Marisa Graham, defensora de Niñas, Niños y Adolescentes de Argentina, explica porqué el mundo adulto es responsable de prevenir y acompañar situaciones de violencia en la niñez, brinda pautas de cómo hacerlo, para que el asesinato de Lucio Dupuy de 5 años, sea un antes y un después en el obligatorio compromiso social de acompañar y cuidar a las y los chicos.

«Hemos fracasado frente a todas las niñas y niños que están atravesando situaciones de violencia», afirma la funcionaria en una entrevista con Télam.

El niño fue asesinado en noviembre del 2021 en la ciudad pampeana de Santa Rosa, y el Tribunal de Audiencias de La Pampa condenó a la madre, Magdalena Espósito Valenti como autora material del «homicidio triplemente calificado por el ensañamiento, la alevosía y por el vínculo» , y a su pareja Abigail Páez por «homicidio calificado por ensañamiento y alevosía y por abuso sexual gravemente ultrajante».

«La justicia condena a las matadoras o matadores de niños. Ahora, somos todas y todos responsables y me parece que lamentablemente Lucio puso su cuerpo para que tengamos un espacio para poder seguir pensando estas responsabilidades», dice Gaham.

Y aclara las distintas responsabilidades:»El primer garante del respeto a los derechos humanos de toda la ciudadanía es el Estado en todos sus niveles y en sus tres poderes, es decir. Nación, provincias, municipios, y los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial».

En ese análisis, la Defensora se pregunta «¿Qué le pasa al mundo adulto que se permite -entre comillas- hacer las cosas que hace con el cuerpo de sus hijos o de sus hijas hasta el punto de poder terminar con la vida de sus propios hijos e hijas? «.

Graham recuerda que «cualquier funcionario público, cualquiera que tiene un sueldo del erario público, tiene la obligación de denunciar situaciones de violencia» hacia la niñez.

Niñas y niños son víctimas de maltratos «en mayor cantidad y gravedad en el entorno intrafamiliar» y esas chicas y chicos «además circulan por otros lugares: por la escuela, por los hospitales, las salitas de salud donde se hacen los controles médicos , entonces, allí hay en el sistema de salud público y privado, que tiene responsabilidad».

Añade que en el espacio público «también hay una responsabilidad, desde el que está cuidando la gravilla de la plaza hasta el guardia o el policía que está en la esquina de los lugares donde los niños y las niñas se entretienen o van a hacer deportes«.

A partir del asesinato de Lucio Dupuy, que generó un debate público y esta entrevista es un aporte a ese proceso, también en el Congreso se sintió el impacto con la media aprobación del proyecto de ley para crear un Plan Federal de Capacitación de carácter continuo, permanente y obligatorio en Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

Se la conoce como «Ley Lucio» y Graham aporta que «no me gusta que se la identifique con el nombre de un niño asesinado. Con el tiempo la llamaremos como corresponde. Una las cosas que puede aportar esta ley es la claridad de que todas y todos tenemos obligación de denunciar».

El anteproyecto fue incluido en el temario de las sesiones extraordinarias por el presidente Alberto Fernàndez para que sea tratado en Senadores.

En el país hay distintas líneas telefónicas gratuitas para denunciar o pedir asesoramiento ante situaciones de violencia a la niñez.
«El 911-que es la central de emergencias nacional- funciona y tiene los recursos para actuar. Se actúa ante la emergencia con el 911 mientras se busca asesoramiento y contención a través de la línea 102″, detalla la funcionaria.

Aclara que la 102 «no está trabajando las 24 horas. Entiendo que funciona en todas las provincias y es responsabilidad de cada provincia. Estamos bregando para que atiendan todo el día. Es una línea más de contención, de asesoramiento, por eso la emergencia al 911. También está la 144 y la 137, y en la Defensoría también tenemos una línea. Este es un país extenso. Por eso ante la emergencia, el 911″. insiste.

Los otros recursos que menciona Graham son la línea 144 que es de atención, asesoramiento y contención ante situaciones de violencia de género, y no recibe denuncias.

En tanto la 137 es para víctimas de violencia sexual y familiar y de grooming, brindando contención, asistencia y acompañamiento, con la posibilidad de asesoramiento legal a través de los Centros de Acceso a la Justicia.

En la página de la Defensoría https://defensoraderechosnnya.gob.ar/ están las distintas opciones para comunicarse: si es un niño o niña, si es un adulto o una organización.

Graham señala que en el Código Civil y Comercial de la Nación «está asegurado el derecho a ser oído de niñas y niños, que es un derecho constitucional», por eso las y los chicos también pueden comunicarse a esas líneas o pedir ayuda a personas adultas.

Para la Defensora, esa escucha «debe comenzar en la familia» y valora a la educación sexual integral (ESI) «como una gran herramienta».

«Si la ESI se diera en todos lados y si se trabajara como debiera trabajarse,puede generar en las nenas y en los nenes lo que llamamos un compromiso ético con el cuidado del propio cuerpo», resalta.

Porque «así como se enseña en la casa, en la escuela, en la salita, a lavarse los dientes, a lavarse las manos antes y después de comer o de ir al baño, esas cosas mínimas para cuidar tu cuerpo, se les debe enseñar cómo cuidar el cuerpo del otro, eso para mí sería maravilloso que pudiéramos darlo en la ESI».

«Se trata de enseñarle a una nena a un nene que a su cuerpo nadie puede hacerle algo que le molesta, que lo pone mal, que lo hace sufrir, que incomoda», subraya.

Otra pregunta que hace la funcionaria es: «Qué pasa que el mundo adulto no puede reconocer en las nenas y en los nenes, a otro igual a mí?».

«La Convención sobre los Derechos del Niño, reconocidos en la Constitución Nacional, dice que las niñas niños y adolescentes tienen los mismos derechos humanos que todos los adultos, más un plus de protección que se llama protección especial, porque siempre dependen de otro. Por eso. nuestra responsabilidad como personas adultas», concluye.