Consultados por Télam, especialistas cuestionaron el anuncio del gobierno porteño y consideraron que el Estado debe «garantizar las condiciones para que los chicos puedan ir a la escuela».

Especialistas en temas educativos analizaron el anuncio del jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta de quitar ayuda social a las familias cuyos hijos superen un 15% de inasistencia escolar en cada bimestre, y advirtieron que la medida «profundiza inequidades» al tiempo que constituye un «acto de violencia» contra los más vulnerados.

Además, afirmaron que el Estado debería «garantizar las condiciones para que los chicos puedan ir a la escuela».

Para profundizar sobre el cruce entre la asistencia a clases y las políticas sociales aplicadas en CABA, Télam dialogó con Samanta Bonelli, especialista en política educativa e investigadora asociada en el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec).

Lo mismo hizo con Gabriel Brener, especialista en Gestión y Conducción de Sistema Educativo por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y profesor de enseñanza primaria.

Ambos analizaron la medida anunciada esta semana por Larreta junto a las ministras porteñas de Educación, Soledad Acuña, y de Desarrollo Humano, María Migliore, por la cual se quitará paulatinamente el programa Ciudadanía Porteña a las familias cuyos hijos no sean considerados alumnos regulares, es decir aquellos que no tengan al menos un 85% de asistencia.

«La medida pone el foco, culpabiliza y penaliza a los más vulnerables, reproduciendo y profundizando así inequidades prexistentes. Al mismo tiempo, no se cuestiona, por ejemplo, qué hace la escuela para promover y sostener la asistencia de esos niños, niñas y adolescentes, qué medidas toma el Estado para garantizar la asistencia a clases», afirmó Bonelli.

Y agregó que el foco debería estar en «que los chicos y chicas no pierdan días de clase, asistan con regularidad y tengan trayectorias significativas».

«La medida afecta a más de 20.000 chicos que reciben un programa social para subsistencia básica»Gabriel Brener

Al anunciar la medida, el Gobierno porteño informó que «el 30% de los alumnos de la ciudad tuvo más de cinco faltas en el último mes, con casos de chicos que asisten a clases sólo tres días a la semana».

También precisó que Ciudadanía Porteña llega a 41.669 hogares de la Ciudad de Buenos Aires, con una total de 100.057 personas, de las cuales 23.686 son menores de 18 años.

Por otro lado, según el relevamiento anual del Ministerio de Educación de la Nación, mencionado por Bonelli, en 2021, en CABA asistieron al «nivel primario 283.091 niños y niñas y en el nivel secundario 205.833 estudiantes».

De aquí puede inferirse que el porcentaje de alumnos que no asiste regularmente a clases supera ampliamente la cantidad de menores de 18 años beneficiarios de Ciudadanía Porteña, ya que el 30% de 488.924 es 146.667.

«La medida pone el foco, culpabiliza y penaliza a los más vulnerables, reproduciendo y profundizando así inequidades prexistentes. Al mismo tiempo, no se cuestiona, por ejemplo, qué hace la escuela para promover y sostener la asistencia de esos niños, niñas y adolescentes, qué medidas toma el Estado para garantizar la asistencia a clases»Samanta Bonelli

Para Bonelli, la inasistencia escolar es «sin duda una problemática a atender, que requiere de soluciones integrales que ataquen a las múltiples causas que pueden explicar el ausentismo, de manera que como sistema educativo estemos en condiciones de garantizar el derecho a la educación para todos y todas».

De acuerdo a lo informado por Larreta, el programa Ciudadanía Porteña es una transferencia monetaria directa mensual que se realiza mediante una tarjeta de compra precargada que puede usarse en una red de comercios adheridos, que incluye a las principales cadenas de supermercados.

El monto promedio del programa es de $15.722 mensuales y varía según composición del hogar, índice de vulnerabilidad y situación de escolaridad de los menores de 18 años.

A su vez, el programa establece como «componente adicional» por cada menor integrante del hogar que se encuentre escolarizado, un monto que varía entre $5.256 y $7.884.

El Gobierno porteño dará de baja ese componente adicional a los alumnos irregulares, mediante un control bimestral de asistencia.

«Si a los seis meses» el alumno no se reincorpora «se va a suspender la totalidad del plan», aseguró Larreta el martes pasado, durante una conferencia de prensa en la sede del gobierno porteño, en el barrio de Parque Patricios.

«La medida afecta a más de 20.000 chicos que reciben un programa social para subsistencia básica», alertó al respecto Gabriel Brener, y agregó que «amenazar con la quita a aquellos que superen al 15% de inasistencia es deliberadamente un acto de violencia».

En otro tramo de su análisis, Brener dijo que «es una medida disciplinaria que tiene especulación electoral, pero marca la manera de gestionar» del Gobierno local.

«Es un gesto para cautivar a su electorado y seducir a una gran porción de la sociedad que mira con simpatía la perspectiva que hoy se autodenomina Libertaria, al sector más radicalizado de la derecha», evaluó.

Por otro lado, el especialista consideró que es una «obligación del Estado garantizar las condiciones para que los chicos puedan ir a la escuela», y enumeró una serie de propuestas que a su entender podrían alentar la asistencia a clases.

Entre esas medidas, mencionó aumentar el presupuesto en educación, construir escuelas y mejorar condiciones edilicias, tecnológicas, didácticas y salariales para las escuelas que trabajan con la población más vulnerada.

También consideró que se debería «proveer de la mejor tecnología portátil de conectividad a los y las estudiantes más desfavorecidas».

El especialista también describió las políticas del Gobierno porteño en cuanto a educación.

«Hace 10 años que disminuyen un punto (porcentual) por año el presupuesto para educación. No cumplen con sus obligaciones respecto a infraestructura escolar, especialmente de Rivadavia para el sur», afirmó.

Y agregó: «Tampoco cumplen con la obligación de invertir en educación, lo que ellos llaman gasto, ni con las vacantes que necesita la educación obligatoria».

FUENTE:TELAM/POR LISA CARGNELUTTI