Tras la decisión de la Corte que confirmó la condena en la causa Vialidad, el constitucionalista Eduardo Barcesat alertó sobre las graves consecuencias institucionales del fallo y explicó qué caminos quedan disponibles. Al ser consultado sobre los efectos prácticos, señaló: “Tiene una inhabilitación perpetua para ocupar cargos de función pública, un embargo monstruoso y una pena privativa de libertad”. Y agregó: “Esperemos que se le conceda la prisión domiciliaria porque procede notoriamente a estado de derecho, es persona mayor de 70 años”.

En ese marco, Barcesat explicó que existen caminos de impugnación internacionales —como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la ONU o la Corte Internacional de Justicia de La Haya— pero advirtió que “el mayor problema de ello son los tiempos que insume, difícil es que lleguen para el 2026 y con suerte será para el 2027”.

Sin embargo, el constitucionalista planteó una vía alternativa e innovadora: la posibilidad de que la ciudadanía inicie un amparo electoral colectivo, que podría radicarse en el Juzgado Federal con competencia electoral de la Provincia de Buenos Aires. “La otra alternativa que estoy pensando, elaborando, es la idea de un amparo electoral que lo tendrían que promover los electores, porque forman parte del pueblo de la Nación”, detalló Barcesat. Según explicó, estarían habilitados para presentar la acción “todos los empadronados en el distrito de La Matanza, provincia de Buenos Aires”.

El fundamento legal de esta propuesta, explicó, se encuentra en los artículos 33 y 36 de la Constitución Nacional. “Al suprimir un candidato que goza de una enorme credibilidad y apoyo en el distrito electoral respectivo, están afectando su derecho a tener representante”, sostuvo. Y confió en que el juez Alejo Ramos Padilla, a cargo del juzgado competente, “va a obrar con obediencia a lo establecido en el artículo 36 frente a conductas que son cercenantes de los derechos electorales”.

Consultado sobre la factibilidad de esta estrategia, Barcesat sostuvo que “lo importante de momento, por los tiempos y la urgencia, es radicarlo si es posible antes de este viernes, y dejar abierta a la adhesión de todos aquellos que quieran, mediante un simple escrito de adhesión, sumarse a la iniciativa”.

Además, defendió la viabilidad constitucional del planteo: “Hay que innovar. Si no tenemos una jurisdicción idónea y eficaz, hay que buscar todas las herramientas que nos da la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos”. Sobre el posible escepticismo acerca de que un juez pueda ordenar algo a la Corte Suprema, recordó: “Ya hay precedentes respecto de la suspensión ejecutoria, por ejemplo, del tramo laboral del DNU 70/2023, también respecto de las prepagas”.

Barcesat fue enfático al afirmar que los jueces también pueden ser objeto de acciones de amparo: “En la decimosegunda conferencia nacional de abogados se trató específicamente si la acción de amparo cabía también respecto de las autoridades judiciales. La resolución, casi por unanimidad, fue que sí, que los jueces también pueden cometer acciones ilegales o manifiestamente arbitrarias”.

Por último, consultado sobre la posibilidad hipotética de un indulto presidencial, Barcesat reconoció que “el indulto apena la pena en su totalidad, es una facultad del Presidente de la Nación”, pero aclaró: “Ni siquiera creo que Cristina Kirchner lo aceptaría”.

(Fuente: www.codigobaires.com.ar)