Desde Bruselas

La Unión Europea (UE) quiere avanzar en su asociación estratégica con América Latina, particularmente en el marco de la guerra en Ucrania y ante el acercamiento de China a la región, y prepara un memorándum de entendimiento en temas energéticos que se podría firmar en julio en la cumbre junto a la Celac, mientras espera una respuesta del Mercosur para terminar de cerrar un acuerdo de libre comercio que comenzó a negociarse hace más de 20 años.

Durante la visita que realizó a Buenos Aires hace dos semanas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, firmó junto a Alberto Fernández un memorándum de entendimiento sobre materias primas, que contempla una asociación con el país vinculada a estos insumos clave para la transición hacia energías más limpias, como el litio o el hidrógeno verde.

«Creemos que es hora de llevar esta asociación al siguiente nivel. Pusimos sobre la mesa una nueva agenda para fortalecer las relaciones entre Europa y América Latina y el Caribe», señaló Von der Leyen en Argentina, en el marco de una gira por la región que la llevó antes a Brasil y luego a Chile y México, y donde anunció que la Comisión Europea invertirá 10.000 millones de euros en Latinoamérica dentro del plan Global Gateway para el desarrollo de infraestructura global, financiando la transición climática y digital.

La visita se dio poco después de que la UE presentara una nueva agenda para reforzar su relación con la región, para que sea más «modernizada y más sólida, mediante un diálogo político reforzado, el estímulo del comercio y la inversión» y casi un mes antes de la cumbre que celebrará el 17 y 18 de julio en Bruselas con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

En ese encuentro, el primero UE-Celac desde 2015, los europeos buscarán la firma de otro memorándum de entendimiento sobre temas energéticos, según dijeron hoy fuentes del bloque a Télam.

La guerra en Ucrania, que hizo que los europeos redujeran la importación de petróleo y gas ruso ante la decisión de Moscú de invadir el país vecino, así como los nuevos lineamientos ambientales, que apuntan a la transición energética, llevaron a que la UE buscara un socio en América Latina, donde se ubica además el llamado Triángulo del litio, conformado por Argentina, Bolivia y Chile, y que cuenta con casi el 65% de las reservas mundiales.

El litio es clave en el objetivo de varios países de alejarse de los combustibles fósiles ante la crisis climática, con el uso de automóviles eléctricos, cuyas baterías son fabricadas a partir de este metal.

Pero Bruselas no sólo quiere tener acceso a la materia prima, sino apoyar el desarrollo de las cadenas de valor e impulsar en ese sentido la participación de empresas europeas. El objetivo es, a la vez, depender menos de China como proveedor de baterías de litio, que podrían producirse en Argentina, por ejemplo,

Y, por otra parte, la UE ve «con preocupación» el acercamiento de Beijing a América Latina, tanto en lo comercial, que permitió que el gigante asiático se convirtiera en el segundo socio de la región, como en relación con el modelo de producción adoptado por empresas chinas, según apuntaron fuentes del bloque.

En ese contexto, también quiere finalizar antes de fin de año el acuerdo de libre comercio alcanzado en principio en 2019 con el Mercosur después de dos décadas de negociaciones.

En marzo, la UE presentó un instrumento adicional al bloque regional conformado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, en el que incorporó una serie de exigencias medioambientales suplementarias que podrían perjudicar la exportación de determinados productos de la región, por lo que se encontró con la resistencia de algunos países.

En concreto, Fernández pidió un acuerdo «equilibrado», que tenga en cuenta las asimetrías, aunque expresó que hay «voluntad política» de firmar, mientras que para el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, las nuevas condiciones son «inaceptables» y representan una «amenaza».

«Vamos a hacer una respuesta y vamos a enviarla, pero tenemos que empezar a discutir. No es posible que tengamos una asociación estratégica y haya una carta adicional que suponga una amenaza para un socio estratégico».Lula Da Silva

En las últimas semanas, Lula fustigó duramente esta «side letter» que presentó la UE, tanto durante su viaje a Italia y Francia, como durante la visita de Von der Leyen a Brasil.

«Vamos a hacer una respuesta y vamos a enviarla, pero tenemos que empezar a discutir. No es posible que tengamos una asociación estratégica y haya una carta adicional que suponga una amenaza para un socio estratégico», dijo Lula en París.

Esperas por la postura de Brasil

La UE considera ahora que «hay que esperar a Brasil», señalaron las fuentes europeas, que admitieron de todos modos que la llegada de Lula al poder permitió relanzar las relaciones bilaterales después del enfriamiento durante el gobierno de Jair Bolsonaro, especialmente cuestionado justamente por su política ambiental.

Por eso, destacaron que «quedó claro» que hubo un giro con Lula y apuntaron en ese sentido a la decisión del líder del Partido de los Trabajadores (PT) de nombrar a Marina Silva el frente del Ministerio de Ambiente y de crear un Ministerio de Pueblos Indígenas.

El Mercosur celebrará el 3 y 4 de julio una cumbre en Puerto Iguazú, en la que Argentina traspasará la presidencia pro témpore a Brasil y en la que se espera que el bloque debata una respuesta conjunta. Según adelantó Fernández, el país presentará a sus socios tres puntos «no para trabar, sino para avanzar» en el acuerdo.

A esta negociación se suma además un elemento adicional, que es el Pacto Verde europeo, acordado por la UE en 2019 y que entrará en vigor a fines del próximo año, y que establece una serie de medidas que apuntan a reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero en al menos un 55 % de acá a 2030 en comparación con los niveles de 1990.

Se espera que estas nuevas regulaciones afecten a su vez las exportaciones de los países de la región, ya que establecen, entre otras cosas, que la UE dejará de comprar productos que provengan de zonas de deforestación, además de plantear una reducción del 50% en el uso de pesticidas, fertilizantes y productos veterinarios para el año 2030, una exigencia que se presume será trasladada a los proveedores externos, entre ellos los latinoamericanos.