El Gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) acordaron iniciar la crucial negociación de un cese del fuego con la incorporación de algunos puntos que nunca habían sido implementados en la anterior gestión del presidente Juan Manuel Santos, según anunciaron las partes al clausurar este viernes en México la segunda ronda de un diálogo de paz.

«Esto implica acciones y dinámicas humanitarias para bajar la intensidad del conflicto, facilitar la participación de la población en este proceso de paz y generar garantías para que esto sea posible en las zonas de mayor crisis humanitaria», consigna el documento al que tuvo acceso Télam.

Este principio de acuerdo se trata de una hoja de ruta para continuar las negociaciones en las que la sociedad tendrá una participación “vinculante” y que buscará un cese del fuego paulatino, nacional y sujeto a evaluación, explicaron.

El cese del fuego será bilateral, nacional, temporal, pero con vocación de continuidad y sujeto a evaluación conjunta.

Prevé también acciones humanitarias para bajar la intensidad del conflicto, generar garantías en zonas de mayor crisis y un mecanismo de monitoreo.

Este principio de acuerdo fue firmado por la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez; el jefe negociador del gobierno colombiano, José Otty Patiño y el comandante Pablo Beltrán, jefe negociador del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en una ceremonia de la que también participó en representación del país anfitrión el canciller de México, Marcelo Ebrard.

«La participación, como lo reza en la nueva agenda, será el corazón de la negociación; se hará un diagnóstico de los problemas de la democracia para formular transformaciones básicas para la paz y los cambios que se requieren», expuso la delegada del ELN, Silvana Guerrero.

Entre los distintos puntos que marca la agenda se destaca el quinto, que expresa la necesidad de garantizar la «situación jurídica» de los miembros de la guerrilla -tanto los procesados como los condenados-, así como «la seguridad y el ejercicio político del ELN».

Además, establece que las partes se comprometen a «erradicar toda forma de paramilitarismo para que no se repita» y destacan, entre otros, el cese del fuego, las hostilidades y la necesidad de «dinámicas y acciones humanitarias».

«En el marco de las nuevas circunstancias generadas por este proceso, se construirá un acuerdo sobre las armas del ELN a fin de superar la violencia y neutralizar el armamentismo y el belicismo», continúa el comunicado, difundido también por medios locales y las agencias de noticias Europa Press y AFP.

Con el objetivo de que el acuerdo se materialice correctamente, habrá mecanismos de control, seguimiento, verificación y ajuste que contarán con la participación de la sociedad, la comunidad internacional, el Gobierno del presidente Gustavo Petro y el ELN.

El punto más novedoso es el segundo, que propone «examinar, desde una perspectiva democrática, el modelo económico, el régimen político y las doctrinas que impiden la unidad y la reconciliación nacional».

Esto supone un cambio con respecto a la posición que el Ejecutivo de Santos mantuvo con las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en las negociaciones en La Habana, cuando se negó a negociar el modelo estatal y económico.

La agenda contempla además un punto entero sobre el papel de las víctimas, por lo que se propone «la asunción de responsabilidades que emane de la verdad de todas y todos» y «la reparación integral colectiva o individual».

El diálogo con el ELN, la guerrilla activa más antigua de Colombia se reanudó en noviembre del año pasado con el renovado impulso que dio la llegada al poder de Petro, el primer presidente colombiano de izquierda y quien en su juventud fue guerrillero del extinto M-19.

Desde entonces, las partes retomaron la mesa de negociación que inició en 2017 con el gobierno de Santos, pero fue suspendida por más de tres años, ya durante el gobierno del conservador Iván Duque, luego de que el ELN atacó con explosivos una escuela de policía en 2019 matando a 22 personas.

Como gesto de voluntad de diálogo, el gobierno de Petro levantó las órdenes de captura que pesaban sobre los negociadores de la guerrilla, mientras que el ELN liberó a más de 20 secuestrados, el último este mismo miércoles, dos días antes de cerrar el ciclo de conversaciones en México.

Desde la reactivación del diálogo -primero en Venezuela y luego en México- las partes coincidieron en la importancia de que la sociedad civil participe en el proceso, aunque no han definido cómo lo harán.

También en dar “alivios humanitarios” en las zonas donde la población padece la violencia.

Aureliano Carbonell, miembro de la delegación del grupo insurgente, dijo esta semana a la agencia de noticias estadounidense The Associated Press que podrían crearse corredores humanitarios que garanticen el abastecimiento de la población, la atención en salud y su movilidad en condiciones seguras, en un proceso que tenga el acompañamiento de la comunidad internacional.

A diferencia del proceso de paz que se firmó en noviembre de 2016 entre el Estado colombiano y las FARC, el ELN plantea que lo que vaya acordando la mesa se ponga en práctica de inmediato, en vez de esperar a un documento que ponga fin al conflicto.

El ELN, fundado en 1964, casi en simultaneo con las FARC, bajo la inspiración de la revolución cubana, también afirmó que está dispuesto a someterse al escrutinio de una comisión internacional que determine si está o no involucrado con el narcotráfico, según Carbonell.

Las seis décadas de conflicto interno en Colombia dejaron casi medio millón de asesinatos, más de 120.000 desaparecidos y 7,7 millones de desplazados, según el informe de la Comisión de la Verdad publicado el año pasado.

Petro -quien asumió en 7 de agosto de 2022- se ha propuesto con su política de “paz total” disminuir la violencia que persiste en el país mediante diálogos con múltiples grupos armados, incluido el ELN, y narcotraficantes, a los que sometería a la justicia.

Los delegados del gobierno colombiano y el ELN mantenían diálogos en México desde el pasado 13 de febrero.