Hechos que se investigan en la justiciaDenuncian por nepotismo y corrupción al actual intendente de Zárate, Osvaldo Cáffaro,
13 junio, 2020
El portal de noticias El Disenso (www.eldisenso.com) difundió una impactante nota de investigación, en la que pone en blanco sobre negro una sumatoria de irregularidades y hechos de nepotismo, que golpean de lleno al actual intendente de la ciudad de Zárate, Osvaldo Cáffaro.
La nota firmada por los periodistas Mariana Escalada y Agustín Ronconi, brinda precisiones y detalles, incluso de una denuncia que fue tramitada en la justicia y por la cual el jefe comunal fue procesado y embargado por el desvío de fondos de obra pública enviados por el gobierno nacional. En esa causa, Cáffaro es defendido por el abogado
Horacio Henricot, quien junto a su socio Hugo Tomei lleva la defensa de los diez rugbiers zarateños acusados de asesinar a Fernando Baez en la costa atlántica, durante el pasado verano. Como se recuerda, cuando ocurrió el asesinato del joven por parte de los rugbiers, el tema “golpeó” de forma colateral al gobierno de Zárate, ya que por ello presentó la renuncia la secretaria de obras públicas designada por Cáffaro, la arquitecta Rosalía Zárate, quien es la madre de uno de los acusados de asesinato, Máximo Pablo Thomsen.
LOS DETALLES DE LA CAUSA
En el año 2013, el Ministerio de Planificación acordó la realización de obras de seguridad eléctrica para beneficiar a aquellos vecinos de los barrios 6 de Agosto y Agua y Energía, cuyas casas quedan debajo de las líneas de alta tensión. De acuerdo al convenio rubricado con la Municipalidad de Zárate, el Estado Nacional giraría los fondos para las obras que fueron presupuestadas en $50.820.00. Los pagos se realizarían en cuatro cuotas, contra entrega de los certificados de obra.
Pero un peritaje realizado por la Universidad Tecnológica Nacional detectó que el certificado presentado por la empresa C&E Construcciones para el cobro de los primeros $ 10.164.000 era falso. La documentación que llevaba la firma de Castillo (C&E) y los funcionarios zarateños Caccaviello e Ingrassia confirmaba un avance de obra del 20% por la instalación de inexistentes columnas de tendido eléctrico.
A pesar del certificado falso, Cáffaro recibió de Nación el cheque por $ 10.164.000, que fueron girados a la constructora mediante cinco cheques a la orden. El peritaje bancario confirmó que dos cheques por dos millones fueron depositados en la cuenta bancaria de C&E y los otros tres cheques por $ 2.000.000 cada uno fueron cobrados por la empresa INC SA (Carrefour) tras recibirlos de la intermediaria Yoen SA.
En 2015 la Procelac denunció que Carrefour financiaba cuevas de dinero. A partir de una presentación del Banco Central, se inició una investigación preliminar que derivó en una denuncia por asociación ilícita, intermediación financiera no autorizada y lavado. Tanto Inc SA como Yoen SA formaban parte de este esquema de lavado, en el que terminaron los tres cheques enviados a Cáffaro por Nación para las obras que mejorarían la calidad de vida de los zarateños.
“El 23 de julio de 2014 el intendente Cáffaro y el secretario de Obras y Servicios Públicos, Giménez, presentaron una nota ante el Ministerio de Planificación Federal solicitando el envío del segundo desembolso comprometido, por $ 15.246.000, a la cual adjuntaron el certificado de avance de obra justificando el primer desembolso de dinero con contenido falso“. De acuerdo a la Cámara, “los acusados tenían pleno conocimiento de la falsedad del documento ya que no era posible certificar ningún avance relacionado con la obra de seguridad eléctrica debido a que las obras que se estaban ejecutando no guardaban relación con los compromisos suscriptos“.
La Sala I de la Cámara Federal de San Martín confirmó los procesamientos dictados por el Juez Charvay, sin prisión preventiva, de Cáffaro, Pablo Giménez (entonces Secretario de Gobierno y concejal en uso de licencia, hoy Secretario de Servicios Públicos zarateño), Salvador Ingrassia (ex director de Obras e Infraestructura) y Osvaldo Caccaviello (ex subsecretario de Servicios Públicos de Zárate y actual director general de calles y red vial de Pilar) como responsables de administración fraudulenta, con Gustavo Castillo y Santiago Rottari (C&E) como los contratistas beneficiados en la operación.
