El fiscal federal Carlos Rivolo pidió este lunes enviar a juicio oral y público a los detenidos Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo en la causa por el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández, pese a que los abogados de la querella opinaron que «elevar la causa a juicio por tramos es una práctica incorrecta y daña el descubrimiento de la verdad».

Rivolo consideró completa la investigación en relación a los tres detenidos, pero requirió que la causa siga con medidas de prueba destinadas a «comprobar la existencia de otros posibles partícipes y/o autores intelectuales», según el escrito de 197 carillas al que accedió Télam.

Aunque del escrito surge que no se encontraron conexiones con otros eventuales responsables, Rivolo resaltó que la investigación permitió vislumbrar «una extrema violencia política que se ha manifestado en sus diálogos (de los imputados) en relación a la víctima y otros referentes de la vida política argentina, y en los hechos, inequívocamente, hacia Cristina E. Fernández de Kirchner».

La fiscalía pidió a la jueza María Eugenia Capuchetti que dé por cerrada la parte de la investigación vinculada al autor material del disparo, Sabag Montiel, a su compañera -ambos como coautores- y a Carrizo, empleador de ambos en el emprendimiento de venta de copos de azúcar, aunque este último como «partícipe secundario».

La jueza deberá dar vista a las defensas de los tres detenidos y luego resolver si da por cerrada la investigación en relación a ellos y la envía a sorteo de tribunal oral: en esa instancia igual podría disponerse una investigación complementaria.

La querella ya manifestó su oposición a que la causa sea elevada a la instancia de juicio oral de manera parcial y reclamó que antes concluyan medidas de prueba sobre diferentes pistas, entre ellas la que involucra al diputado nacional de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman.

Los abogados de la vicepresidenta, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal, aclararon que, «subsidiariamente, para el caso de que se considere concluida la investigación respecto de Carrizo, Sabag Montiel y Uliarte a pesar de la oposición de esta parte, haremos ejercicio de nuestro derecho a acusar, con el fin de mantenerlo para la instancia oral».

La fiscalía entendió que la conducta de los tres acusados fue «premeditada», o sea que idearon «un plan para llevar a cabo el asesinato de la vicepresidenta de la Nación»; pero advirtió que no se hallaron elementos como para afirmar que detrás de los autores materiales existieron distintos autores intelectuales.

El fiscal sostuvo que el plan criminal se habría comenzado a pergeñar en abril de 2022 cuando Sabag Montiel consiguió la pistola que había sido de un vecino ya fallecido. De las conversaciones de whatsapp que lograron reconstruirse surge que los atacantes pensaron hasta en alquilar un departamento desde donde apostar a un francotirador, pero optaron por otra mecánica.

«De la lectura de la conversación que antecede y del audio enviado por Uliarte surge de forma incontrastable que los imputados tenían intenciones de atentar contra la vicepresidenta en un contexto de reunión con gente afín a ella», señaló el fiscal tras repasar conversaciones.

Rivolo recordó que el 27 de agosto Sabag Montiel estaba en la manifestación que esa noche hubo en la puerta de la casa de la vicepresidenta «y le iba relatando en tiempo real los movimientos» de la exmandataria a Uliarte a la espera de dar con «el momento ideal para poder llevar a cabo el hecho».

De allí surge además que «ambos planeaban cómo llevarlo adelante (el ataque) sin ser descubiertos, evaluando qué es lo que iba a suceder una vez que él disparara el arma», reseñó el fiscal.

Rivolo remarcó que «corresponde indicar que, más allá de la indudable conmoción política que generó el intento de asesinato de una vicepresidenta de la Nación, hecho de enorme gravedad institucional, de todos los teléfonos secuestrados y analizados no surgió vínculo alguno de los nombrados con ninguna agrupación o persona que a esta altura permitiera siquiera sospechar sobre la posibilidad de que se les hubiese brindado asistencia para el suceso».

Destacó que «tampoco se han hallado elementos relevantes en los entrecruzamientos telefónicos, ni en la geolocalización de los dispositivos» ni en los «movimientos financieros» que apunten a la colaboración de terceros con dinero para el atentado.

«La actividad desplegada por los nombrados para llevar a cabo el ataque no requirió -por sus características- de financiamiento económico ni de recursos extraordinarios», advirtió.

Dijo que «el día del hecho se trasladaron en transporte público y se aproximaron al lugar como lo habían hecho días anteriores -de a pie- a lo que se sumó la obtención del arma de fuego perteneciente» al vecino fallecido de Sabag Montiel.

«Con la pistola oculta entre sus ropas, el nombrado se ubicaría entre los seguidores de su víctima, disimulado como uno más, con el objeto de lograr acercarse a ella y ejecutar su designio criminal», reconstruyó.

Rivolo dio por cerrada la investigación en relación a los tres detenidos pero advirtió que teniendo en cuenta que restan medidas por hipótesis acerca de otros posibles partícipes y/o autores intelectuales del atentado «es que consideramos que corresponde que V.S. ordene la extracción de testimonios para continuar avanzando en la investigación de aquellos supuestos».

A Sabag Montiel le imputó «haber intentado matar, de manera premeditada, a Cristina Elisabet Fernández de Kirchner (,,,), contando para ello con la planificación y acuerdo previo de Brenda Elizabeth Uliarte y Gabriel Nicolás Carrizo».

Sabag Montiel, «aprovechando el estado de indefensión en virtud de la multitud existente apuntó hacia el rostro» de la expresidenta «a corta distancia, una pistola semiautomática de acción simple», detalló. El hombre «llevó a cabo su plan delictivo hasta el final, al accionar el gatillo con el arma cargada, perfectamente apta para producir disparos y con ello la muerte de la víctima», remarcó.

Fue un «contexto» de «aglomeración de personas, que se expresaban con cánticos partidarios, gritos de ovación, manifestaciones de apoyo, celulares alzados sobre las personas, etc., que Sabag Montiel, Brenda Uliarte pergeñaron y utilizaron para lograr su cometido: acercarse a la víctima -a traición y sobre seguro- como dos militantes más, ocultarse en el grupo y llegar Sabag Montiel hasta escasos centímetros de su persona con un arma, gatillar a una distancia mínima que no diera margen posible de defensa y asegurara el resultado buscado», sostuvo.

El procesado por el ataque del 1° de septiembre pasado a metros de la vivienda de la víctima en el barrio de Recoleta «actuó de un modo que no hubiera hecho si otra hubiese sido la situación», sostuvo Rivolo, y remarcó: «Es el estado de indefensión de una persona lo que motiva o decide a cometer el delito».

Resaltó que «el operativo de la custodia vicepresidencial, tal como fue llevado a cabo y más allá de cuanto resulta objeto de las investigaciones penal (en la causa conexa) y administrativa, no logró disuadir, advertir ni evitar la actividad criminal desplegada por Sabag Montiel contra la vicepresidenta de la Nación».

El resultado «querido no se produjo, pese a que, aun habiendo gatillado el arma, las balas que estaban en el cargador no se alojaron en la recámara».

Rivolo pidió el sobreseimiento parcial de Sabag Montiel y Uliarte por acopio de armas y sobreseer a Agustina Díaz, que estuvo detenida al inicio de la pesquisa.

Reclamó que se juzgue a Sabag Montiel como autor de por «homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por el empleo de un arma de fuego, en grado de tentativa». Por los mismos delitos, como coautora, pidió juicio para Uliarte y por la misma calificación como partícipe secundario para Carrizo.