Las autoridades peruanas desplegaron este jueves un fuerte operativo de seguridad en Lima, con más de 11.000 policías, ante la llegada de miles de personas del resto del país a la capital para participar en una jornada de manifestaciones contra el Gobierno de Dina Boluarte.

Un contingente de 11.800 policías «estará de servicio para que no se produzca ningún desmán y aseguremos las actividades en la ciudad de Lima», informó Víctor Zanabria, jefe de la Región Policial Lima, según informó el medio local RPP.

«El despliegue se da en todos los puntos de Lima, e incluso el Callao, con la intención de garantizar que todos los ciudadanos realicen sus actividades económicas y culturales con total normalidad», explicó el jefe policial. «La policía está en alerta máxima», agregó.

El funcionario apuntó que estos efectivos se suman a los 14.000 que este jueves estarán cumpliendo sus funciones en comisarías y en los departamentos de investigación criminal.

«Y si se suscitara una marcha con aproximadamente 1.000 o 1.500 personas, vamos a garantizar la libertad de reunión, la libertad de expresión, el derecho a la protesta, siempre y cuando sea pacífica y no afecte a otras personas», remarcó Zanabria.

Por otro lado, anticipó que quienes atenten contra la propiedad pública o privada serán puestos a disposición del Ministerio Público.

Si alguien atenta contra la propiedad pública y privada, según «está establecido en nuestro sistema penal, serán detenidos, trasladados a la comisaría, Asuntos Sociales procederá a hacer la documentación y serán puestos a disposición del Ministerio Público», agregó.

El jefe de la Región Policial Lima señaló que las acciones de su institución hoy se enmarcarán en los estándares internacionales para el uso de la fuerza.

«Esperemos que se difunda que Perú es uno de los primeros países de América Latina que tiene regulado el uso de la fuerza», con una legislación específica, indicó.

Las declaraciones se dan después de los cuestionamientos al uso de la fuerza en la represión de las protestas en Perú, que dejó más de 44 muertos desde que estallaron en diciembre, después de que Boluarte sustituyera a Pedro Castillo.

La cifra de fallecidos subió a 44 después de que se conocieran dos nuevas muertes, en este caso vinculadas a las protestas en Macusani, región de Puno, en el sur del país, donde una turba quemó una comisaría y un local judicial.

Una mujer murió ayer de un balazo, mientras que otra persona falleció este jueves después de haber sufrido una herida de bala en esa misma manifestación, informó a la agencia de noticias AFP la Defensoría del Pueblo.

En las regiones de Puno, Huánuco y Tacna centenares de campesinos se movilizaron por las calles. En Lima, pequeñas marchas empezaron desde distintos puntos de cara a converger en un punto determinado de la capital para una marcha que debe recorrer unos 20 kilómetros por la ciudad de 10 millones de habitantes.

El servicio de ferrocarriles entre Cusco y la ciudadela inca Machu Picchu, joya del turismo de Perú, también se suspendió, informó la compañía operadora.

El secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Gerónimo López, ratificó que este jueves se lleva adelante «un paro nacional cívico-popular con manifestaciones pacíficas» para exigir la renuncia de Boluarte.

El dirigente agregó durante una conferencia de prensa que «así Boluarte renuncie al cargo, las manifestaciones continuarán si no se produce también un cambio en la mesa directiva del Congreso, que preside el conservador José Williams».

En Lima, el jefe policial dijo que, de acuerdo al número de personas que llegó a la capital desde provincias en los últimos días, estima que la marcha de este jueves no pasará de los 1.500 o 2.000 participantes, por lo que «no hay necesidad de cerrar ninguna vía».

El operativo sumará el uso de 120 camionetas, 49 vehículos militares y seis vehículos multipropósito para el desplazamiento de los agentes, describió Zanabria, que agradeció a los alcaldes de Lima Metropolitana por haber entregado a la PNP equipos antidisturbios y de protección personal, pertenecientes a sus cuerpos municipales.

En tanto, el fiscal de prevención del delito, Alfonso Barnechea, precisó que parte del trabajo conjunto con la PNP es verificar el uso de armas no letales.

«El Ministerio Público está asignando 50 fiscales que van a realizar labores de prevención del delito. Estamos desplegando acciones con la fiscal provincial de turno, no solo verificamos y coordinamos con la Policía el uso de armas no letales, sino también a los centros de monitoreo con cámaras de seguridad», zanjó.

El lunes de la semana pasada, en una de las jornadas más violentas desde que se iniciaron las movilizaciones, 18 personas murieron en el departamento de Puno.

El episodio fue condenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que llamó al Estado peruano a «tomar medidas inmediatas» para prevenir y sancionar el uso excesivo de la fuerza en el marco de las protestas.

Perú vive una ola de protestas desde el 7 de diciembre pasado, cuando Boluarte sucedió a Pedro Castillo, destituido por el Congreso horas después de que anunciara el cierre del Legislativo y el establecimiento de un Gobierno de excepción con supresión de garantías constitucionales.

En un intento por aplacar las demandas, en diciembre el parlamento adelantó los comicios de 2026 a abril de 2024, pero las manifestaciones persisten y el reclamo es por la salida inmediata de Boluarte y los miembros del Congreso.

La presidenta llamó el lunes a la calma: “Sabemos que quieren tomar Lima por todo lo que está saliendo en las redes. Y los llamo a tomar Lima, sí, pero en paz y en calma. Los espero en casa de Gobierno para dialogar sobre las agendas sociales que tienen”.