Cerca de medio centenar de recursos de amparos fueron presentados en la Justicia, en contra del inconstitucional Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente Javier Milei. El gobierno nacional aguarda el inicio de la segunda semana de enero, para realizar presentaciones de apelación contra las decisiones judiciales que le implicaron el pasado jueves, rotundas derrotas políticas en Tribunales. Lo hará el Procurador de la Nación Rodolfo Barra.

La decisión del juez del fuero contencioso administrativo federal Enrique Lavié Pico de desarmar el proceso colectivo provocó que vuelva a acelerarse la presentación de recursos judiciales contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 cuya característica saliente es la desregulación de la actividad económica.

La mayor cantidad de presentaciones recayeron en el fuero contencioso administrativo federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde hasta el viernes había más de 40 recursos, según pudo constatar Télam a través del sistema informático del Poder Judicial de la Nación.

LA FATPREN Y HASTA LAS AGENCIAS DE TURISMO

Entre las presentaciones detectadas estaba la de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren) y la de la Federación Argentina de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt), mientras que la de la Federación de Municipios (FAM), que había sido presentada el dos de enero, recién el viernes registró sus primeros movimientos.

La multiplicación de las presentaciones judiciales es uno de los efectos de la decisión del juez Lavié Pico en el expediente iniciado por una presentación de la Asociación Civil Observatorio por el Derecho a la Ciudad, donde dispuso desarmar el proceso colectivo hacía donde el Gobierno nacional pretendía hacer confluir todas las presentaciones contra el DNU.

El juez Lavié Pico resolvió «declarar la inadmisibilidad formal de la acción como proceso colectivo y comunicarlo al Registro de Procesos Colectivos, a fin de su desvinculación inmediata y remitir -a las jurisdicciones correspondientes- las actuaciones que hubieran sido vinculadas al presente proceso».

En ese mismo fallo el magistrado había argumentado que «no puede dejar de advertirse que dentro de la generalidad de las personas que la Asociación actora dice representar, podrían existir personas que no se hayan visto alcanzadas por la normativa atacada, o que el nivel de afectación resulte diferente en cada situación».

«Ello es así, toda vez que la normativa cuestionada modifica leyes que regulan materias muy disímiles entre sí», sostuvo el magistrado, que luego enumeró: Farmacias, Hidrocarburos, Turismo, Energía Eléctrica, Código Civil y Comercial, Registro Automotor, Trabajo, Salud, Comercio Exterior, Reforma del Estado, Código Aeronáutico, entre otras.

BARRA Y CUNEO LIBARONA, LAS ESPADAS DE MILEI

Por el gobierno, quienes trabajan en la estrategia judicial son el procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, con sus respectivos equipos de colaboradores, según señalaron fuentes del oficialismo.

Al principio de la semana, el Gobierno se había apurado a avisar a través de diversas vocerías que apelaría el fallo de la justicia del trabajo que frenó el capítulo laboral del DNU, pero hacia el viernes el ánimo cambió.

«Está todo a análisis y a estudio. Es importante tener una estrategia integral para llevar adelante el objetivo. Las opciones ya están todos sobre la mesa. Es cuestión de elegir la mejor», dijo una fuente que también adelantó que la palabra final será la de la Corte Suprema de Justicia.