En el sector aseguran que el impacto de la resolución judicial “pone en riesgo el funcionamiento del sistema de salud privado”

Las prepagas advirtieron que el fallo de la Justicia que ordena reintegrar a los afiliados los incrementos por sobre la variación del IPC tiene “un impacto que pone en riesgo el funcionamiento mismo del sistema de salud privado” en la Argentina.

Así lo expresaron fuentes del sector tras conocerse la resolución del juez en lo civil y comercial federal Juan Rafael Stinco que ordenó a las empresas de medicina prepaga que “retrotraigan el monto de los valores a las cuotas vigentes al mes de diciembre de 2023″ y que actualicen los valores según el Índice de Precios al Consumidor. El magistrado dictó una medida cautelar en el amparo que inició el gobierno nacional mediante la Superintendencia de Servicios de Salud.

Según las empresas, “los incrementos no fueron resultado de una decisión cartelizada, sino de la necesidad imperiosa de recomponer los honorarios de los prestadores afectados por decisiones del gobierno anterior”. También se destinaron a reforzar los honorarios de los médicos, “en algunos casos con aumentos por encima de la inflación”.

“Esos incrementos se dieron de acuerdo con la liberación del sector que se estableció en el DNU del Gobierno nacional y fueron trasladados para mejorar los ingresos de los prestadores, cuyas clínicas se encuentran en estado crítico, muchas de las cuales tuvieron que reducir personal porque no podían hacer frente a los costos.

De ese modo, las fuentes de la medicina privada describieron los riesgos que trae la resolución judicial, entre los que ubican la posibilidad de que “los financiadores terminen en la quiebra”.

También apuntaron a los aumentos de precios que sufrieron los medicamentos. “Los laboratorios incrementaron los valores muy por encima de la variación de la inflación. Los medicamentos son una parte muy importante de los costos de la medicina prepaga. ¿Se va a aplicar la misma decisión para esos laboratorios?”, se preguntaron.

En las empresas señalaron que “el sistema de salud es demasiado complejo como para tomar decisiones sobre un actor sin tener en cuenta el panorama completo. Si la medida judicial se confirma las consecuencias serán seguramente la desaparición de un sinnúmero de empresas del sector, un servicio de peor calidad para los usuarios y menores ingresos para médicos y profesionales”.

Según el pedido judicial que había impulsado el Ministerio de Salud, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud, el fallo en cuestión:

• Deja sin efectos los aumentos desde el 1/12/2023 en adelante
• Retrotrae los valores de cuota a 1/12/2023, los que deberán actualizarse según IPC
• Fija un plazo de cinco días para que las empresas de medicina prepaga presenten un plan donde digan cómo le van a devolver lo cobrado de más a la gente
• El universo son las 23 empresas que estaban en la cautelar de la Superintendencia, las cuales representan el 95% de los usuarios de entidad de medicina prepaga.

Desde tres de las principales empresas del sector aseguraron que están analizando el fallo, pero que van a acatarlo. “Se hará lo que dice la Justicia. Tenemos 5 días para presentar la propuesta de devolución. Son decisiones que las empresas, en general, vamos a acatar. No imagino a nadie incumpliendo”, agregaron desde una de ellas.

Durante este viernes, hubo contactos de la Secretaría de Comercio que conduce Pablo Lavigne con algunas empresas para ajustar el esquema de aumentos detallado ayer por el Gobierno y que las empresas ya venían aplicando. “Había algunas dudas, pero finalmente estaba todo bien. Y en el medio cayó este fallo. Vamos a ver cómo seguimos. La instancia de apelación es una opción, claro”, aseguraron desde otra de las firmas del mercado.

(Fuente Infobae)