En medio de una tensión política, se suma en el país la crisis alimentaria que estarían atravesando más de 15 millones de personas, el eje del debate se centra en cuales serían las medidas adecuadas para paliarla.

“Es paradójico ver cómo los economistas neoliberales, para quienes el Estado es por definición ineficiente y torpe y por eso debe ser reducido a su mínima expresión, puede y debe recopilar la información de millones de personas en gran detalle. La realidad es que esa información hoy no está disponible, no existe”, apuntó.

Estado de emergencia en el sector agropecuario

El Gobierno amplió esta semana por medio año el estado de emergencia en el sector agrario, vigente desde marzo. Con una inflación anual de cerca de 10 %, la mayor en dos décadas y media, el constante aumento de los precios de los alimentos se ha convertido en una amenaza para millones de personas.

Al impacto negativo de la pandemia se sumaron los problemas en la zona ruso-ucraniana, de donde proceden muchos insumos necesarios para el sector agropecuario de Perú, como los fertilizantes, para generar una situación que es común a muchos países pero que se potencia en el país por los vaivenes propios de su acontecer político.

Al alza de precios de los alimentos también contribuye el aumento de los costos en el transporte. Esta semana, de hecho, agricultores y transportistas se unieron en una huelga indefinida que ha generado enfrentamientos y bloqueos de carreteras en varios puntos del país.

Aunque varias organizaciones de agricultores y transportistas no participan de la protesta por divergencias internas, la Defensoría del Pueblo reportó incidentes en los departamentos andinos de Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Junín y Puno y en los costeros de Lambayeque y Piura. No hubo víctimas fatales confirmadas.

En ese marco, se expidió el decreto que prorroga la emergencia en la agricultura, lo que faculta al Gobierno a adoptar medidas específicas en ese sector, la mayoría de ellas aún en estudio en medio de la crisis política que no se ha detenido en el último año.

El decreto señala que la actividad agrícola y agropecuaria, desempeñada por alrededor de 1,7 millones de personas, requiere de insumos cuya adquisición se complica en la coyuntura. Por ejemplo, el 75 % de maíz amarillo y el 100 % de pasta de soja, usadas para el alimento de animales, provienen de zonas a las que ahora se les dificulta atender la demanda.

Eso, en el caso, por ejemplo, de la leche, ha incrementado los costos de producción en entre 15 y 25 %, lo que se traslada a un consumidor que, además, asume a su manera el alza en los precios del transporte, derivada del incremento en los combustibles.

Por ahora, el Gobierno continúa negociaciones para adquirir en el exterior fertilizantes nitrogenados (urea) por cerca de 90 millones de dólares. Según el ministro de Agricultura, Andrés Alencastre, el producto comenzará a llegar próximamente y estará disponible para la siguiente campaña.

El tema de los bonos y, específicamente de sus destinatarios, continuará en estudio. “¿Es lo ético, lo justo, lo correcto, dar apoyo alimentario solo a quienes están en la pobreza?”, se pregunta Francke, quien tras el desgaste del primer año salió del Gobierno y fue reemplazado en el Ministerio de Economía por un tecnócrata liberal, Óscar Graham.

“La única opción justa y viable es una ayuda económica que tenga un amplio alcance, excluyendo solo a quienes podemos saber con cierta seguridad que tienen lo necesario para vivir dignamente. Dar apoyo apenas a dos o tres millones de peruanos, dejando afuera a muchos más que lo necesitan, sería un error”, se responde el exministro.

Bajo ese concepto, resistido por muchos analistas liberales con gran eco mediático, Francke recordó el ejemplo del bono Yanapay, que se entregó 350 soles (unos 90 dólares) a 13,5 millones de personas para enfrentar los efectos de la pandemia y que tuvo aportes adiciones para pequeños agricultores y trabajadores con la más baja remuneración.

Establecer el censo no será fácil en un país en el que más de 70 % de la economía se mueve en la informalidad y en el que la clase política parece más ocupada en resolver sus disputas por el poder. Mientras tanto, el riesgo literal del hambre se cierne sobre el país.

FUENTE:TELAM/POR GONZALO RUIZ TOVAR