Será a poco de que se cumplan cuatro años del hecho, ocurrido en Miramar.

El juicio por jurados a los policías acusados en la investigación del crimen de Luciano Olivera se llevará a cabo en noviembre de 2025.

El debate se llevará a cabo a poco de que se cumplan cuatro años del hecho, ocurrido en Miramar, según quedó dictaminado.

La causa tiene como principal imputado a Maximiliano González, el oficial que realizó el único disparo con su pistola calibre 9 milímetros que impactó y mató al adolescente, y cuatro de sus compañeros de la fuerza por haberlo encubierto. Se trata de Nelson Albornoz, Kevin Gerricagoitía y Rocío Mastrángelo y Alejandro Cepeda.

La semana pasada, tanto por escrito como en persona ante el juez Ricardo Perdichizzi, la querella -representantes de la familia Olivera- había planteado que el juicio no se hiciera bajo la modalidad del jurado popular y que se desarrollara con un tribunal técnico. Sin embargo, la solicitud fue rechazada porque, cabe recordar, en delitos gravísimos como este que se investiga es el imputado el que decide si quiere ser juzgado por jurados populares o por un tribunal compuesto por tres jueces.

En el caso de Albornoz, quien está imputado por “encubrimiento doblemente agravado, falso testimonio e incumplimiento a los deberes de funcionario público”, la defensa solicitó su excarcelación o algún tipo de morigeración, ya que lleva tres años privado de su libertad. Sin embargo, la Justicia también denegó ese planteo, por lo que el policía seguirá detenido hasta el juicio.

La dilación en el proceso, además de la complejidad de una investigación que involucró a policías, se debe también a que el policía González cambió hace pocas semanas de abogado defensor, quien solicitó al menos tres meses para estudiar la causa antes del juicio.

El crimen de Luciano Olivera ocurrió el 10 de diciembre de 2021, cuando el joven de 16 años estaba con amigos en la plaza central de Miramar jugando al fútbol y escuchando música.

Según la versión policial un llamado de un vecino alertando sobre ruidos molestos hizo que un patrullero se dirigiera a la plaza, pero en el mismo momento en que llegaba, Olivera se iba con su motocicleta. “Tengo mis serias dudas de que Luciano se haya enterado de que la policía lo estaba persiguiendo”, dijo la fiscal Ana Caro a LA CAPITAL.

Lo cierto es que el menor aceleró su motocicleta y tras algunas vueltas con el patrullero a no menos de 100 metros de distancia, tomó por la avenida 9. Por radio los policías emitieron la novedad de que la moto estaba huyendo y otro móvil, en el que iban González, Albornoz, Gerricagoitía y Mastrángelo cortó el paso en la calle 34.

El análisis inicial de una cámara de video que toma en baja calidad y condiciones no óptimas la secuencia determinó que González bajó por la puerta trasera derecha, sacó su arma y disparó. Para la fiscal Cano, en su acusación señaló que la distancia entre González y Olivera fue no menor a unmetro, esto solamente para referenciar que no fue a quemarropa. El video mostró un supuesto destello con la motocicleta mucho más allá de la “trompa” del patrullero que se estimó en 32 metros.

Sin embargo los tres policías -González no declaró- dijeron que el disparo fue efectuado cuando la moto ya había sobrepasado el patrullero y se le había ido encima al tirador. Ante este relato, la fiscal Caro los acusó de falso testimonio y encubrimiento agravado.

Al respecto surgió una novedad importante. Un nuevo análisis del único video, ya con herramientas de optimización más precisas, arrojó que hay un destello en el momento en que la moto alcanza la posición del patrullero. Esto podría llevar a algún planteo de las defensas, porque se sostiene desde un principio que no está acreditada la distancia del disparo y que la hipótesis no es del todo precisa. De todos modos, para la fiscalía no es solo el video lo que sostiene la prueba de cuándo disparó González, sino testimonios y peritajes.