La reedición del libro de Emilio Crenzel ilumina un pasado que marcó a fuego la historia contemporánea argentina, revelando verdades ocultas y avivando la memoria colectiva de una época

Había pasado menos de un año desde el retorno de la democracia cuando, la noche del 20 de septiembre de 1984, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) entregó al presidente Raúl Alfonsín el informe de su investigación, que fue publicado bajo el título Nunca Más, dos palabras que -desde entonces- se convirtieron en una frase medular de la historia política argentina.

El informe de la Conadep había documentado la existencia de 340 centros clandestinos de detención y 8.961 casos de desapariciones, una cifra cuya dimensión pocos conocían, algunos sospechaban y una buena parte de la población ignoraba.

Hoy, a cuarenta años de ese hecho, la reedición actualizada del libro del sociólogo Emilio Crenzel, La historia política del Nunca Más, de Siglo XXI Editores, permite reflexionar sobre la construcción de ese informe emblemático, ubicarlo en los convulsionados primeros tiempos de la democracia, cuando los integrantes de las juntas militares conservaban aún buena parte de su poder, y repasar las relecturas y apropiaciones políticas que el informe atravesó desde su redacción hasta el presente.

En un relato interesante y documentado, Crenzel -investigador del Conicet y docente de la UBA- cuenta cómo fue la discusión política en torno a la elaboración del informe, cuáles fueron las presiones internas y externas que sufrió la comisión, cómo se usó en la esfera pública y cómo adquirió diversos significados a lo largo de estas décadas.

En base a entrevistas a integrantes de la Conadep, dirigentes políticos, miembros de los organismos de Derechos Humanos e intelectuales, el autor muestra cómo la investigación logró plasmar una nueva concepción de la sociedad sobre las desapariciones y sobre sus responsables. También aborda la utilización del informe del Nunca Más en el histórico Juicio a la Juntas militares, las numerosas producciones culturales y políticas sobre el tema, y ayuda a repensar un pasado reciente que no es lineal ni cerrado sino que sigue siendo materia de discusiones y controversias desde su publicación, en 1984.

También analiza con una mirada crítica la polémica desatada en 2006, cuando se redactó un nuevo prólogo en el marco de una revisión de la política de Derechos Humanos, durante el gobierno de Néstor Kirchner, y la postura de los gobiernos posteriores sobre el tema.

En el primer capítulo, “Desaparición, memoria y conocimiento”, Crenzel analiza la desaparición política como hecho histórico, y abre varias perspectivas. En primer lugar, aborda las diferencias y continuidades en las formas de represión en la Argentina del siglo XX, comprobando que la política de las desapariciones de los años 1970–1980 implicó el ejercicio de una forma novedosa de muerte por causas políticas, la práctica clandestina, y, además, reveló una decisión de exterminio. Luego, desarrolla cómo el conocimiento de la situación represiva que se vivía en la dictadura era heterogéneo entre los grupos de denunciantes.

El segundo capítulo, “Investigar el pasado. La Conadep y la elaboración del Nunca Más”, Crenzel analiza el discurso oficial de las juntas militares sobre las desapariciones, y demuestra el proceso de quiebre de ese discurso dominante. Luego se centra en el análisis de la decisión de Alfonsín de implementar esa comisión, los objetivos con los que fue ideada y los posteriores debates sobre cómo debía estar conformada. También profundiza en la lectura que hizo el gobierno de Alfonsín de la violencia política de los años 70, sintetizada en la llamada “Teoría de los dos demonios”. Por último, revisa en este capítulo la importancia de la voz de los testigos en el esclarecimiento del accionar que condujo a las desapariciones.

En el tercer capítulo, “El informe Nunca Más”, Crenzel se concentra en demostrar cómo éste derivó en un conocimiento social sobre la amplitud de las desapariciones, y tuvo un peso relevante sobre la elaboración de una verdad pública sobre lo ocurrido en esos años. También detalla cómo se conformó un conjunto de pruebas para juzgar a los responsables de la represión.

En el último capítulo, “Usos y resignificaciones del Nunca Más”, el autor examina las distintas recepciones del informe en diversos sectores de la sociedad argentina y presenta los usos políticos que fue tomando el informe: como bandera de los organismos de Derechos Humanos y para representar los acontecimientos “límites” vividos durante la dictadura, así como su apropiación en la educación y la visión de los perpetradores sobre el informe.

