En ese marco y con Bolsonaro sin agenda oficial desde este lunes hasta el viernes, los simpatizantes del actual gobernante que obstruyeron rutas y atacaron a tiros y a piedras a la policía caminera que intentó desbloquearlas, mantenían todavía menos de 10 protestas de ese tipo en todo el territorio nacional, reclamando un golpe militar para evitar la asunción de Lula.

La transición tendrá su primer capítulo con Lula en Brasilia el miércoles. Reuniones de más de siete horas se desarrollaron este lunes para montar el gabinete, el equipo de transición de 50 integrantes y renegociar el presupuesto 2023 con el Centrao, la base oficialista de centroderecha en el Congreso con la que el exmetalúrgico deberá negociar y convivir a partir del 1 de enero.

El expresidente desembarcará el miércoles en Brasilia para tener un diálogo institucional con el presidente de la Cámara de Diputados, el bolsonarista Arthur Lira; el del Senado, Rodrigo Pacheco, y la titular del Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema), Rosa Weber.

«El presidente Lula está analizando todas las medidas que deben ser tomadas y dialogando sobre el inicio de la transición», dijo a Télam Paulo Rocha, líder del bloque del Partido de los Trabajadores (PT) en el Senado, durante uno de los descansos de la reunión que se realizaba en un hotel del barrio de Vila Mariana, en San Pablo.

El encuentro debía definir la hoja de ruta que el coordinador de la transición, el vicepresidente Geraldo Alckmin, trazará en Brasilia con el gobierno saliente de Bolsonaro.

Lula, tras la histórica victoria del 30 de octubre, se tomó vacaciones en la playa de Trancoso, en el sur de Bahía y este lunes retornó a la formalidad del trabajo.

A dos kilómetros del hotel donde se reunía el equipo de Lula en San Pablo, frente al cuartel del Ejército, cientos de bolsonaristas montaron una vigilia para desconocer el resultado de las elecciones del 30 de octubre vencidas por Lula y se mantenían desde la semana pasada en el lugar esperando que un general atendiera sus reivindicaciones.

Aunque no se anunció oficialmente, el gobierno electo acordó que el líder del PT deberá viajar después del 16 de noviembre a Egipto, ya que fue invitado a participar como presidente electo de la cumbre de cambio climático COP27, a la cual Brasil acudirá oficialmente con su ministro próximo de Medio Ambiente, Joaquim Leite.

Según el portal UOL, Bolsonaro calificó como «usurpador» a Lula por aceptar ir a la cumbre de un tema en el cual el ultraderechista es visto como un enemigo del movimiento ambientalista y climático.

Estas negociaciones son lideradas por elexcanciller Celso Amorim, quien ya conversó con el canciller de Bolsonaro, Carlos França. El equipo de política exterior de Lula busca frenar designaciones de último momento de diplomáticos alineados con el bolsonarismo en organismos internacionales y embajadas.

En San Pablo, Lula se reunió con tres candidatos del ala política a ministros de Economía, el exintendente paulista y candidato derrotado a la gobernación de ese estado, Fernando Haddad; el senador electo y exgobernador de Piaui Wellington Dias, y el diputado federal y exministro de Salud Alexandre Padilha.

El presidente electo negoció con el bloque derechista Centrao, hoy con Bolsonaro, para alterar el presupuesto mediante una enmienda constitucional y así tener un colchón de recursos para pagar a 21 millones de familias el programa Bolsa Familia, un subsidio equivalente a 120 dólares.

El presupuesto enviado por Bolsonaro no tenía previsto la continuación de esa ayuda social ni la del programa Farmacia Popular para jubilados.

La negociación deberá abrir un espacio fiscal de 23.000 millones de dólares para cumplir las promesas de campaña pero con una jugada de riesgo: ceder ante las presiones del Centrao, tal cual lo adelantó el Partido Progresista.

El PP es del jefe de gabinete de Bolsonaro, Ciro Nogueira, quien prometió fidelidad al excapitán pero parte de su partido ya se sentó a negociar el apoyo a los proyectos sociales de Lula.

Según la prensa local, el Congreso pide a cambio a Lula mantener parte del llamado «presupuesto secreto», el uso de partidas que son usadas con discrecionalidad por parte de algunos parlamentarios para llevar recursos directamente a sus municipios, sin participación ni planificación del Ejecutivo, un modelo adoptado por Bolsonaro para protegerse desde 2020 de un posible juicio político.

Por otra parte, el PT prepara un «decretazo» para la primera semana de gobierno a fin de revocar medidas tomadas por Bolsonaro, como el secreto de 100 años a los gastos de tarjeta de crédito. informaciones de su familia y visitas al Palacio del Planalto, la restricción a la lucha contra delitos ambientales y la flexibilización para que los civiles compren armamento sin control.(Télam)