El titular de la CGU, Vinicius Carvalho, confirmó que por orden del presidente Lula Da Silva se analizarán 234 casos de solicitudes de información que fueron rechazados en forma dudosa por considerar que las causas involucradas afectan a la seguridad nacional.

La gestión «secreta» del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro estará bajo investigación de la Contraloría brasileña /

La Contraloría General de la Unión (CGU) de Brasil volverá analizar 234 casos de solicitudes de datos vía Ley de Acceso a la Información (LAI), a partir de la decisión del presidente Luiz Inácio Lula Da Silva de revisar las reglas de secreto de los documentos de la Administración Pública Federal.

“A partir del despacho del Presidente de la República, se determinó que revisemos y reanalicemos los casos que involucren secreto por motivos dudosos, en el sentido de banalizar el secreto y lesionar la política de transparencia pública”, reveló el ministro de la CGU Vinicius Carvalho.

Carvalho presentó este viernes una evaluación inicial de los resultados obtenidos hasta el momento, que incluyó los gastos con la tarjeta corporativa de los expresidentes de 2003 a 2022.

Según la CGU, entre 2019 y 2022 se registraron 511.994 solicitudes de acceso a la información y de ese total 64.571 fueron denegados total o parcialmente.

“Lo que me llamó la atención fue que, de ese total, solo 2.510 fueron apeladas a la CGU, lo que revela que mucha gente se da por vencida en el camino, luego de que su solicitud inicial fue denegada. El porcentaje de recursos hechos a la CGU es inferior al 5%”, dijo el ministro, según la estatal agencia Brasil.

De los 234 casos de solicitudes de información que serán analizados o revisados ​​por la dependencia, 111 presentaron como justificación que se trataba de seguridad nacional; 35 presentaron como explicación cuestiones que atañen a la seguridad del Presidente de la República o de sus familiares; 49 eran sobre información considerada personal; y 16 tenían que ver con la protección de actividades de inteligencia.

“A partir del lunes, quienes solicitaron esta información comenzarán a recibir los resultados de las decisiones de la CGU”, informó Carvalho.

Para el ministro, los números presentados “hablan más de lo cuantitativo que de lo cualitativo”, y estos últimos “hay que mirarlos con cuidado”.

“Por eso, nos interesan más los datos relativos a los argumentos presentados que los números”, dijo.

El funcionario justificó la decisión de las revisiones en que “en los últimos años se registraron algunos retrocesos importantes en relación al acceso a la información y toda la política de transparencia de un gobierno abierto”.

Con base en el material analizado, evaluó que el Ejecutivo de Jair Bolsonaro terminó “usando ciertas categorías para ampliar el secreto, con el fin de dificultar el acceso a la información” de los datos personales para situaciones en las que no encajan.

“La transparencia es un resultado lógico del principio de publicidad de nuestra Constitución, que ayuda mucho a mejorar las políticas públicas y monitorear la acción del gobierno. Por lo tanto, es algo instrumental”, evaluó.

Aunque evitó mencionar casos concretos ante las consultas de la prensa, se supo que entre los expedientes que serán revistos hay casos de personas que entran y salen de edificios públicos; el asesinato de la concejala del PSOL Marielle Franco; el gasto del expresidente Bolsonaro en motocicletas; los pagos de honorarios a artistas realizados por Caixa; y los préstamos de nómina realizados por beneficiarios del Auxílio Brasil.

Además, hay casos de registros de armas de fuego; listas de pasajeros en vuelos de la Fuerza Aérea; y compras públicas en las que participen el Ejército y las Fuerzas Armadas.

Carvalho reseñó que un funcionario que no cumpla con la Ley de Acceso a la Información es “pasible de rendir cuentas”, pero dejó en claro que la CGU será muy cuidadosa para evitar injusticias. “Lo que evaluamos es el argumento que se dio”, subrayó.

Para fortalecer el Sistema de Acceso a la Información, la CGU presentó algunas propuestas, entre ellas la creación de programas de orientación y formación; la evaluación cualitativa de las respuestas a las solicitudes utilizando la inteligencia artificial para reducir los recursos a niveles superiores; y la estandarización de procedimientos.

En su campaña proselitista, Lula había prometido que revisaría el secretismo impuesto por Bolsonaro, y el 1 de enero, apenas asumió, firmó un acta ordenando a la CGU revisar los procesos bajo secreto.

“Puede haber una situación u otra que amerite una reflexión más profunda, pero los casos seleccionados fueron para que la reevaluación se haga en el sentido de una mayor apertura; de eso no hay duda”, afirmó Carvalho.

FUENTE:TELAM