Con la firma de los camaristas Marcelo Fernández, Marcos Morán y Juan Pablo Salas, la resolución también dispuso embargos de tres a cinco millones de pesos para cada uno de los acusados.
Para fortuna del intendente de Zárate y del resto de los involucrados, una semana antes del inicio del juicio oral, el doctor Marcelo Gonzalo Díaz Cabra, Juez de Cámara del TOF 5 de San Martín, presentó su renuncia efectiva a partir del 1° de marzo de 2020, lo que provocó que el tribunal quedase acéfalo y que la causa vuelva al cajón.
OTROS HECHOS SORPRENDENTES
La nota de referencia difundida por el portal “El Disenso” pone también la lupa en lo que considera claros hechos de nepotismo, que se fueron incrementando con el paso del tiempo, al cabo de trece años ininterrumpidos de gestión del intendente Cáffaro en la municipalidad de Zárate.
Como prueba de ello, la investigación periodística destaca que la secretaria del jefe comunal, Marta Lilian Burroni, apoderada de la Agrupación Municipal Nuevo Zárate, tiene a su hija Florencia Robiano nombrada como titular del Juzgado Faltas N° 2 de Zárate. A su vez, el hermano de Burroni, Nicolás, se desempeñó hasta 2018 como Jefe de Semaforización y Señalización Vial; su sobrina, Ana Laura Allemann, es concejal caffarista en el Concejo Deliberante de Zárate, y el marido de su sobrina, Matías Francos, pasó de ser el Director General de Movilidad Urbana a Asesor Parlamentario en la Cámara de Diputados Bonaerense, donde Cáffaro propulsó a su esposa, Patricia Noemí Moyano como diputada, tras acompañarlo en la gestión zarateña como Consejera Escolar, Secretaria de Desarrollo Humano y Promoción Social y luego como miembro del HCD.
“A esto hay que sumarle los entramados societarios de las empresas registradas amigos y familiares que luego cobran de la Municipalidad, junto con figuras del deporte, periodistas, familiares, ex y actuales funcionarios y emprendimientos allegados”, señala la nota de www.eldisenso.com.
LA TRANSPARENCIA, ¿AUSENTE?
En 2017 los gastos del intendente Osvaldo Cáffaro sufrieron un fuerte llamado de atención de parte del Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires, y tras el fallo del organismo, el jefe comunal se vio obligado a abonar una multa por $ 40.000.
“Las DDJJ de la familia Cáffaro no están disponibles en ningún sitio público. Lo mismo ocurre con el Boletín Oficial de Zárate, que tampoco se publica como ordena la Ley, blindando así los flujos de caja de un municipio que maneja un presupuesto anual de 3.850 millones de pesos”, señala El Disenso.
La nota agrega que el intendente figura en los registros de ARBA como deudor categoría tres, al tiempo que resalta que el jefe comunal también acumula un número importante de multas de tránsito impagas en las rutas de la provincia.
PAUTA PUBLICITARIA A LOS AMIGOS
La nota de El Disenso brinda además precisiones sobre el discrecional manejo del dinero destinado a la pauta publicitaria institucional. En este aspecto, se resalta que durante el año 2019 la productora El Talar de Roberto Navarro percibió $ 1.345.000; pero además se destinó desde las exhaustas arcas municipales durante ese año publicidad para el diario Página 12 por $ 649.993,76; a la Central de Noticias Argentinas (Revista La Tecla) por $ 690.000; a la productora Pol-P Producciones por $ 610.000; como también a Adalid Comunicaciones (diario Diagonales) y a Editorial Amfin SA (Ambito Financiero) entre otros numerosos medios periodísticos de orden local, provincial y nacional.
En el cierre de la investigación firmada por los periodistas Mariana Escalada y Agustín Ronconi, se señala que el intendente Osvaldo Cáffaro “también le asignó $ 159.913,56 a la empresa Tecmaco Integral SA, dinero de los zarateños que probablemente desconozcan que el presidente de la firma es el socio del intendente, y que tras un cambio de manos en Mercoservicios Delta al inicio de su gestión, hoy ambas empresas fijan domicilio en el mismo lugar que otras ocho firmas registradas por su socio, la esposa y la suegra”.