El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, promulgó en las últimas horas una ley que criminaliza a los migrantes que entren de manera irregular en ese estado y permite su detención, en una iniciativa que desafía al presidente demócrata Joe Biden y que fue criticada por el mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador.

La normativa, que entrará en vigencia en marzo, «crea un delito penal por entrar ilegalmente a Texas desde un país extranjero» y prevé hasta 20 años de prisión por reincidencia, afirmó el gobernador durante el acto de firma realizado en la noche del lunes.

«Firmé tres nuevas leyes para proteger mejor a los texanos y a los estadounidenses de las políticas de fronteras abiertas de Biden», manifestó Abbot a través de su perfil en la red social X (antes Twitter).

«La entrada ilegal a Texas es ahora un delito sujeto a expulsión o prisión», indicó y añadió que su gabinete «también financiará la construcción de un nuevo muro y aumentará las sanciones por tráfico de personas».

Las autoridades locales tendrán la potestad de detener a los migrantes que carezcan de la documentación necesaria para entrar y los jueces, la de expulsarlos.

La normativa establece además «una pena mínima obligatoria de prisión de 10 años por tráfico de migrantes«, añadió Abbott.

La semana pasada México la calificó de «medidas de corte político».

En Estados Unidos «la aplicación de las leyes migratorias, el control de la frontera y la negociación de acuerdos internacionales son facultades exclusivas del gobierno federal», recalcó entonces la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana.

«Malo de malolandia»

López Obrador redobló sus críticas al calificar al gobernador texano como «señor de malas entrañas» y «un malo de malolandia».

“Se está haciendo ya un trámite en Relaciones Exteriores para impugnar esta ley y además, nosotros vamos a estar siempre en contra de estas medidas. Decirles a nuestros paisanos y a los migrantes que vamos a estarlos defendiendo”, afirmó el mandatario en su conferencia de prensa diaria, según reprodujo el medio local El Universal.

Es muy probable que la ley abra una larga batalla legal con el gobierno federal de Estados Unidos, que generalmente establece y aplica las leyes de inmigración, así como con organizaciones defensoras de los derechos humanos y civiles, consignó la agencia de noticias AFP.

La crisis migratoria provoca fuertes tensiones entre los republicanos y los demócratas, sumidos actualmente en arduas negociaciones en el Congreso, donde los conservadores supeditaron la aprobación de un paquete de ayuda a Ucrania a un endurecimiento de la política para frenar la migración.

El expresidente republicano Donald Trump, posible rival de Biden en los comicios presidenciales de noviembre, declaró este fin de semana que los migrantes «envenenan la sangre» de Estados Unidos.

Tanto Abbott como Trump son partidarios de levantar un muro a lo largo de la frontera con México y de expulsar masivamente a los migrantes, muchos de ellos latinoamericanos que huyen de la violencia y la pobreza.

Los demócratas también llevan a cabo repatriaciones aceleradas para los migrantes que eluden las «vías legales» que introdujeron para entrar a Estados Unidos.

Estas «vías legales» los obliga a pedir cita a través de una aplicación de teléfono celular o a hacer los trámites en los países por los que pasan, por ejemplo, amparándose a permisos humanitarios y de reunificación familiar.

Pese a estas medidas, sólo en octubre las autoridades estadounidenses interceptaron 240.988 veces a migrantes en situación irregular en la frontera con México, según datos oficiales. Fueron más de dos millones en lo que va de año.