Política de EstadoEl gobierno avanza con la conformación de un ingreso universal para un amplio sector social
23 junio, 2020
El ministro Daniel Arroyo confirmó que el gobierno avanza en la idea de implementar de un ingreso universal, una renta base para los trabajadores informales. El ministro dijo que al proyecto de un ingreso universal “no lo estamos pensando como una cosa suelta, sino como algo que tiene que funcionar junto al programa Potenciar Trabajo y a la urbanización de las villas y asentamientos”.
El esquema de una renta universal para que la población más vulnerable tenga una protección frente a los efectos económicos del coronavirus ya fue adoptado en varios países. España aprobó por ley un ingreso mínimo, Francia está dando de hecho ayudas y Estados Unidos implementó un subsidio.
El ministerio de Desarrollo Social de la nación relanzó la semana pasada el programa Potenciar Trabajo, que unificó los programas sociales para reconvertirlos. La intención es vincular los planes al trabajo, para reemplazar los programas de asistencia por trabajo social garantizado. El gobierno piensa en cinco sectores desde los que reconstruir la actividad productiva. Un rubro es el de pequeñas obras de construcción, veredas, casas o infraestructura. El trabajo textil y la producción de alimentos son otras actividades con salida y que requieren de mano de obra intensiva. Luego está el área de las tareas de cuidado y la de recolección y reciclado de los residuos urbanos.
El presidente Alberto Fernández ya había anticipado, este fin de semana, su decisión de implementarlo. “Yo no soy hipócrita. Hay que hacer algo porque hay 9 millones de argentinos que están al margen”, dijo el mandatario luego de comentar que la demanda que tuvo el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).
El IFE fue creado al comienzo de la cuarentena y se otorgó a casi 9 millones de personas. Pero es una herramienta transitoria, para unos meses. Con el ingreso universal, por el contrario, el gobierno piensa en una política estable, que dure no meses sino años.
El estado está cubriendo, por otra parte, a dos millones y medio de trabajadores del sector privado con ATP, el programa de Atención de Emergencia al Trabajo. Si se suma a los trabajadores de la administración pública, se ve un paraguas que, con distintos alcances, está garantizando ingresos a prácticamente toda la población económicamente activa.