La presidenta de Perú, Dina Boluarte, pidió este martes «una tregua nacional», instó a «entablar mesas de diálogo» en busca de apaciguar la grave crisis social que sacude al país desde diciembre y negó que la policía tenga relación con las muertes que se produjeron en las protestas.

«Llamo a mi querida patria a una tregua nacional para poder entablar mesas de diálogo, para poder fijar la agenda por cada región y desarrollar nuestros pueblos; no me voy a cansar de llamarlos al diálogo, la paz y la unidad», dijo Boluarte en una conferencia con la prensa con medios extranjeros en el Palacio de Gobierno en Lima.

La mandataria reiteró varias veces su «perdón por los fallecidos» en estas protestas, al menos 46 directamente relacionados con las manifestaciones, que se reanudaron el 4 de este mes en el sur de Perú y que mantienen bloqueos en las principales rutas del país.

Además, descartó una vez más su dimisión.

«Me iré cuando hayamos convocado a las elecciones generales, no tengo intención de quedarme en el poder», dijo, y agregó que el Congreso «sin duda alguna» va a confirmar en febrero el adelanto de las elecciones, previstas para abril de 2024.

«¿Mi renuncia resolvería la crisis y la violencia? ¿Quién asumiría la presidencia de la República?», apuntó ante las preguntas de la prensa sobre su permanencia en el cargo, informó la agencia de noticias AFP.

El parlamento votó adelantar elecciones a abril de 2024, pero resta otra votación sobre el tema, que será probablemente el mes próximo.

La Comisión Constitucional resolvió este martes adelantar el inicio del nuevo periodo para el 15 de febrero y se estima que la iniciativa será respaldada enseguida.

Aún así, Boluarte hizo «un llamado al Congreso para que cuanto más antes voten la segunda fecha (para las elecciones) y podamos tener una fecha cierta de cuándo van a ser” los comicios.

Perú vive una ola de protestas desde el 7 de diciembre pasado, cuando el Congreso destituyó a Pedro Castillo, horas después de que anunciara el cierre del Legislativo y el establecimiento de un Gobierno de excepción con supresión de garantías constitucionales, tras varios intentos de los bloques opositores de removerlo de su cargo.

Durante las protestas murieron 46 personas en enfrentamientos, nueve por accidentes de tránsito y hechos vinculados a bloqueos y un policía por hechos de violencia en el contexto del conflicto, informó la Defensoría del Pueblo en su último reporte.

«Tenemos que proteger la vida y la tranquilidad de los 33 millones de peruanos; Puno (sureste) no es el Perú, los que están generando la violencia, creo que la prensa internacional debería comunicar que el gobierno no está generando la violencia», agregó Boluarte, que volvió a restar responsabilidad de la Policía en las muertes.

«Los fallecidos del 9 de enero en Puno, ahí donde estaba la policía concentrada no ocurrieron los fallecimientos sino en las inmediaciones; la mayoría es por impacto de armas artesanales llamadas dum-dum; la policía no usa esas armas letales», explicó.

Las balas dum-dum, que se fragmentan en el impacto, están prohibidas en todo el mundo.

Añadió que existen videos de disparos desde casas particulares y de manifestantes matando a otros.

La presidenta también afirmó que esas armas fueron introducidas al país desde «la frontera con Bolivia» y dijo que la Fiscalía investigará todos los hechos de violencia.

Pero sí admitió que el ingreso de las fuerzas de seguridad a la Universidad San Marcos para desalojar a estudiantes y personas que ocupan la institución, el fin de semana último, quizás no fue la «forma adecuada» para abordar la situación.

«A solicitud de las autoridades universitarias de la (Universidad) San Marcos, conforme el protocolo de la policía ingresaron a la UniversIdad de la San Marcos. Quizá la forma no fue la adecuada y por ello pido disculpas a los alumnos de la San Marcos», dijo la mandataria, que explicó que la Policía “intervino en resguardo de la propia vida de los estudiantes, sin saber quiénes habían ingresado”.