Fuentes judiciales informaron a Télam de la decisión de la jueza federal, que puso en manos de la fiscalía las tareas investigativas del intento de asesinato a la Vicepresidenta.

La jueza federal María Eugenia Capuchetti delegó en el fiscal Carlos Rívolo la investigación por el intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, informaron a Télam fuentes judiciales.

Lo hizo mientras la Cámara Federal porteña analiza si aparta o mantiene a la jueza en la investigación, a partir de una recusación planteada por la querella de la vicepresidenta que le reprochó a la magistrada haber frenado distintas líneas de investigación.

A pesar de haber rechazado su recusación y de haber elaborado un informe con el que pretendió contrarrestar las críticas de la querella, esta tarde la jueza Capuchetti buscó una salida alternativa para intentar descomprimir la tensión en torno a la investigación y la delegó.

«Encontrándose la recusación ante ese tribunal (la Cámara Federal porteña), debo hallar un remedio procesal que propenda a la mejor administración de justicia y a la validez de los actos que se tomen, en lo sucesivo, con ese norte», sostuvo la jueza.

La magistrada tomó la decisión en la tarde, después de que se sustanciara la audiencia en la que los abogados de la querella de la vicepresidenta reclamaron ante la Cámara Federal porteña que Capuchetti sea apartada de la investigación y denunciaron que si les fue frustrada «la posibilidad de la prueba» pudo haber sido para ocultar algo.

«Si nos frustraron la posibilidad de la prueba es porque había gato encerrado», expresó el abogado José Manuel Ubeira en la audiencia ante el juez de la sala I del tribunal de apelaciones Leopoldo Bruglia, quien ahora deberá decidir si sostiene o aparta a la magistrada.

En la misma dirección, al salir de los tribunales federales de Comodoro Py, el letrado expresó que «si seguimos investigando llegamos a donde no quiere llegar, a las terminales del PRO» y luego refirió que existe en la causa una pista vinculada al diputado nacional de Juntos por el Cambio Gerardo Milman, además de «un discurso de odio de determinados lugares».

«Encontrándose la recusación ante ese tribunal (la Cámara Federal porteña), debo hallar un remedio procesal que propenda a la mejor administración de justicia y a la validez de los actos que se tomen, en lo sucesivo, con ese norte»María Eugenia Capuchetti

Para los abogados de la querella, la jueza Capuchetti mostró una «completa falta de iniciativa» y habría «boicoteado» líneas de investigación, por lo que no puede seguir al frente del caso, según expresaron en la audiencia, en la que primero intervino el abogado Marcos Aldazabal (que enumeró las irregularidades en el manejo de la causa) y luego Ubeira.

«La investigación es imposible así», sostuvo Aldazabal tras enumerar lo que la querella define como «irregularidades» en la instrucción del caso: aseguró que «no se investigó» ni a la Policía Federal (por las demoras en la detención de Brenda Uliarte y el reseteo del celular de Sabag Montiel), ni la pista ‘Milman´, ni la línea de Carrol».

La «pista Milman» es aquella iniciada el 23 de septiembre a partir de la declaración testimonial de un asesor del diputado nacional de La Cámpora Marcos Cleri.

El asesor aseguró ante la justicia que en la tarde del 30 de agosto, en el bar Casablanca ubicado a metros del Congreso, escuchó que Milman le decía a dos mujeres la frase «cuando la maten yo estoy camino a la costa».

La «línea Carrol», en tanto, es la referida a Hernán Carrol, el referente de la Nueva Centro Derecha a quien el detenido y procesado Fernando Sabag Montiel -hombre que intentó asesinar a la vicepresidenta- le asignó la misión de designarle un abogado para que lo defendiera en la causa.

Las diferencias entre la jueza y la querella se volvieron insalvables a partir de la decisión de la magistrada de no hacer lugar al secuestro del celular de las asesoras de Milman que declararon como testigos en la causa y negaron primero haber estado en el bar Casablanca el 30 de agosto para luego corregirse cuando les fueron exhibidas imágenes que acreditaban su presencia.

«Si queremos enderezar el rumbo de este asunto, apartar a Capuchetti podría ser el comienzo», dijeron los querellantes durante la audiencia entre el juez Bruglia, al que además le aclararon que no reclaman «resultado concreto» para la investigación sino que quieren «que se investiguen todas las líneas para conocer qué pasó».

«La duda se transformó en algo insoportable, no podemos tolerar que la jueza siga siendo la jueza de esta causa. El mensaje que se da para afuera es que matar a una Vicepresidenta no tiene costo y ahora estamos en una campaña electoral. No sé si la clienta (Cristina Kirchner) se presentará o no (a elecciones), pero el próximo año va a hacer campaña», enfatizó Ubeira durante su intervención.

«Es bueno que el fuero federal tome la debida nota que si exponemos a esta mujer y el día de mañana hay un atentado contra su vida porque estos animalitos siguen sueltos, alguien se va a tener que hacer responsable y a la cabeza la ponemos a Capuchetti», remarcó el abogado.

La audiencia, que estaba fijada desde la semana pasada, se realizó luego de que ayer la querella reclamara que se amplíe la indagatoria y se procese por asociación ilícita a Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo y se ordenen de forma urgente nuevas medidas de prueba, tras detectarse una seguidilla de mensajes de Whatsapp que darían cuenta del accionar organizado de la banda.

«Recordá esta fecha», «Esta hdp (sic) ya está muerta», «No sabés que hicimos con esto», «Generar miedo», «Para que el gobierno sepa con quienes se están metiendo», son algunos de los mensajes hasta ahora desconocidos y enviados desde el celular de Carrizo, jefe del grupo de supuesto vendedores de copos de nieve para el que trabajaban quienes agredieron a la Vicepresidenta, según surge de la presentación de la querella.

De acuerdo a la presentación a la que tuvo acceso Télam, los mensajes están consignados en un informe producido por la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) del Ministerio Público Fiscal (MPF) producido el 26 de octubre.

Tras repasar las supuestas irregularidades en la investigación y referirse a la presentación de ayer, el abogado Aldazabal sostuvo: «Tuvimos el error de confiar en que esas irregularidades se trataban de errores aislados, y que todos nos podemos equivocar, pero cuando pasó a ser una constante en la dirección de la investigación nos dimos cuenta que esto solo puede ser una enorme causa de falencia investigativa o mala fe. Ya es evidente que hay una enorme falta de imparcialidad».

En la misma línea, tras salir de los tribunales, el abogado manifestó que en la causa existen líneas de investigación sobre las que la jueza pasa «horas o meses sin hacer nada» y luego aseguró que se trata de líneas a las que «boicotea» o sobre las cuales «se toman decisiones que hacen que la prueba se termine perdiendo».
FUENTE:TELAM