La creación del Comando Unificado de Seguridad Productiva colisiona con garantías que la Constitución y los convenios internacionales consagran. “No comprenden la naturaleza de las problemáticas ni la forma para hallar una salida democrática”, señalan desde FARN.
El 6 de septiembre pasado, el Ministerio de Seguridad anunció la creación del Comando Unificado de Seguridad Productiva “con el objetivo específico de ejecutar tareas destinadas a la prevención y control del orden en los enclaves productivos del país”, según reza la Resolución 893/2024 publicada este viernes 6 en el Boletín Oficial.
Entre los considerandos de la norma con la firma de la Patricia Bullrich, se argumenta “que se han originado graves hechos de violencia, bloqueos e impedimento por medios ilícitos para que se pueda trabajar, comercializar y distribuir libremente la producción”, y cita ejemplos específicos como zonas portuarias (Bahía Blanca, San Lorenzo-Timbúes), Vaca Muerta y zonas mineras, entre otros. “Existen sectores de la economía que, a causa de su gran contribución al crecimiento del país debido al volumen de su producción, a la magnitud de su aporte (…) requieren de una seguridad especial”, concluye.
“La resolución parece desconocer el origen de los conflictos que supuestamente busca resolver mediante la creación de un comando de despliegue de fuerzas de seguridad sin preparación ni integración de especialistas que comprendan la naturaleza de las problemáticas y la forma de diálogo necesario para hallar una salida democrática”, sostienen desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) consultada por este medio. “Dicho comando insumirá recursos del Estado en momentos en los que se recortan aportes y partidas necesarias para asegurar los derechos y el bienestar de la mayoría de la población”, agregan.
Por otra parte, desde la organización ambientalista destacan cuáles son los sujetos sociales que este Comando enfrentará. “Esta resolución desconoce que la mayoría de las veces quienes protestan de manera pacífica son comunidades locales, indígenas, campesinas o urbanas, consideradas personas defensoras del ambiente, que se encuentran especialmente protegidas por normas internacionales como el Acuerdo de Escazú, debido a que precisamente América Latina es la región más peligrosa para defender la naturaleza como fue descripto en sucesivas investigaciones por la organización internacional Global Witness”.
Según el informe “Voces silenciadas” de la ONG mencionada, recientemente publicado, 196 personas defensoras de la tierra y el ambiente murieron asesinadas en 2023; 79 en Colombia y 25 en Brasil, los países con más crímenes a esta población en el mundo. Argentina no integra esta lista. “Eso debe permanecer de la misma forma. La conformación de una fuerza de seguridad como la propuesta podría marcar un rumbo diferente”, advierten desde FARN.
El Acuerdo de Escazú -Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe- es el primer convenio ambiental de la región. Fue adoptado en 2018 y nuestro país lo aprobó en 2020 mediante la Ley 27.566, entrando en vigencia en abril de 2021. Según FARN, este tratado “garantiza un entorno seguro y propicio para que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad obligando a los Estados a tomar las medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover todos los derechos de las personas defensoras incluidos el derecho a la vida, la integridad personal, la libertad de opinión y expresión, el derecho de reunión y asociación pacíficas y el derecho a circular libremente”.
Mientras que Bullrich sostiene que los bloqueos o hechos de protestas ponen “en peligro colectivo a la vida, la libertad y el patrimonio de los habitantes y de las empresas o la libre circulación de los trabajadores, como también de su actividad productiva”, las personas y colectivos mencionados actúan justamente en defensa de su propia vida, la de sus comunidades y la del ambiente, o luchan por defender sus derechos laborales conquistados o por alcanzar nuevos.
“Estas personas cuestionan justamente un modelo de producción de enclave caracterizado por un elevado impacto ambiental (consumo de agua de la minería a gran escala, contaminación de acuíferos mediante hidrocarburos, sismicidad inducida por la fractura hidráulica)”, señalan desde FARN, a la vez que denuncian una práctica ampliamente comprobada llevada adelante por funcionarios, gobernadores y legislaturas provinciales: “Muchas veces estos proyectos son aprobados incumpliendo las herramientas de política y gestión ambiental y los derechos de acceso en materia ambiental y el consentimiento previo libre e informado a pueblos y comunidades indígenas. De esa manera recurren a la justicia para hacer valer sus derechos, o utilizan las protestas pacíficas en el espacio público como recurso luego de haber intentando acceder vía los múltiples canales institucionales, para lograr la vigencia de sus derechos ampliamente reconocidos, pero no efectivamente aplicados”.
