En concreto, se establece un tope de aumento para los establecimientos educativos de gestión privada de 16,8% en marzo, 3,35% en abril, mayo y junio; y 4% en julio. El esquema se aplicará a los colegios privados con subvención estatal, porcentaje que ronda entre el 70% y el 80% del total de escuelas privadas del país, así sean laicas o confesionales.

El criterio de aumento actuará como referencia nacional, ya que el sistema educativo es descentralizado y son las provincias las que administran los subsidios. Tanto desde el Gobierno nacional como desde el sector de las escuelas privadas confían en que las provincias van a adherir al programa. En esa línea, el próximo jueves, el Consejo Federal de Educación se reunirá para terminar de definir los detalles.

Además, de cara al nuevo ciclo lectivo que comenzará entre el próximo 27 de febrero y el 2 de marzo, el programa tendrá en cuenta los artículos de librería y útiles con lo cual, al igual que el resto de los productos, tendrán un tope de aumento del 3,2% mensual o, en su defecto, un precio congelado hasta el próximo 30 de junio.

La lista de precios de los productos escolares, al igual que la del resto de la ampliación del programa, aún no fue difundida, pero se espera que se publique en los próximos días.

Precios Justos abarcará a casi 50.000 productos de consumo masivo, indumentaria, insumos difundidos, motos, bicicletas y medicamentos, entre otras categorías.

La extensión del programa hasta junio, fruto de un acuerdo voluntario con casi 482 empresas, establece una pauta de aumento del 3,2% en lugar del 4% que regía desde noviembre al lanzarse la primera etapa del programa, tras evaluarse las metas fiscales y de acumulación de reservas.

Además del tope de aumentos, habrá cerca de 2.000 productos que tendrán un incremento del 9% al comenzar la nueva etapa para luego tener sus precios fijados y sin modificaciones hasta fines de junio.

En tanto, en esta etapa se incorporará un nuevo sistema de control a través de un software desarrollado por Arsat y Amazon, que manejará la Secretaría de Comercio y que permitirá monitorear en tiempo real si en las grandes bocas de expendio se está cumpliendo el compromiso de precios asumido por las empresas. (DIB) ACR