Tras el escándalo por la irregular designación del diputado José Luis Espert como presidente de una de las comisiones centrales de la Cámara de Diputados, se confirmó que el tratamiento y análisis de la denominada «ley ómnibus» se iniciará el próximo martes 9 de enero, en un plenario de comisiones. La polémica entre el bloque oficialista, sus posibles aliados y la oposición, promete recalentarse.

El proyecto de ley de ley ómnibus presentado por el gobierno nacional bajo el pomposo nombre de «Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos», comenzará a ser debatido el martes 9 de enero por un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados. Se analizará inicialmente en formato de reuniones informativas el martes y miércoles de la semana entrante.

Las comisiones de Legislación General (cabecera); Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales, se reunirán el martes de 14 a 20 y el miércoles de 9 a 20, según se informó oficialmente.

Reformas impositivas, suspensión de la aplicación de la fórmula para actualizar los haberes previsionales y habilitación a imponer sanciones a la protesta son, entre otras, propuestas en el texto del Ejecutivo, que motivan importantes rechazos en distintos sectores de la oposición.

A las reuniones asistirán funcionarios nacionales, aunque en la citación también se aclaró que los mismos pueden conectarse por vía remota.

En las notas por las cuales fueron convocados los diputados se les solicitó que hagan llegar las preguntas que consideren necesarias antes del lunes a las 20 horas.

Por tratarse de reuniones ‘informativas’ no se contempla la posibilidad de que en las mismas se pueda avanzar con la firma de dictámenes.

El proyecto pide declarar la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025, lo que también es un punto que genera importantes rechazos. Lo mismo ocurre con reformas impositivas, suspensión de la aplicación de la fórmula para actualizar los haberes previsionales y habilitación a imponer sanciones a la protesta.