Los jueces federales Sebastián Ramos (Ciudad de Buenos Aires) y Alejo Ramos Padilla (La Plata) brindaron este jueves testimonio en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, en la primera de las audiencias testimoniales por el proceso contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia impulsado por el presidente Alberto Fernández y gobernadores, en el que fue citado el fiscal federal Carlos Stornelli.

En el quinto encuentro de la Comisión de Juicio Político por el proceso que se le sigue a los magistrados del máximo tribunal, Horacio Rosatti (Presidente), Carlos Rosekrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, los diputados de Juntos por el Cambio (JxC) presentaron un documento denunciando la «ilegalidad» de la comisión, mientras la mayoría de los legisladores opositores abandonaron el recinto; aunque algunos volvieron media hora después.

La convocatoria de ambos magistrados federales estuvo vinculada al capítulo judicial de la filtración de las supuestas conversaciones por chat a través de la red social Telegram atribuidas a Silvio Robles, colaborador del presidente de la Corte Suprema, y Marcelo D´Alessandro, ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires en uso de licencia, en las que se referían a casos que estaban bajo estudio del máximo tribunal conocidos como «Consejo de la Magistratura» y «Coparticipación».

En el inicio de la declaración de Ramos, el diputado oficialista, Rodolfo Tailhade, consultó al juez federal cómo explica en términos jurídicos el concepto de ‘filtración’ de datos.

Ramos pidió que se lo dispense de declarar sobre puntos que ya están definidos en la resolución escrita de la causa.

El magistrado, en ese sentido, reiteró en más de una oportunidad: «No me voy a mover ni una palabra de la resolución», porque «no solamente me perjudica en lo personal que yo pueda hacer alguna modificación con lo que ya está escrito en la resolución, sino que también puede perjudicar el derecho de defensa a los involucrados en la causa».

En otro pasaje de su declaración, Ramos sostuvo que «la violación a la intimidad puede ser llevada a cabo por actividad propiamente estatal o privada. Así se podría ver afectado la garantía de un particular», sea o no funcionario público según aclaró.

El magistrado señaló que «dictar el archivo» de la causa «fue una medida urgente», y aclaró que «en esa causa se pudo habilitar la feria judicial porque se solicitaba medidas como el aseguramiento urgente de una medida de prueba», como el allanamiento de un teléfono celular.

Al finalizar su declaración, Ramos negó tener algún tipo de relación y conocimiento con Robles y D’Alessandro.

Tailhade, por su parte, denunció ante la prensa que «se filtraron chats entre D’Alessandro y Ramos, quien acabó de dar testimonio y negó cualquier tipo de vínculo y trato con D’Alessandro».

«No hubo tanta sinceridad» por parte del magistrado, ya que «para mí los chats son ciertos», dijo que el diputado del FdT que cuestionó a Ramos «por haberse basado solamente en el dictamen del fiscal (Carlos) Stornelli para apurarse en archivar la causa».

Después de dos horas del inicio de la reunión, declaró el juez federal Ramos Padilla, quien manifestó que «si lo que van a discutir acá es la utilización o no de las escuchas en un proceso de juicio político, quiero recordar que lo hicieron durante tres años conmigo mientras llevaba varias causas».

Al ser consultado por el legislador López si conocía al presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, respondió: «A Alberto Fernández no lo conozco. A la Vicepresidenta la vi dos veces en diferentes ámbitos como el velatorio de Alfredo Bravo en 2003, pero ella no me registró. A Axel Kicillof no lo conozco».

Sobre la utilización de las escuchas ilegales como prueba en una causa judicial, Ramos Padilla recordó que durante la gestión anterior «se usó el espionaje ilegal a través de la Agencia de Inteligencia en operaciones que se montó para hacer persecución política en el penal de Ezeiza».

Allí, el diputado López planteó que esas intervenciones telefónicas «estaban autorizados por un juez», lo que el diputado Leopoldo Moreau (FDT) aclaró que «lo que fue ilegal fue la circulación de la transcripción de esas conversaciones».

«Conozco como se fraguaron esas escuchas y se intentaron blanquear. Por eso creo que la Corte tuvo una alta responsabilidad en como se estaba usando las escuchas en Argentina, ya que solo sacó una acordada en 2019 y no hizo una denuncia penal», apuntó.

A diferencia de su colega Ramos, el magistrado federal platense consideró que «no es urgente» el archivo de una causa ni siquiera durante la feria judicial.

«Existe de cadena de favores en Comodoro Py en donde hay mucha gente que está comprometida y un juez resuelve una causa que le conviene y luego el otro y así se van archivando las causas», argumentó el magistrado.

«Si no le ponemos un límite a esta relación entre los servicios inteligencia y el Poder Judicial, a este manejo de las escuchas, el abuso de autoridades, vamos a tener una república donde se van a perder los derechos individuales», concluyó Alejo Ramos Padilla.

Durante la jornada, la mayoría de las preguntas a Ramos fueron realizadas por los diputados del oficialismo, mientras que a Ramos Padilla las hicieron los legisladores de la Coalición Cívica que volvieron a la sala para «velar por el cumplimiento del debido proceso», según dijeron.

Al cerrar la jornada, la diputada Myriam Bregman (FIT) señaló que «son escandalosas las escuchas ilegales en Argentina» mientras que el presidente del bloque del Frente de Todos (FDT), Germán Martínez, pidió citar como testigos a los fiscales Carlos Stornelli y María Laura Roteta.

El diputado Eduardo Valdes (FDT), a su vez, fundamentó que el pedido de citación de Stornelli es porque «Ramos lo involucró al declarar que él se basó en el dictamen del fiscal» en la causa de los chats entre Robles y D’Alessandro.

Previo a las declaraciones de los testigos, el presidente del bloque de Coalición Cívica, Juan Manuel López, leyó el documento presentado en la Cámara de Diputados donde denunció que «hay hechos de extrema gravedad institucional que suceden en el juicio político a los miembros de la Corte Suprema».

En respuesta, el presidente del bloque del Frente de Todos (FDT), Germán Martínez, criticó la actitud de Juntos por el Cambio al aseverar que «la oposición está intentando buscar un atajo, una colectora para no dar el debate que estamos dando con un seguimiento muy preciso con lo que dice la Constitución y el reglamento de la Cámara y de la Comisión de Juicio Político».

También dio testimonio Sergio Rubén Romero, subdirector de Gestión Interna y Habilitación dependiente de la Secretaría General de Administración, entre otros funcionarios judiciales.