La Ciudad de Buenos Aires se encuentra en emergencia ambiental y climática. La temperatura máxima en la Ciudad viene aumentando significativamente desde 1960. Sin embargo, en lugar de adoptar las medidas necesarias para su mitigación, el modelo urbano que hace décadas se consolida ha potenciado el fenómeno de calentamiento a partir de la ocupación del entorno ribereño, la sobreconstrucción especulativa y la privatización sistemáticas de las superficies verdes públicas.

El emprendimiento inmobiliario en el predio de Costa Salguero no sólo es la pérdida definitiva de una parte de la costanera, que tendría que ser un bien común del conjunto de la ciudadanía para su disfrute irrestricto, sino que también es el inicio de la densificación poblacional y constructiva de todo el eje costanero.

En este contexto, el principio de progresividad establece la prohibición de que las conquistas de una mayor protección del ambiente puedan desandarse. Este principio se funda en el actual contexto de emergencia ecológica y, también, en el respeto al esfuerzo de la ciudadanía organizada para que no deban estar permanentemente defendiendo las conquistas ambientales frente al gobierno de turno. En esta historia, por lo menos, hace treinta años que la ciudadanía porteña viene tratando de recuperar la costanera y ha logrado que dicha lucha sea incorporada en instrumentos legales, constitucionales y de planificación. Este proyecto inmobiliario en Costa Salguero es la síntesis de un absurdo ambiental, urbano y social. Los consensos globales, en el marco de la crisis climática, definen la importancia estratégica de recuperar los bordes costeros. Para mitigar eventuales ascensos del nivel de las aguas, recuperar sus humedales para preservar la biodiversidad y atenuar el impacto de las inundaciones y generar bio corredores que permitan el acceso de los vientos desde las costas para aminorar el efecto denominado isla de calor urbana. Por otro lado, la Ciudad de Buenos Aires enfrenta dos amenazas de origen natural: las inundaciones y las olas de calor. La apropiación del entorno ribereño para el desarrollo de mega emprendimientos inmobiliarios pone en evidencia el negacionismo de la crisis climática por parte del poder político. Negacionismo que incluso llega a plasmarse en una de las leyes más relevantes para el planeamiento de la Ciudad, cómo lo es el Código Urbanístico. Esta ley plantea que el borde costero no debe considerarse zona de riesgo hídrico.

A la histórica desigualdad existente entre el norte y el sur de la ciudad, con la línea imaginaria asentada sobre la Avenida San Juan, deben sumarse los procesos que están consolidando nuevas fracturas urbanas, entre el este y el oeste de la ciudad. Hacia el este la «Ciudad Ribereña» destinada a la población con mayores recursos económicos, que podrá disfrutar de extensas superficies de espacios verdes, amplia conectividad y mirada al río. En cambio, hacia el oeste, la «Ciudad Mediterránea» caracterizada por el colapso de los servicios públicos domiciliarios, la falta de equipamiento urbano, el transporte público saturado y la crisis ambiental derivada de la contaminación y la falta de espacios verdes. Estamos hablando de la creación discrecional de una nueva desigualdad urbana entre el este y el oeste de la Ciudad, con la línea imaginaria ubicada sobre las Av. Libertador y Paseo Colón.

El debate por el destino de la Costanera en la Ciudad de Buenos Aires confronta dos modelos de ciudad antagónicos. Por una parte, gran parte de la ciudadanía defiende lo público como un bien común y otorga máxima prioridad a los espacios verdes para proteger la salud de la población, atender la crisis climática y perseguir la igualdad urbana. Por otra parte, los negocios del capital financiero – inmobiliario consolidan un modelo urbano de apropiación y concentración de las tierras públicas, cuyas consecuencias son la fragmentación social y espacial y la precarización de todas las dimensiones de la vida urbana.

María Eva Koutsovitis es ingeniera hidráulica, coordinadora de la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria, y Jonatan Baldiviezo, abogado, presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad.

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