El último informe anual de la FARN subraya el cortoplacismo y las contradicciones gubernamentales, así como la «profunda desconexión» dirigencial con el debate social ambiental.
En las provincias, en la capital, en los medios, en las asambleas populares, en las universidades, en organizaciones de la sociedad civil y, a veces, un poco en la política; la agenda ambiental llegó para quedarse y atraviesa de forma cada vez más marcada los grandes debates sociales, con el modelo de desarrollo como foco principal. El problema es que lo rico y lo vivo del debate social ambiental no se traduce, al menos todavía en Argentina, en políticas concretas por parte de los tomadores de decisión. Así se desprende del Informe ambiental 2022 “Abordar una transición socio ecológica integral: el desafío de nuestro tiempo”, presentado hace pocos días por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
“El año 2021 nos dejó en materia ambiental un gran déficit de políticas de corto, mediano y largo plazo que incorporen las cuestiones ambientales de manera sustantiva. Los objetivos se centran en el corto plazo, en profundizar las actividades extractivas con el foco en las divisas y con limitado espacio para discutir alternativas al modelo productivo vigente, que además arrastra una enorme deuda social por saldar” dice el trabajo, que pone el foco en la “profunda desconexión” entre los canales existentes para la discusión de las políticas públicas entre “lo que se propone desde arriba (gobernantes) y desde abajo (gobernados)”.
Las movilizaciones sociales en Chubut contra un proyecto para habilitar la megaminería, en Mar del Plata contra la explotación de petróleo off shore y el frenazo del Ejecutivo y el Congreso a una ley de humedales “son ejemplos de la ausencia de encuentro entre el sentido, el lenguaje y la mirada de las autoridades y de los movimientos ambientales”, destaca la investigación.

Una agenda urgente
¿Cómo incorporar lo ambiental en la política de un país que vive atravesado por urgencias de todo tipo? Desde la FARN proponen un plan de acción que incluye, en el corto plazo, detener el avance de la exploración y extracción fósil y su infraestructura asociada, ya que “condiciona el futuro”, mientras se avanza en la protección de ecosistemas clave con una ley de humedales y una mejor implementación de las leyes de bosques y glaciares.
Por otra parte, desde esa Fundación destacaron que la agenda ambiental en la Argentina “está cada vez más vinculada a la protección de derechos humanos de las presentes y futuras generaciones”, para lo cual es importante que se fortalezcan los instrumentos que hacen de la democracia un sistema cada vez más participativo, como lo garantiza el Acuerdo de Escazú al cual el país adhirió.
La tormenta política y macroeconómica que enfrenta el país, en un mundo signado a su vez por inestabilidades globales de tipo geopolítico, pueden ser también una oportunidad para que Argentina revise sus estrategias y repiense sus horizontes de desarrollo “de cara a las múltiples crisis actuales en sus dimensiones climática y ecológica, económica y social”, puntualizaron los expertos de esa organización.

Transiciones
Salir de la dependencia hacia los combustibles fósiles y revisar las formas de producción y consumo de las últimas décadas incluye un concepto fundamental: el de transición energética. “La evidencia científica sobre la crisis climática y de los impactos sobre la biodiversidad han llevado a que, entre las propuestas analíticas, se comenzara a hablar de transición. El consumo de energía que requieren nuestras sociedades debe disminuir para poder vivir dentro de los límites planetarios” explica el reporte de la FARN, que detalla que para que eso pueda ocurrir hay que modificar tanto la forma, como el ritmo al que se generan y consumen los bienes ambientales, en particular, la energía.
Los combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón) conforman el 85% de la matriz energética nacional, y ese sector es el responsable del 53,1% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en la Argentina, que son las que generan el calentamiento global. Asimismo, se estima que los subsidios otorgados a las empresas productoras mediante el Plan Gas estuvieron detrás del 3,6% de las emisiones de GEI de la Argentina en 2021.
“Es necesario que las nuevas formas de generación de energía no destruyan nuevos territorios y biodiversidad en busca de los minerales que se requieren para la transición energética. Por otra parte, es necesario pensar otra forma de producción de alimentos con el foco puesto en una mejor salud de las personas y los ecosistemas”, argumenta el trabajo, que recuerda que a nivel país en materia energética “se continúa apostando por los combustibles fósiles”.

La foto de hoy
La investigación de la Fundación afirma que los avances en el ámbito de las políticas ambientales nacionales son escasos y que Argentina carece de proyecciones a largo plazo. “En materia climática vemos que mientras los compromisos asumidos son propuestos como una bandera frente a las discusiones de deuda, en la práctica se encuentran enormes desafíos para avanzar en esta agenda”.
Es así que el gobierno nacional no ha avanzado con una estrategia de desarrollo con bajas emisiones a largo plazo a pesar de haber asumido ese compromiso durante la cumbre climática de Glasgow.
“A contramano de lo que sugiere la evidencia científica, este plan económico basado en la extracción de fósiles soslaya los riesgos a largo plazo al comprometer cuantiosos recursos públicos que son puestos al servicio de los menos (y no de los más) necesitados, como las corporaciones internacionales” apunta el documento.

Fecha de Publicación: 11/07/2022
Fuente: Aire de Santa Fe
Provincia/Región: Nacional