Se implementará de «un servicio multisoporte, telefónico y digital gratuito y accesible, en forma articulada con las provincias, a través de organismos gubernamentales pertinentes, destinado a dar contención, información y asesoramiento sobre recursos en materia de prevención de la violencia contra las mujeres».

La Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados emitió dictamen de un proyecto de consenso que reúne dos iniciativas para modificar la Ley 26.485 sobre Protección Integral a las Mujeres con el fin de incorporar la figura de la «violencia digital»

.

La iniciativa ya tenía el aval de la Comisión de Mujeres, Género y Diversidad, y con el dictamen de la comisión de Comunicaciones quedó en condiciones de ser tratado en el recinto.

El texto de consenso al que arribaron los legisladores, denominado «Ley Olimpia Argentina»

en reconocimiento a la activista mexicana Olimpia Coral Melo

, propone reformar la ley de Género y contempla un proyecto de la diputada del oficialismo Mónica Macha y una iniciativa similar de Danya Tavela, de Evolución Radical.

La iniciativa fue presentada en julio pasado en un encuentro que contó con la presencia de la exministra de Mujeres y Diversidad Elizabeth Gómez Alcorta, el espacio de víctimas «Ley Olimpia Argentina» y la organización Género y TIC.

Esas organizaciones de la sociedad civil, reunidas en una «campaña contra la violencia digital», vienen llevando adelante un trabajo de recolección de firmas en reclamo de la sanción de esta normativa, que lleva reunidas más de 34.000 adhesiones (http://Change.org/ContraLaViolenciaDigital).

El encuentro fue encabezado por la vicepresidenta de la comisión, la radical Karina Banfi, ya que por cuestiones de salud el presidente de Comunicaciones, Pablo Carro (Frente de Todos), no pudo asistir.

En la oportunidad, se produjo un cruce entre diputados del oficialismo y la oposición a partir de un planteo de Florencia Lampreabe (FdT) que propuso enmarcar la cuestión con la violencia política contra las mujeres en redes y su vinculación con el intento de magnicidio a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner

y dijo que «este no es un hecho aislado y tuvo que ver con lo que ocurre en las plataformas».

«Tenemos que tomar el compromiso de ver cómo defendemos nuestra democracia para que se pueda a través de las redes autoreguladas por empresas privadas condicionar o que queden por fuera de las normativas vigentes y pueda ser un factor que pueda poner en riesgo a la democracia porque termina en el paso a la violencia de un tipo gatillándole en la cabeza a la vicepresidenta», dijo Lampreabe.

Esas afirmaciones fueron rechazadas por la diputada del PRO Sabrina Ajmechet, quien consideró «lamentable que busquen ensuciar con el trabajo que han puesto quiénes idearon el proyecto con la visión de la diputada preopinante de una mirada ideologizada, donde no hay una verdad absoluta».

Del mismo modo, se expresó Paula Omodeo (Creo-Tucumán) quien dijo que «en vez de poner el problema en el centro y generar consensos, lo que acabamos de hacer es ideologizar una comisión. Ponemos cuestiones políticas en medio en vez de solucionar los problemas de los argentinos».

La diputada del Frente de Todos Maria Rosa Martínez defendió la postura de Lampreabe y sostuvo que «incorporar en el tema de violencia digital la perspectiva de la violencia política me parece imprescindible, es una acción que lo que hace es corroborar la dimensión a la que estamos sometidas todas las que participamos de ella».

Luego de estos planteos, el texto de consenso se firmó y quedó en condiciones de ser debatido en el recinto en la próxima sesión.

Violencia contra las mujeres

El proyecto de violencia digital plantea que se entiende por violencia contra las mujeres «toda conducta, acción u omisión, que, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, en el plano analógico o virtual, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal».

Asimismo, plantea la obligación de promover programas de alfabetización digital, buenas prácticas en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y de identificación de las violencias digitales en las clases de educación sexual integral como en el resto de los contenidos educativo y en la formación docente.

La Ley Olimpia es originalmente una ley mexicana impulsada por la activista Olimpia Coral Melo, que aborda los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales y sanciona la difusión sin consentimiento de cualquier contenido íntimo.

FUENTE:TELAM