El mandatario peruano atraviesa una compleja situación, luego de que se ordenanara un allanamiento en el Palacio de Gobierno, la casa familiar y que el Congreso haga un nuevo intento para removerlo del cargo por «traición a la patria». Su abogado renunció este miércoles por la tarde.

Un allanamiento inédito a Palacio de Gobierno y otro a la casa familiar Pedro Castillo en Cajamarca, así como un nuevo intento en el Congreso para sacarlo del cargo por «traición a la patria» en las últimas horas complicaron aún más la situación del presidente peruano, a quien la oposición busca desalojar del cargo.

La situación de Castillo pareció agravarse este miércoles por la tarde, cuando el abogado Benji Espinoza hizo pública su decisión de renunciar a la defensa del mandatario y su esposa, sin revelar el motivo.

«Palacio y la casa presidencial han sido violentados con un allanamiento ilegal avalado por un juez, coincidentemente cuando se está solicitando mi inhabilitación por cinco años para arrebatarle al pueblo peruano su legítimo Gobierno», dijo en la noche del martes Castillo en un mensaje al país, tras la operación en que se pretendía capturar a su cuñada Yénifer Paredes.

El presidente calificó la operación como «show mediático», fruto de «una confabulación entre una parte del Congreso, la Fiscalía de la Nación y un sector de la prensa» para «desestabilizar el orden democrático», y la emparejó con otras acciones en su contra, como la pretensión de algunos congresistas de suspenderlo del cargo por supuestamente haber planteado una entrega de salida al mar para Bolivia.

Allanamientos para dar con el paradero de Yénifer Paredes

La Policía de Perú extendió este miércoles la búsqueda de la cuñada del presidente a la casa familiar del mandatario, en la provincia andina de Chota, pero no la encontró.

En la noche del martes, en una acción sin antecedentes en la historia de Perú, un equipo de la Fiscalía irrumpió en Palacio para buscar a Paredes, a quien se acusa de integrar una «organización criminal» para enriquecerse mediante la adjudicación de obras.

La administradora de 26 años, que reconoce a Castillo y a su hermana y primera dama, Lilia Paredes, como «padres putativos», no fue encontrada y se ignora su paradero.

Paredes pasó a la clandestinidad después de que se le dictó prisión preliminar. Sus presuntos cómplices, el alcalde del distrito cajamarquino de Anguía, Nenil Medina, y los ingenieros Hugo y Angie Espino, fueron detenidos el martes y permanecerán presos por al menos 10 días.

En el mensaje de reacción, Castillo instó a «las fuerzas democráticas» a resistir lo que según él son intentos para desalojar del poder a un gobernante que no es del agrado de las élites. «(Los adversarios) podrán tener medios (de prensa) y dinero, pero no tienen al pueblo», aseguró.

El abogado del presidente, Benji Espinoza, calificó al allanamiento del martes de «insólito» e «ilegal» y aseguró que en el documento de 30 hojas que le fue entregado como respaldo judicial «no había ni una sílaba» que lo justificara.

Los embates contra Castillo

Castillo, quien desde que asumió el Gobierno hace un año ha enfrentado acciones de la oposición para desalojarlo de la presidencia, vivió el allanamiento, que incluyó requisas en la parte de Palacio en que están sus aposentos, poco después de que en el Congreso se oficializara la entrega de un informe que plantea suspenderlo por cinco años de funciones públicas por el caso de Bolivia.

El informe, firmado por un congresista de centroderecha, Wilson Soto, y dos de derecha radical, Norma Yarrow y José Cueto, se refiere a una entrevista concedida en enero a CNN, en la que Castillo, en lugar de rechazar de forma tajante cualquier posibilidad de darle territorio al país vecino, abrió, según sus detractores, una ventana en esa vía.

«Nos pondremos de acuerdo. Lo consultaremos al pueblo. Yo tengo que gobernar en sintonía con el pueblo. ¿Y si no están de acuerdo? Yo me debo al pueblo, jamás haría cosas que el pueblo no quiere», dijo el mandatario en esa ocasión.

El tema estaba prácticamente olvidado, pero fue resucitado por Soto, Yarrow y Cueto para pedir la suspensión, que se obtendría con los votos de la mitad más de uno de los 130 congresistas, es decir, 66.

Para la abogada y periodista Rosa María Palacios, crítica del Gobierno, esa cifra se puede conseguir, pero no hay sustento jurídico porque no hay dolo.

En eso coincide Espinoza, para quien el informe «tiene muchas hojas, pero ningún argumento jurídico serio».

Lo de la «traición a la patria» es una especie de plan C de la oposición para sacar a Castillo. El A consiste en obtener 87 votos en el Congreso para vacarlo (destituirlo) por «incapacidad moral» y el B es esperar que un juez lo suspenda.

Para el «plan A» las cosas están complicadas para los parlamentarios de la oposición radical. Una de ellos, María del Carmen Alva, presidenta del Congreso hasta el mes pasado, admitió que con los respaldos que mantiene el presidente solo se podría llegar como máximo a 82 votos.

Pérdida de aliados

De todas formas, el líder del partido oficialista Perú Libre (PL), Vladimir Cerrón, anunció que le quitará el respaldo al mandatario en caso de que se le prueben nexos con la corrupción, lo que abre por primera vez una opción real de que se consigan en el Congreso los votos que se necesitan para la destitución.

El anuncio de Cerrón, aunque no implica una ruptura total, insinúa que los 16 congresistas de PL podrían cambiar de posición. El partido marxista leninista tenía en principio 37 legisladores, pero 21 desertaron y crearon tres nuevas bancadas que se mantienen files a Castillo.

En cuanto a la suspensión por parte de un juez, derivada de las cinco investigaciones fiscales por presunta corrupción que se llevan adelante contra el presidente, Espinoza y expertos independientes creen que no prosperará porque no hay la figura de traición a la patria, única válida.

Sin embargo, hay quienes creen que eso podría cambiar si se considera que le mandatario usa el cargo para impedir las acciones judiciales y fiscales en su contra.

Una cuarta fórmula, que se maneja en la sociedad civil, es que el Gobierno y la oposición se pongan de acuerdo para anticipar para el año entrante las elecciones generales de 2026.

De hecho, esa es también la solución favorita para 65% de la ciudadanía, según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos publicada esta semana.

La postura de la oposición

Pero el deseo confeso de la oposición parlamentaria es que Castillo se vaya y el Congreso siga en funciones, posibilidad que según el mismo sondeo solo es apoyada por un 2%. Eso se explica en que la popularidad del Gobierno solo llega a 24%, pero la del Congreso es aún más baja: 10%.

Castillo, elegido por el partido de izquierda Perú Libre, al que renunció, ha estado asediado en especial por tres partidos de derecha «dura» -Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País-, que trabajan desde el primer día en su posible destitución.

A eso ha ayudado, según consideran incluso dirigentes de izquierda, los varios «errores no forzados» del Gobierno, que incluyen falta de liderazgo, nombramientos desacertados y maniobras oscuras de funcionarios o allegados.

FUENTE:TELAM/POR GONZALO RUIZ TOVAR