Las tomas en las escuelas de la Ciudad en reclamo de viandas, infraestructura edilicia y por prácticas en empresas, se multiplicaron mientras diversos organismos de defensa de los derechos de los niños y adolescentes pidieron el inicio de un canal de diálogo y el cese del hostigamiento a los estudiantes y sus familias.

De acuerdo al Ministerio Público de la Defensa (MPD), llegaban a 21 los colegios tomados, mientras que las familias comenzaron a organizarse a través de diferentes organismos y abogados para responder a las advertencias de denuncias penales y contravencionales que les llegan a sus domicilios a través de la Policía de la Ciudad.

«Esta no es la primera vez que hay tomas en escuelas porteñas, pero no hay antecedentes de una respuesta tan hostil de parte de las autoridades; no tiene sentido que se haya hablado de denuncias penales cuando no hay ninguna posibilidad de darles un encuadramiento penal a las tomas», dijo a Télam Marcela Millán.

La funcionaria destacó que los padres se han ido acercando al MPD a la medida que recibían las notificaciones; aunque «no tenemos todavía una aproximación de la cantidad de familias notificadas entendemos que vamos a estar hablando de una cantidad muy importante de acuerdo a las dimensiones del operativo montado por el Gobierno de la Ciudad a través de la Policía de la Ciudad».

Millán también dijo que «tampoco se justifica haber puesto efectivos policiales en la entrada de los establecimientos educativos a tomar lista de quienes ingresan, y mandar a la policía a las casas de las familias a labrar las notificaciones», lo que consideró «un acto violento que nunca había pasado antes».

La funcionaria, abogada especialista en Mediación y en Derecho Penal, explicó que las familias notificadas tienen 72 horas para presentarse ante la fiscalía.

«En las actas se los acusa por infracción al artículo 60 del Código Contravencional que forma parte del capítulo destinado a custodiar la libertad personal -continuó–, pero eso es muy confuso porque habla del derecho de admisión en establecimientos de acceso público y en las escuelas están los estudiantes, sus familias y directivos, con lo que no se termina de entender cómo se configuraría una contravención», indicó.

El secretario de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación, Gabriel Lerner, dijo que el conflicto sucede «porque no se habilitan mecanismos institucionales de diálogo permanente, de participación en los chicos y las chicas al menos como de forma consultiva en la conducción de las escuelas».

Lerner recordó que en 2018 estudiantes secundarios realizaron «ocupaciones pacíficas y actividades de protesta» en colegios porteños y las autoridades también realizaron denuncias a las familias «en la justicia penal y contravencional de la Ciudad, diciendo que eran autores junto con sus hijos de una contravención y de los perjuicios económicos».

«En aquel momento yo no era funcionario, no era secretario ni tenia ninguna función pública», dijo en declaraciones a Télam, pero como abogado especialista en derechos humanos y del niño las familias le pidieron que asuma la defensa técnica de los acusados.

«Allí señalamos que la imputación o la acusación parecía considerar a los adolescentes como objeto». planteó.(Télam)