El Congreso unicameral de Perú aprobó este miércoles en comisión un dictamen destinado a delegar en el Poder Ejecutivo, por 90 días, facultades para legislar sobre economía y reforma del Estado, informó la prensa local.

De ser aprobada por el pleno del parlamento, esa iniciativa fortalecerá a la presidenta Dina Boluarte en momentos en que gran parte de la opinión pública reclama su renuncia en protestas callejeras cotidianas iniciadas hace más de dos meses.

Las comisiones de Economía y de Descentralización del Congreso aprobaron el dictamen en sesión conjunta -de la que participaron también representantes del Ministerio de Economía y Finanzas-, aunque solo en relación con 33 de los 42 puntos solicitados por el Ejecutivo.

El Gobierno de Boluarte procura de ese modo «promover la reactivación económica y modernizar la gestión del Estado», según la agencia de noticias Andina.

La iniciativa propone autorizar al Ejecutivo a legislar por decreto, ya sea con medidas nuevas o reformas a la legislación existente, sobre inversión pública, gestión económica, impuestos, tesoro público, catastro fiscal y contrataciones del Estado, entre otros temas.

En ese contexto, este viernes finalizará el período legislativo 2022-23 sin que el Congreso haya aprobado el reclamado adelantamiento de las elecciones generales previstas para 2026, después de haber desechado en las últimas semanas más de media docena de iniciativas para efectuarlas en 2023 o 2024.

Dado que la modificación de la fecha de elecciones requiere una reforma constitucional, debe ser aprobada por el Congreso con mayoría calificada de dos tercios durante dos períodos legislativos consecutivos.

Por lo tanto, si el anticipo de los comicios no fuera aprobado antes del viernes, la posibilidad de efectuarlos en el curso de este año habrá quedado descartada.

Mientras tanto, continuó decreciendo este miércoles la intensidad de las protestas en Lima -cuya Municipalidad oficializó la prohibición de manifestaciones en el centro histórico de la ciudad, a la que declaró «intangible»- y otras regiones del país, pese a que se mantenía un paro nacional.

No obstante, volvió a aumentar la cantidad de cortes de rutas -de 31 a 40, según datos oficiales- después de haber disminuido desde alrededor de 90 dos semanas atrás.

Paralelamente, organizaciones sociales del departamento sureño Arequipa llamaron hoy a marchar y «tomar las calles de la región» el lunes próximo, a fin de redoblar la protesta contra Boluarte, según el diario La República.

Perú vive una ola de protestas antigubernamentales desde el 7 de diciembre, cuando el Congreso destituyó al presidente Pedro Castillo después de que este anunciara la disolución del parlamento y la formación de un gobierno excepcional con supresión de garantías constitucionales.

En esas protestas murieron 49 personas (48 civiles y un policía) en enfrentamientos y otras 11 como consecuencia de los cortes de rutas, y al menos 1.298 personas (entre ellas, 333 policías y seis militares) resultaron heridas, según el último balance de la Defensoría del Pueblo, publicado esta tarde.

Al respecto, la directora para las Américas de la ONG Amnistía Internacional, Erika Guevara, pidió en conferencia de prensa que «se ponga fin al uso letal de la fuerza» en la represión de las manifestaciones.

Lo hizo al cabo de una reunión que ella y otros dirigentes de la entidad mantuvieron por dos horas con Boluarte en el Palacio de Gobierno.

El martes, cuatro ONGs denunciaron penalmente a Boluarte; al jefe del gabinete, Alberto Otárola; a dos exministros, y a tres jefes de la Policía Nacional del Perú (PNP) como supuestos autores mediatos de la represión que a mediados de diciembre dejó al menos seis muertos y 83 heridos en la región sureña Apurímac.

La denuncia sostuvo que en esos días hubo además «decenas de detenidos, torturados y víctimas de abuso de autoridad».

Por otra parte, la Defensoría reportó que este mediodía se mantenían 40 cortes de rutas en diversos puntos de 13 de las 195 provincias en las que se dividen los 24 departamentos regionales del país.