudades como Necochea. Silvia Jensen, referente de la Multisectorial del ENARGAS, advirtió que la medida es “anticonstitucional” y alertó sobre el riesgo de que el Gobierno quiera “apropiarse de un fondo fiduciario” que financia el beneficio. Además, expresó que la eliminación de los descuentos de gas podría forzar a las familias más vulnerables a “elegir entre pagar la factura de gas o las tasas municipales”, una situación que afectaría gravemente a la economía local.

El Régimen de Zona Fría, sancionado en 2021, permitió que las regiones más frías del país, como Necochea y otras localidades de la Provincia de Buenos Aires, recibieran un descuento en las tarifas de gas. Este beneficio, que otorga descuentos de hasta el 50% en las facturas, fue una medida que buscaba aliviar la carga económica de los habitantes de zonas donde el frío es más riguroso. En Necochea, miles de familias se beneficiaron de esta medida.

Sin embargo, el Gobierno Nacional ha comenzado a analizar la posibilidad de eliminar este régimen. Según las autoridades, la medida podría ahorrar hasta USD 300 millones, una cifra que, según explican, sería necesaria para equilibrar las cuentas del Tesoro. El Gobierno justifica esta decisión señalando que los usuarios no alcanzados por el beneficio deberían pagar un 10% adicional en sus facturas para cubrir los costos.

La amenaza para las familias de Necochea

Silvia Jensen, integrante de la Multisectorial del ENARGAS y referente de los usuarios del servicio de gas, se mostró enérgica en su rechazo a esta posible eliminación. Para Jensen, no solo se trata de un beneficio económico, sino de un derecho constitucional de los habitantes de zonas frías. En declaraciones exclusivas, destacó que:

“Eliminar la Zona Fría por decreto sería un acto anticonstitucional. Este régimen fue aprobado por el Congreso, y cualquier intento de derogarlo de manera unilateral vulneraría los derechos de miles de familias, especialmente en lugares como Necochea”.

Jensen explicó que la Ley 27.637, que establece el régimen de Zona Fría, no solo beneficia a los usuarios de gas en las regiones frías, sino que también se financia con los aportes de todos los usuarios del país. Por lo tanto, cualquier modificación en este beneficio podría tener consecuencias profundas para las familias de la región.

El impacto en las familias vulnerables

En Necochea, como en otras ciudades, los sectores más vulnerables son los principales beneficiarios de la Zona Fría. Jubilados, pensionados y aquellos que perciben asignaciones sociales son los que reciben un 50% de descuento en sus facturas de gas. Sin este beneficio, las facturas podrían dispararse, lo que generaría una crisis para muchas familias de la región.

Jensen fue clara al señalar que la medida afectaría especialmente a los sectores más desprotegidos:

“Hoy en día, los jubilados y los más vulnerables tienen facturas que rondan los 40.000 pesos. Si el régimen de Zona Fría se elimina, estaríamos hablando de facturas de gas superiores a los 70.000 pesos. Esto sería insostenible para cualquier familia, especialmente para los que ya viven con lo justo”.

Además, advirtió sobre una posible «decisión de elegir entre pagar la factura de gas o las tasas municipales», lo que podría agravar aún más la situación económica en Necochea, donde muchos ya enfrentan dificultades para cubrir los gastos básicos.

El Fondo Fiduciario y el riesgo de apropiación

Jensen también explicó que el Fondo Fiduciario utilizado para financiar la Zona Fría no proviene directamente del Tesoro Nacional, sino de los aportes de los propios usuarios del servicio de gas. Este fondo, creado por los aportes que realizan los usuarios en sus facturas, es el que se utiliza para cubrir los descuentos en las zonas frías.

La dirigente alertó sobre la posible apropiación de este fondo por parte del Gobierno para otros fines. En este contexto, detalló:

“El gobierno está buscando apropiarse de este fondo fiduciario, que se financia con los aportes de los usuarios. La excusa del ahorro de 300 millones de dólares no es más que una justificación para quedarse con el dinero destinado a este beneficio”.

A su vez, Silvia Jensen recalcó que la eliminación de este beneficio no solo afectaría las finanzas personales, sino que también generaría un impacto en la economía local:

“Si las familias no pueden pagar las facturas de gas, inevitablemente afectará a los comercios, a las pequeñas empresas y a toda la cadena productiva local”.

Contexto de la medida y posibles consecuencias

La eliminación del beneficio de la Zona Fría se enmarca en el contexto de ajustes fiscales impuestos por el Fondo Monetario Internacional (FMI), al que el Gobierno argentino debe rendir cuentas. El aumento constante en las tarifas de gas, junto con la reducción de subsidios, ha aumentado la presión sobre los ciudadanos.

La decisión del Gobierno de eliminar la Zona Fría podría tomar forma mediante un decreto después de las elecciones legislativas de octubre, según algunos rumores dentro del sector gubernamental. Sin embargo, Silvia Jensen subrayó que este acto sería «inconstitucional», ya que un beneficio aprobado por ley solo puede ser modificado mediante otra ley aprobada por el Congreso Nacional.

La amenaza de eliminar el régimen de Zona Fría genera preocupación en ciudades como Necochea, donde muchas familias dependen de este beneficio para hacer frente a las bajas temperaturas del invierno. Mientras el Gobierno justifica la medida como una necesidad de ahorro fiscal, expertos y referentes locales advierten que el verdadero costo será para los sectores más vulnerables, que podrían ver disparadas sus facturas de gas y enfrentarse a dilemas económicos insostenibles.