Es evidente que para el partido gobernante y sus mandantes -no necesariamente sus votantes- el concepto de “seguridad productiva” está por delante de otros derechos como el de la protesta o el derecho a un ambiente sano. “No se debe limitar ni amenazar el derecho constitucional a la protesta social. En sentido contrario, el Estado debe garantizar la libertad de expresión, el derecho a peticionar a las autoridades y el derecho a la protesta social, piedras angulares de la participación democrática”, señala FARN. “Este tipo de enfoques, en vez de promover un diálogo democrático sobre el tipo de actividades a desarrollarse, o las distintas visiones sobre aquellas, así como sobre cómo lograr la vigencia del derecho al ambiente sano en tiempos de crisis económicas, estigmatiza a las personas defensoras del ambiente, y disminuye la calidad de la democracia”, concluyen.
Por último, destaquemos que, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, se ha explicado que “a lo largo de la historia las protestas y manifestaciones han sido motores de cambio y factores importantes que contribuyeron a la promoción de los derechos humanos. En todas las regiones del mundo y en todas las épocas de la historia, defensores anónimos y activistas reconocidos han liderado e inspirado movimientos de protesta que prepararon el terreno para los logros conseguidos en la esfera de los derechos humanos”. El entrecomillado es parte del Informe de la Representante Especial del Secretario General de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos (2007).

Presupuesto Nacional: fuerte caída de los fondos destinados al ambiente
En consonancia con esta mirada que privilegia la “seguridad productiva”, las prioridades económicas del gobierno reflejadas a través de la ejecución del Presupuesto Nacional 2024 fueron analizadas por el equipo de FARN en el documento “Monitor ambiental del Presupuesto”.
En el informe, que abarca las ejecuciones presupuestarias de los primeros seis meses del año, señalan que “en un contexto de fuerte ajuste fiscal, como el que se vive en Argentina, algunas partidas son sacrificadas en favor de mantener otras”.
Por ejemplo, desde la fundación explican que los montos destinados a la Deuda Pública mantienen la caída más leve entre todas las partidas analizadas, con una disminución del 11% en términos reales. “Si consideramos la inflación del 79,8% entre enero y junio del 2024, la participación de la deuda en el Presupuesto Nacional tuvo un aumento del 30% con respecto al 2023. Mientras que los fondos destinados a las partidas ambientales tuvieron caídas que van desde un 35% hasta más del 44%”, detalla FARN.
Entre las partidas recortadas se encuentran las destinadas al manejo del fuego, protección de bosques nativos y de áreas marinas, entre otras.
“El análisis del Presupuesto de este año nos deja una clara evidencia. No es que no haya plata, sino que no hay voluntad política para distribuirla entre todos los sectores y áreas que la necesitan”, señala Matías Cena Trebucq, economista del área de Investigación de FARN.
El detalle de partidas desfinanciadas que analiza el informe son: Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza-Riachuelo (la ejecución de la partida presupuestaria registra una caída del 95,9% con respecto al 2023); Ley de Manejo del Fuego (se ejecutó el 26,7% del presupuesto vigente); Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (este fondo es más de 18 veces menor a lo que debería por ley. En estos primeros 6 meses del año no se ejecutó ni un sólo peso); Subsecretaría de Ambiente y Administración de Parques Nacionales (sufrieron recortes de más del 40% para el primer semestre del 2024); Sistema de Áreas Marinas Protegidas (a diferencia del resto, esta partida posee una mayor ejecución que en años anteriores); Régimen de Fomento Nacional para el uso de Fuentes Renovables de Energía (en lo que va del año se ejecutó el 1,6% del presupuesto destinado a energías renovables, una caída del 97,3% respecto al mismo periodo del año anterior).
“Hasta el momento, vimos como el actual gobierno desfinanció y subejecutó partidas fundamentales para el cuidado, prevención y reparación del ambiente. Esto ocurre mientras las grandes empresas hidrocarburíferas continúan siendo beneficiadas por el Estado Nacional. Si el gobierno continúa fomentando las exportaciones primarias, sin los cuidados ambientales pertinentes a estas actividades extractivas, podemos esperar que el escenario continúe siendo complejo para el ambiente y para las comunidades que lo habitan”, expresa en el informe Guillermina French, responsable del área de Investigación de FARN.