-¿Por qué surgió la necesidad de crear la Conadep para recopilar las pruebas de la represión ilegal? ¿Había desconfianza en que la Justicia pudiera hacerlo?

–La Conadep fue creada en función de negociaciones entre el Poder Ejecutivo y sus metas de materia de justicia con los organismos de Derechos Humanos. Alfonsín inicialmente había pensado en crear una comisión parlamentaria, luego decidió crear una comisión que tuviera representación parlamentaria pero que involucrase personalidades de la sociedad civil, incluyendo también algunos miembros de los organismos de Derechos Humanos. La decisión de la intervención judicial fue posterior a la creación de la Conadep y estuvo orientada a la tramitación inicial de la causa 13, es decir, del juzgamiento de las juntas militares por parte del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, tribunal militar que los organismos de Derechos Humanos rechazaron por entender que no iba a promover el enjuiciamiento de las Juntas por los crímenes perpetrados, sino que iba a considerar legítima la represión ilegal. Entonces. la Conadep fue creada con el objetivo de reunir pruebas y elevarlas a la justicia, sin definirse entonces -porque no estaba todavía materializado en el plano legal- la reforma del Código de Justicia Militar que otorgó al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas esa primera instancia de revisión.

-¿Cuáles fueron las diversas presiones que enfrentaron los miembros de la Conadep? ¿Algunas de esas presiones surgieron del mismo Gobierno que la había creado?

-La Conadep no recibió presiones del Poder Ejecutivo durante su investigación. Es decir, Alfonsín no buscó imponer ninguna orientación a la comisión. Pero al interior de la comisión sí se verificaron discusiones en relación a dónde debían enviarse las pruebas reunidas, si a la justicia militar una vez que ésta se creó, como primera instancia de revisión, o a la justicia civil. Se impuso por votación, en la cual intervino Ernesto Sabato, que cada testimoniante decidiera -firmando su declaración- a qué instancia elevar su testimonio. En el caso de que no expresase ningún deseo en particular, esa causa iba a ser elevada a la justicia civil. La mayoría de los testimoniantes declinaron enviar sus testimonios al tribunal militar, al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, pero algunos sí lo hicieron, buscando de todas maneras que su caso fuese tratado, que se hiciera justicia para con sus víctimas.

-¿Qué otros aspectos fueron motivos de discusión al interior de la Comisión?

–La otra cuestión que movilizó una discusión al interior de la Conadep fue el tema de la difusión de un anexo cuando el Nunca Más fuese publicado, que tuviese el nombre de las personas nombradas por los testigos como vistas en los centros clandestinos de detención. Esto finalmente no prosperó. Alfonsin no quería incluir esos nombres porque sabía que eso iba a suscitar una fuerte resistencia de la oposición y malestar entre los militares, y entonces los delegados del gobierno en la comisión, especialmente Eduardo Rabossi, presionaron para que no fuese incluida esa nómina, y finalmente quedó excluida. Fue entregada al presidente pero no formó parte del informe público. De todas maneras trascendió y fue publicada por un semanario político, El periodista de Buenos Aires, que incluyó los nombres de los represores mencionados por los testigos a lo largo del informe Nunca Más.

-¿Este informe fue la base fundamental de las pruebas del Juicio a las Juntas o la Cámara Federal sumó muchas más pruebas?

–El Juicio a las Juntas se basó fundamentalmente en las pruebas recabadas por la Conadep y a ellas la fiscalía encabezada por el doctor Julio Strassera agregó algunos testimonios recopilados por la Subsecretaría de Derechos Humanos, organismo que sucedió a la Conadep. La comisión terminó su labor el 20 de septiembre de 1984, cuando Ernesto Sabato entregó a Alfonsín el informe en la Casa Rosada, en un acto público acompañado por una gran movilización popular. Pero luego de disuelta la Conadep se creó la Subsecretaría de Derechos Humanos y éste organismo sigue recibiendo testimonios. Algunos de ellos forman parte del conjunto de pruebas que la fiscalía utilizó en la acusación a las juntas militares en aquel juicio histórico.

-¿Cuáles fueron, sintéticamente, las diversas reinterpretaciones del informe a lo largo de estos años?

