Una crisis hídrica sin precedentes por ausencia de lluvias y la falta de planificación e inversiones del gobierno de centroderecha del presidente Lacalle Pou tiene en vilo a los uruguayos, que pueden quedarse sin agua potable en la primera semana de julio, en una situación que disparó el consumo del agua embotellada y también su precio, y afectó la industria alimenticia y de elaboración de refrescos.

La represa de Paso Severino, de donde se extrae el agua dulce para potabilizar y proveer de su consumo a 60% de la población uruguaya (Montevideo y área metropolitana), llegó hoy a su mínimo histórico y sus reservas llegan a 3,5 millones de metros cúbicos.

La empresa estatal de aguas (OSE) está utilizando unos 150.000 metros cúbicos por día y, como no es suficiente, la mezcla con agua salada del Río de la Plata. Luego la distribuye a la población.

El director de OSE, Edgardo Ortuño, confirmó a Télam la fecha límite de entrega de agua potable a la población: 20 días.

Los niveles de reserva de agua dulce “están en su mínimo histórico” en la Represa de Paso Severino y sigue descendiendo, por lo que “se prevé su agotamiento en 20 días aproximadamente”, afirmó Ortuño.

La falta de reservas en Paso Severino supuso la necesidad de completar el suministro bombeando agua del Río de la Plata con alta salinidad, lo que provocó el aumento de cloruros y sodio en el agua suministrada por OSE a la población, sobrepasando los máximos permitidos por la norma que define el agua potable por lo que, según Ortuño, “el gobierno asumió públicamente que brinda agua bebible pero no potable, por primera vez en la historia del Uruguay”.

En la canilla, el agua sabe salada. Y no es solo por el paladar de los uruguayos. Los estudios del Ministerio de Salud Pública y de la Intendencia de Montevideo confirman los aumentos considerables de sodio y cloruro en el agua, muy por encima de los valores permitidos.

Una última resolución de las autoridades sanitarias habilitó a agregarle al agua el máximo de trihalometanos posibles. El incremento de este último parámetro es para poder utilizar más cloro para mantener el agua apta, desinfectada y libre de microorganismos.

Ignacio Lorenzo, jerarca de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, aseguró que el sodio y cloruro que hoy se agrega al agua elimina su condición de potable. “Esto compromete a determinados sectores de la población con riesgo de salud”, afirmó Lorenzo a Télam.

La comuna capitalina instaló un monitoreo en la red de agua de la OSE para informar cada 48 horas sobre su estado. La información se publica en Internet para dar acceso a toda la población.

El consumo de agua embotellada casi se ha triplicado debido a la recomendación médica de no consumir agua del servicio público a hipertensos, enfermos renales, menores de seis meses, entre otros, y por el rechazo que genera el agua salada en parte de la población (según sondeos de opinión solo 30% no está comprando agua).

Según un informe de Scanntech Uruguay, las familias uruguayas le asignan 30% más de presupuesto a la compra de agua embotellada. La venta -en relación al año anterior- aumentó 224%, de acuerdo al reporte.

Un relevamiento del Sistema de Información de Precios al Consumidor, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, en más de 500 establecimientos comerciales detectó un aumento del precio interanual de 10,4%.

Evaristo González, uno de los principales empresarios de grandes superficies comerciales del país, planteó la eliminación de impuestos al agua embotellada para reducir su precio al público.

“El Estado tiene que garantizar el agua potable a toda la población y por la situación de crisis hídrica el agua en Montevideo es casi intomable”, dijo González a Télam.

Señaló que en el caso de sus cadenas de supermercados, la venta de bidones de agua se multiplicó por seis, lo que en los hogares más humildes implicó un incremento del gasto de 150 dólares al mes (promedio de dos bidones por día).

“Los impuestos que se le aplican al agua (30% en el precio final) son los mismos que se le aplican a los artículos de lujo”, comentó González.

El empresario afirmó que no hay producto más básico e imprescindible que el agua. “Mínimamente solicito el retiro de los impuestos hasta que se termine esta crisis hídrica”, sostuvo González.

Por su parte, Fernando Pache, presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay, mostró su preocupación por la situación, ya que según una consulta efectuada entre 515 empresas, el 60% no tiene un plan B con el suministro de agua para sus industrias.

“Esta situación se pone cada día peor y las empresas cada vez están más nerviosas buscando alternativas para el suministro, vía camiones cisternas”, dijo Pache a esta agencia.

El aumento de la salinidad, agregó Pache, “sí es un problema para muchos procesos industriales, que algunas empresas han podido solucionar con plantas de ósmosis inversa (eliminan la salinidad del agua) pero no todas pueden recurrir a ellas”.

Han sido afectadas empresas de refrescos, industrias alimenticias y lácteas, porque todas usan agua.

El opositor Frente Amplio había advertido en febrero sobre el agravamiento de la situación de déficit hídrico y la necesidad de adoptar medidas de emergencia en el marco de un acuerdo nacional por el agua. No fue escuchado por el Gobierno, que declaró que la situación estaba controlada, según Ortuño.

El Frente Amplio asegura que dejó pronta en 2019 la financiación de una segunda represa (Proyecto Casupá) para abastecer de agua potable al área metropolitana con un costo de 100 millones de dólares.

El nuevo gobierno descartó ese proyecto y se planteó una iniciativa privada para extraer agua del Río de la Plata por 258 millones (proyecto Neptuno), que recién comenzaría a construirse el año próximo. Esta semana dos consorcios presentaron ofertas a OSE en el marco de la licitación del proyecto Neptuno.

Jugado al Dios del mar y los océanos, el gobierno espera que llueva en los próximos días para evitar una debacle con el agua potable.