La importancia de la toma de conciencia sobre los derechos de las personas con discapacidad para acceder a la comunicación, las falencias en las formas de transmitir la información desde los medios audiovisuales, además de ponderar el articulo 66 de la Ley de Medios y la necesidad de aprobar la Ley de Lenguas, fueron algunos de los ejes compartidos por especialistas en la materia de Argentina y Colombia en un debate que se desarrolló este jueves en la exEsma, en el marco del cierre del III Foro Mundial de DDHH.

«Estamos hoy en esta charla porque la Ley de Medios (Ley de servicios de comunicación audiovisual, 26.522) fue participativa, con la sociedad civil, y eso permitió la inclusión de distintos sectores como las de personas con discapacidad», apuntó Néstor Piccone, integrante del colectivo por el derecho humano a la comunicación, desde el auditorio Casa por la identidad (Abuelas) en la exEsma.

En el marco del debate sobre «Derechos Humanos y discapacidad. Defensa de la autonomía de las personas con discapacidad», Piccone estuvo acompañado por la directora de Radio y Televisión Argentina (RTA), Cynthia Ottaviano; la fundadora del Consejo Consultivo de Discapacidad (CCD), Mónica Bianchi y el titular del Instituto Nacional de Colombia para personas sordas, Meléndres Geovani.

Ottaviano y Piccone reconstruyeron los esfuerzos realizados en la construcción de la llamada Ley de Medios, la cual catalogaron como «única en el país» porque «hay muchos artículos que fueron escritos por las mismas personas que traían la demanda».

«Fue el caso de las personas con discapacidad y otros sectores, y Mónica Bianchi fue una de las líderes en el tema de discapacidad porque trabajó en la redacción del artículo 66 de la Ley, que es el que exige la accesibilidad en los medios de comunicación», subrayó sobre la creación de la Ley de Medios, y de ese artículo en particular, que impulsó la obligación de los medios para incluir, por ejemplo, la lengua de señas o los subtitulados, que muchas veces se incumple.

Piccone agregó que «la toma de conciencia va a llevar mucho tiempo», y el modo para acelerar esa concientización sobre los derechos y necesidades de las personas con discapacidad es «hacer cosas».

«Cuando un gobierno se desentiende de la existencia de las personas con discapacidad, los medios tampoco van a respetar esto, y hay mecanismos como la Defensoría del Público para denunciar su incumplimiento y exigir su fiscalización», explicó el especialista, quien señaló que, según el censo del 2010, hay más de 5 millones de personas con discapacidad en la Argentina, dato que no se actualizó con el nuevo censo.

Por su parte, Mónica Bianchi, remarcó que, «aunque se incumple, el artículo 66 de la Ley de Medios, fue realizado con consulta previa a la sociedad civil, se les preguntó a las personas con discapacidad qué necesitaban y se reconoció el derecho para acceder a la comunicación y a la información; porque obliga al subtitulado, a la audio-descripción y a la lengua de señas en la televisión».

Sin embargo, Bianchi advirtió que la comunicación digital de las páginas web, como diarios o bancos, «no tienen páginas accesibles».

«Si el banco no hace webs accesibles, ¿cómo entran las personas con discapacidad visual?, si los diarios avisan que está cortada tal avenida, ¿cómo hacen para enterarse quienes tienen discapacidad visual?, ¿cómo nos enteramos en la pandemia cuáles eran las nuevas medidas del aislamiento si no subtitulaban o no había lengua de señas?», enumeró a modo de ejemplo una de las impulsoras de la creación del artículo 66 de la Ley de Medios.

Tras afirmar que la comunicación es un derecho humano y que la discapacidad se encuentra dentro de esa órbita, resaltó la necesidad de «realizar ajustes para que podamos ejercer nuestros derechos, en igualdad de condiciones con el resto de los ciudadanos, donde un zócalo para remarcar una frase en la televisión, no tape al traductor de señas».

Otro disertante que compartió su experiencia fue Geovani Meléndres, director del Instituto nacional para personas sordas en Colombia, el primer titular sordo en la historia de los 67 años que lleva esa entidad.

Junto a su intérprete, Evelyn, Meléndres, compartió con el auditorio y con Télam que su ingreso en la institución «generó un impacto en diversidad e inclusión».

«Queremos cerrar esas brechas que nos diferencian, mirar las comunidades vulnerables, que se vean representadas en el Estado y que sean llamadas a participar», dijo.

Algunas de las funciones del Instituto mencionadas por Meléndres fueron la de asesorar, como parte del Ministerio de Educación Nacional colombiano, a entidades privadas y públicas donde también tienen una línea que trabaja temas educativos para que «los niños puedan tener procesos de formación, desde su lengua, en reconocimiento de la historia de la comunidad sorda colombiana para crear sujetos activos».

Respecto al camino transitado para comprender la educación inclusiva, el funcionario señaló que «no es un espacio donde están todos físicamente y se integran, eso es una mala interpretación del concepto».

«Educación inclusiva sería reconocer al niño o niña desde sus derechos, experiencias, historia de vida, qué necesita como sujeto individual y hacer todos los ajustes. Y ahí hablamos de educación inclusiva», dijo.

La experiencia colombiana

En Colombia, según compartió el especialista, se habla de la educación bilingüe intercultural «que nos permite que los y las niñas se sientan en interacción en una institución y puedan tener educación tanto de la lengua de señas como la del español».

Tras resaltar la importancia que representó para Colombia la sanción, en 1996, de la ley de lengua de señas, «que permitió avanzar en derechos y normativas», el funcionario alentó a la Argentina a impulsar su aprobación.

«Queremos impulsar la aprobación de la ley de lengua de señas en Argentina, que a los colombianos nos ha permitido avanzar en otras políticas, ver a las personas sordas de otro modo e incluso reconocer la diversidad entre las personas sordas, las bilingües, usuarias de la lengua de señas, las personas oralistas, o semi bilingües, que no tienen ni la lengua de señas ni el español», explicó.

Luego, el especialista describió el cambio realizado en la oferta educativa local en favor de los derechos de personas con discapacidad.

«El decreto 1421, del 2017, habla de una oferta educativa inclusiva para las personas con discapacidad, con cuatro ofertas: la general, para acceder a colegios más cercanos y si la persona es sorda pero usuaria del español, puede acceder. La hospitalaria domiciliaria, para aquellos niños que por enfermedades o condición física no pueden trasladarse a la escuela. Una tercera, para adultos, porque hay muchas personas de edades tardías que nunca accedieron a la educación y, la última, la educación bilingüe», graficó.

En la educación bilingüe, explicó, se inician desde el nivel primario, en un colegio público, organizados por grupos. Los niños sordos se encuentran separados de los que son oyentes, para hacer uso de lengua de señas, quienes están acompañados de dos docentes, articulados y profesionales preparados.

«A eso lo llamamos aulas paralelas, para que fortalezcan su primera lengua, que es la de señas y después entran en un proceso de integración, en Bachillerato, donde se garantiza el servicio de interpretación», explicó Mélendres sobre los avances realizados en su país en pos del derecho a la comunicación y educación de personas con discapacidad.