–A lo largo de los 40 años de existencia de este informe, el Nunca Más fue objeto de disputas, de discusiones, de debates y de reutilizaciones o resignificaciones de su sentido. Las más importantes estuvieron signadas por la disputa en el plano de la justicia, de la verdad y la memoria. Estas dividieron en un primer momento al gobierno de Alfonsín y al movimiento de Derechos Humanos. Para el gobierno de Alfonsín el Nunca Más estaba cumplido con la publicación del informe y el Juicio de las Juntas, mientras que para los movimientos de Derechos Humanos se exigía que la justicia se extendiera al resto de los responsables de graves y masivas violaciones a los Derechos Humanos. Esta disputa, que se dió en torno al papel que el Nunca Más desempeñaba en el plano judicial, se modificó a mediados de los años 90, cuando la memoria empezó a ocupar un lugar central en las disputas entre los organismos de Derechos Humanos y el estado.

-¿Qué pasó en esos años?

-En el año 96 se produce, entre 95 y 96, la publicación del Nunca Más en fascículos, promovida por el diario Página/12, la cual contuvo collages del artista plástico León Ferrari. Este artista era famoso por su perspectiva acerca de que el cristianismo había sido una de las motivaciones y orientaciones que promovió grandes masacres a través de la historia de la humanidad. Esta interpretación era contrapuesta a la del Nunca Más, ya que el informe especificaba que todos los actos cometidos en las masivas violaciones a los Derechos Humanos habían sido anticristianos. Contra el pretendido cristianismo que enarbolaban los represores como justificación de la represión, sus prácticas habían contrariado los principios éticos de todas las religiones. Bueno, León Ferrari incluye en collage en la versión fascículos mostrando lo contrario, proponiendo que en realidad estas violaciones, ocurridas en la Argentina, se inscriben en una larga zaga cometida en nombre del cristianismo y de la moral cristiana. Esta fue una importante resignificación del Nunca Más, que alcanzó una tirada masiva, tuvo dos ediciones, y ha sido muy difundida. También para finales de los años 90, el represor Miguel Etchecolatz publicó un libro, La otra campana del Nunca Más, en el que desmentía la investigación de la Conadep y trataba de utilizar las claves narrativas e interpretativas del informe para enfrentarse con el relato que -entendía- había sido asumido por la sociedad como el relato canónico, el relato aceptado, el relato de sentido común. En ese libro Etchecolatz retoma todas las caracteristicas del pensamieneto negacionista, relativizador o justificador de los crímenes que podemos encontrar entre los negadores, relativizadores o justificadores del genocidio nazi. Esta intervención de Etchecolatz se produce en un momento en que la memoria había alcanzado un estatus significativo en la sociedad argentina y busca estar destinada a contraponer el relato del histórico informe al relato de justificación de la represión.

-¿Qué otra reinterpretación tuvo el libro en estos años?

-Otra de las intervenciones de resignificación del Nunca Más, importante porque fue producida desde el Estado, tuvo lugar en el trigésimo aniversario del golpe, cuando la Secretaría de Derechos Humanos, ya bajo la administración de Néstor Kirchner, incluyó un nuevo prólogo al informe. No suprimió el informe original -como sostuvieron algunos miembros de la Conadep– sino que añadió un prólogo nuevo en el cual criticaba el original de la Conadep. Esta critica, a mi juicio injusta, proponía que el prólogo de la comisión era una especie de justificacion del terrorismo de Estado, al considerar que éste había sido consecuencia de una violencia previa a la cual habia tenido que enfrentar. La crítica del gobierno de Kirchner, de la Secretaría de Derechos Humanos, proponía que eso establecía una simetría justificatoria entre violencias contrapuestas, y que no debía ser ésa la interpretación del pasado. También, a diferencia del prólogo original, el de 2006 no contraponía la democracia con la dictadura, como lo hacía el de la Conadep, sino que contraponía las políticas de Derechos Humanos del gobierno de Néstor Kirchner con las implementadas por los diversos gobiernos constitucionales, desde 1984 hasta 2006. Por último, también proponía un “nunca más” que abarcase no solamente a los crímenes de estado sino que también incluyese la injusticia social.

-¿También repitió algunas omisiones del prólogo original?

