Según la denuncia se permitió “a funcionarios y agentes en actividad adquirir hasta cinco armas por persona a un precio totalmente irrisorio y alejado de la realidad, y además prácticamente sin requisitos respecto a las condiciones exigidas para su acceso”.

La denuncia quedó a cargo del juez Daniel Rafecas, y de la Fiscalía encabezada por Federico Delgado.

Los denunciados son Arribas; la ex subdirectora dela AFI, Silvia Majdalani; un ex funcionario de la Agencia, cuya identidad se mantiene en reserva en los términos de la Ley Nacional de Inteligencia, y el mismo ex presidente Mauricio Macri, “en su calidad de responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional (art. 12, Ley N°25.520), máxima autoridad nacional del Sistema de Inteligencia”.

Según el escrito presentado esta mañana por Caamaño, “el entonces director general de la AFI dictó dos resoluciones, una en agosto de 2017 y la otra en diciembre de 2018 -carentes absolutamente de sustento jurídico y fáctico– que fueron las que en definitiva permitieron se lleve a cabo el procedimiento”, del que resultó la venta de 290 armas aptas para el disparo y utilización.

En la primera de ellas, declara “en condiciones de rezago el armamento”, “por no resultar económicamente rentable ni factible su recuperación”, y autoriza “la venta del armamento”, “a los agentes pertenecientes a la Agencia que posean Credencial de Legítimo Usuario”. A su vez, aprobaba el procedimiento de venta y el pago a través del “descuento de haberes”. La denuncia detalla además que del informe sobre el cual se basó Arribas, no surge que las armas “constituyen armamento de rezago, sino sólo se las clasifica como material en desuso”, que implica que “la cosa continúa preservando su cualidades propias para su normal uso” y no “residuo”.

Para esta operación, Área de Seguridad realizó la cotización en dólares, por la cual debía ofrecerse el material:

– Pistolas FM Browning 9mm: 200 dólares la unidad.

– Escopeta Beretta 12/70 y Pistolas Smith / Wesson 9mm: 300 dólares la unidad.

– Pistolas Beretta 92FS 9mm; Pistolas Glock 17 y 19 9mm compensadas; Revolver Colt Detective 38spl; Revolver Ruger 357, y Revolver Colt Trooper 357: 400 dólares la unidad.

Finalmente, los precios por los que pagaron 73 agentes -que según consta en la denuncia, no alcanzan al “20% del valor real de un arma usada en el mercado formal”– fueron los siguientes:

– Pistolas FM Browning 9mm: 3.900 pesos por unidad.

– Escopeta Beretta 12/70 y pistolas Smith / Wesson 9mm: 5.800 pesos por unidad.

– Pistolas Beretta 92FS 9mm y revólveres Colt Detective 38spl: 7.700 pesos por unidad.

– Pistolas Glock 17 y revólveres Colt Trooper 357 y 19 9mm compensadas y revólveres Ruger 357: 7.900 pesos por unidad.

La denuncia subraya que los revólveres Ruger y Colt Trooper se trataban de “armas de colección que no se consiguen en el mercado”, en particular el revolver Ruger “tenía la leyenda que decía ‘200 años de la libertad de América’”. Además, indica que “no consta ni valuación ni tampoco información acerca del valor de venta respecto a la única escopeta a repetición marca MOSSBERG, 12UAB Modelo 500 que fue vendida mediante este procedimiento fraudulento”, a un ex funcionario de la gestión anterior.

En el caso de la segunda operación, realizada en 2018, se agregó a la oferta un lote de 38 armas, “bajo la misma modalidad”. Esta vez, fueron de la partida: 3 pistolas semiautomáticas marca Beretta, modelo 92 FS, calibre 9mm; 1 pistola semiautomática marca FN, calibre 380 ACP; 9 pistolas semiautomáticas marca FM Browning calibre 9mm, y 25 pistolas semiautomáticas marca Glock modelos 17/19, calibre 9mm.

La denuncia detalla que “la puesta en venta del armamento de fuego no se encuentra dentro de las competencias, y menos aún, dentro de las facultades de la Dirección General, independientemente de que se encuentre en desuso”.

Se afirma que “permitir la compra de armamento de fuego apto para su uso a todos los agentes del organismo, sin el debido control de la autoridad estatal correspondiente en la materia, constituye per se una manifiesta violación a los deberes de funcionario público y un abuso de autoridad en los términos del artículo 248 del Código Penal”.

«La tasación de las armas no respetó el procedimiento establecido en el artículo 24 del Reglamento de Bienes Muebles y Semovientes del Estado”, advierte además la denuncia presentada por Caamaño.

Además se indica que “el escaso valor asignado a las 296 armas que se vendieron a agentes y funcionario de la AFI constituye un delito en los términos del artículo 173, inciso 7, con el agravante de haberse llevado a cabo en perjuicio de la Administración Pública”.

Por: Vanesa Petrillo