Un juez del Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema) de Brasil autorizó al próximo gobierno del presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva a financiar sus programas sociales por encima del tope de gasto establecido por la Constitución y desbloqueó de ese modo una impasse en el Congreso, se informó este lunes oficialmente.

Asimismo, la mayoría del máximo tribunal eliminó el llamado «presupuesto secreto» impulsado por el presidente Jair Bolsonaro.

El magistrado del STF Gilmar Mendes determinó «jurídicamente posible» que «el eventual desembolso adicional de recursos con el objetivo de costear en 2023 el programa Auxilio Brasil puede ser viable mediante la apertura de crédito extraordinario».

«Esos gastos no están incluidos en la base de cálculo y en los límites establecidos en el tope constitucional de gastos», según la decisión del máximo tribunal publicada hoy en su página web y que lleva fecha de ayer.

Lula, que asumirá la Presidencia el 1 de enero, prometió mantener el plan Auxilio Brasil -llamado Bolsa Familia en sus gobiernos-, una asistencia de 600 reales (114 dólares) para las familias más necesitadas, con 150 reales adicionales por niños menores de seis años.

El programa fue lanzado por Bolsonaro pero -a diferencia del Bolsa Familia- tenía un carácter transitorio durante la pandemia.

En la práctica, la decisión de Mendes ofrece una salida a Lula para cumplir con esas ayudas sociales sin recurrir a cambios en la Constitución que se vienen discutiendo en el Congreso.

El Senado dio luz verde a una enmienda constitucional (PEC) que libera 145.000 millones de reales (28.000 millones de dólares) fuera del tope de gastos en los próximos dos años para esas erogaciones.

Pero las negociaciones se trabaron en la Cámara de Diputados, donde una votación en el plenario de esa cámara está prevista para el martes, según la agencia de noticias AFP.

El acceso a los recursos para Auxilio Brasil es visto con prioridad por el gobierno entrante para atender desde los primeros días en el poder los principales desafíos sociales de la mayor economía de América Latina.

Por eso, el presidente electo había negociado con el bloque derechista Centrao, hoy con Bolsonaro, para alterar el presupuesto mediante una enmienda constitucional y así tener un colchón de recursos para pagar uno de sus programas emblema, hoy con otro nombre, tal como había prometido en campaña.

El hambre afecta a 33,1 millones de los 215 millones de brasileños, según la Red Brasileña de Investigación de Soberanía y Seguridad Alimentaria.

Los mercados reaccionaron con nerviosismo ante esos anuncios por temores de un aumento desmedido del gasto público durante el gobierno de Lula.

Este lunes además, el STF decidió, por seis votos contra cinco, considerar inconstitucional el llamado «presupuesto secreto», informó el portal de noticias G1, del grupo Globo.

«Presupuesto secreto» es como se dieron a conocer las enmiendas parlamentarias al presupuesto de la administración nacional y cuya distribución de recursos es definida por el relator de presupuesto sin criterios claros y que los partidos de oposición a Bolsonaro habían cuestionado antes de que el tribunal se expidiera en su contra.

Esas partidas eran usadas con discrecionalidad por parte de algunos parlamentarios para llevar recursos directamente a sus municipios, sin participación ni planificación del Ejecutivo, un modelo adoptado por Bolsonaro para protegerse desde 2020 de un posible juicio político.

Según la prensa local, el Congreso pedía a Lula que a cambio de apoyar su propuesta de enmienda constitucional, mantuviera el «presupuesto secreto».