-Pese a que las modificaciones propuestas causaron un gran revuelo y una gran disputa con ex miembros de la Conadep y con sectores del radicalismo, partido que había impulsado la creación de la comisión, el nuevo informe también prolongó algunas de las premisas de ese prólogo inicial, por ejemplo al no presentar la identidad política de los desaparecidos y al proponer un perfil social diluido en relación al perfil social de la víctimas. También sostuvo que las víctimas habían sido hombres y mujeres de todas las edades y todas la clases sociales, cuando en realidad el Nunca Más original propuso que buena parte de los desaparecidos habían formado parte de la clase trabajadora.

Cuarenta años después, este informe revela una vigencia notable. Es de consulta obligada en los juicios por crímenes de lesa humanidad, para la búsqueda de restos de desaparecidos, de los menores apropiados por las fuerzas represivas y para decidir los ascensos en las Fuerzas Armadas. También juega un papel clave en la transmisión de la memoria. Hasta 2022, lleva vendidos 631.330 ejemplares y se reedita periódicamente; testimonios incluidos en sus páginas guían a los visitantes en los sitios de memoria, integran los manuales de historia en la escuela media y su título es una consigna que encabeza muchos de los actos por los Derechos Humanos. En el plano político, la interpretación de su prólogo sobre el pasado de violencia ocupa un lugar central en los debates sobre los años setenta y su título se erige como consigna para enfrentar los discursos que niegan, relativizan o justifican los crímenes de lesa humanidad. Pero además su valoración ha trascendido las fronteras nacionales. El Nunca Más se convirtió en un antecedente insoslayable para las decenas de “comisiones de la verdad” creadas a escala global, en contextos de transición de la dictadura a la democracia y de la guerra a la paz, para exponer en sus informes las violaciones masivas de los Derechos Humanos negadas o relativizadas por sus perpetradores.

Mientras realizaba el doctorado en la Universidad de Buenos Aires, comprendí la importancia del Nunca Más para examinar la memoria que se forjó en la Argentina sobre las desapariciones y los desaparecidos y sus cambios y continuidades desde 1983. Por eso, investigué su historia. El trabajo se inscribió en un contexto en el cual el pasado reciente y la memoria cobraron legitimidad académica como objetos de estudio y renovada presencia pública tras la reanudación de los juicios por violaciones a los Derechos Humanos, la activación del recuerdo de la militancia de los años setenta y la multiplicación de políticas públicas, como la creación de sitios y fechas alusivas, para transmitir la memoria.

Desde la primera edición de este libro, en 2008, el Nunca Más fue objeto de nuevas disputas. En primer lugar, en el ámbito jurídico. En el marco de la reanudación de los juicios penales por crímenes de lesa humanidad como resultado de la lucha del movimiento de Derechos Humanos, se ampliaron las investigaciones a crímenes perpetrados en democracia como la Masacre de Capilla del Rosario o durante el Operativo Independencia, sucedidos en 1974 y 1975 y, en paralelo, se examinaron las responsabilidades en las desapariciones de gerentes y empresarios, como en la “causa Ford”. De este modo, estos juicios desestimaron la periodización del informe de la Conadep que restringía a la dictadura y a las Fuerzas Armadas la responsabilidad en las desapariciones y otros crímenes de lesa humanidad.

En segundo lugar, estos enfrentamientos estuvieron vinculados a las políticas de la memoria desplegadas por sucesivas conducciones del Estado. Como se analiza en este libro, en 2006, bajo el gobierno de Néstor Kirchner, con motivo del trigésimo aniversario del golpe, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación incluyó un nuevo prólogo que confrontó con la interpretación del período de violencia propuesta por el prólogo original del informe de la Conadep. En 2012, esa edición fue reeditada y exintegrantes de la Conadep volvieron a rechazar el prólogo añadido y, a la vez, denunciaron la supresión de la firma de Ernesto Sabato, presidente de la Comisión, al pie del prólogo original. Sustracción y adición, entendían, reflejaban la política de “apropiación de la memoria” por parte de los gobiernos kirchneristas. Pese a que la Editorial Universitaria de Buenos Aires (Eudeba) recordó que el prólogo nunca llevó firma, se inició una campaña para que próximas ediciones incluyesen la del escritor. En 2016, al asumir la presidencia Mauricio Macri, el informe volvió a editarse sin el prólogo añadido en 2006 y mantuvo, como en la versión original, ese primer prólogo sin firma.

♦ Emilio Crenzel es sociólogo y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires.

♦ Es investigador del Conicet y profesor en la carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.