La convocatoria está prevista para las 18 de este martes y se marchará desde Plaza de Mayo hasta el Congreso de la Nación. «Es la séptima marcha para visibilizar las muertes de las compañeras travesti trans, contra la negación de esas muertes y contra el vacío legal», dijo a Télam el activista Say Sacayán.

El pedido de la incorporación de la figura del «travesticidio, transfemicidio y transhomicidio» al Código Penal será uno de los ejes de la VII Marcha Plurinacional Antirracista que se realizará contra este tipo de crímenes de odio en coincidencia con el Día Internacional del Orgullo, poniendo el foco en esta población con una expectativa de vida que no supera los 40 años y que el año pasado registró al menos 69 muertes evitables.

Después de dos años de ausencia por la pandemia, el colectivo travesti trans y no binarie (TTNB) vuelve a las calles este martes a las 18 reclamando, además, la aparición con vida de Tehuel, la reparación histórica a las sobrevivientes de la violencia institucional, la aplicación del cupo laboral trans, capacitación del personal de salud en las especificidades de esta población y justicia por Melody, la chica trans asesinada a balazos en Mendoza.

En el afiche de la convocatoria a la marcha, se suceden las imágenes de seis personas trans muertas prematuramente o que permanecen desaparecidas: la asesinada activista Diana Sacayán; el joven Tehuel de la Torre, del que nada se sabe hace 15 meses; la referente Lohana Berkins; el adolescente salteño Santiago Cancinos, cuyo cuerpo fue encontrado tras cuatro años de búsqueda; el militante cordobés Eugenio Talbot Wright y la joven trans mendocina víctima de un crimen de odio, Melody.

«Es la séptima marcha para visibilizar las muertes de las compañeras travesti trans, contra la negación de esas muertes y contra el vacío legal al respecto», dijo a Télam el activista trans y referente del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL), Say Sacayán.

Sacayán destacó que «hoy no sólo no hay un marco jurídico» que castigue específicamente los crímenes de odio como el que terminó con la vida de su hermana Diana, en 2015, «sino que no se contemplan las violencias que nos llevan a la muerte y que vivimos solo por nuestras identidades».

Es que si bien en 2012 el Código Penal incorporó entre los agravantes del homicidio el «odio a la identidad de género», se aplicó en contadas ocasiones y la Cámara de Casación revocó en 2020 ese ítem del fallo que dos años antes condenó a Gabriel Marino por el homicidio de Diana Sacayán, y que sentaba jurisprudencia en la materia.

«Para nuestro colectivo esta incorporación es una prioridad para no haya este vaivén, y que una vez que logramos que se aplique la figura de travesticidio no corramos el riesgo de volver para atrás (cuando otro tribunal lo revisa)», dijo a Télam Florencia Guimares, referente de Furia Trava.

El hecho de que forme parte del Código «nos da un marco jurídico» y más garantías sobre la efectiva persecución penal, «pero también seguimos exigiendo una justicia transfemenista, con perspectiva de derechos humanos, LGBT+, transfeminista y popular» que aplique esta figura.

Según la comisión organizadora de la marcha, desde el 28 junio del año pasado se contabilizaron al menos 69 muertes en la comunidad TTNB: seis de ellas fueron por travesticidio y transfemicidios propiamente dichos, cuatro fueron suicidios y el resto travesticidios y travesticidios sociales -es decir, producto de la exclusión sistemática-, «al mismo tiempo que aún nos preguntamos por Tehuel, a más de un año de su desaparición». Además, la expectativa de vida continúa en torno a los 35/40 años, es decir, representado la mitad de la que rige para el resto de la población.

«No todes les compas desaparecen o mueren porque son asesinades o por crímenes violentos, sino por enfermedades evitables -en la mayoría de los casos adquiridas en situación de prostitución- o suicidios como consecuencia de la violencia estructural», dijo Sacayán.

«Si cuando elegiste mostrar quien sos, te arrojó a la calle la propia familia, después la escuela no pudo sostenerte y hay toda una sociedad que no solo te expulsó sino que te violentó y te agredió, todo eso te va llevando ya sea a la prostitución, al narcomenudeo, a las enfermedades, todas situaciones de extrema vulnerabilidad», agregó.

Guimaraes enfatizó que estos dos años de pandemia dejaron al descubierto la extrema fragilidad de las condiciones en las que sobreviven muchas personas travesti trans.

«La pandemia visibilizó lo que veníamos gritando hace años, que son las condiciones de precariedad de nuestras vidas como la falta de acceso al trabajo, a la salud o a la vivienda«, dijo.

«Si bien tenemos ley de cupo laboral y de identidad de género, sabemos que aún hay mucha resistencia en muchas instituciones a respetar nuestros derechos y terminamos siendo expulsadas, aunque no de manera directa. No es que nos dicen ‘vos acá no podes venir por ser TTNB’, sino de manera solapada y así arrancamos todo un camino de violencia infinita que culmina en los crímenes de odios y las muertes que tenemos todos los años», agregó.

Respecto al derecho a la salud integral incluido en la Ley de Identidad de Género, Sacayán remarcó que la atención no se puede reducir a «hormonas y adecuaciones corporales», sino que deben contemplarse aspectos del devenir y el proyecto de vida de una persona trans, como por ejemplo los trastornos de salud generados por la silicona líquida, la posibilidad de suspender los tratamientos hormonales para preservar óvulos o espermatozoides con fines reproductivos, o el cuidado de la salud adolescente en el marco del tratamiento con bloqueadores hormonales, entre otros.

«Necesitamos que haya una especialidad en salud trans donde se puedan abordar estos temas, y de cuyo diseño seamos parte las organizaciones que venimos trabajando estas cuestiones», agregó.

Guimaraes remarcó la necesidad de que se instituya una asignación económica para «saldar la deuda» que mantiene el Estado con personas trans mayores de 40 años que fueron víctimas de la violencia institucional por la vigencia de los códigos contravencionales y edictos policiales que criminalizaban su identidad y que rigieron en algunas provincias hasta bien avanzados los 2.000.

«Necesitamos una reparación histórica por la persecución, el encarcelamiento y la tortura que hemos padecido por travestis en las comisarías durante añares porque estaba penado la figura de’ vestimenta opuesta al sexo’, o ‘prostitución’ cuando no nos quedaba otra alternativa. En esa época vivíamos de noche, en la clandestinidad salíamos de nuestra casa con pánico y con terror hasta para ir a comprar el pan», dijo.

Tanto Sacayán como Guimaraes repudiaron el ataque incendiario al Hotel Gondolín y la prohibición del uso del lenguaje inclusivo en las aulas de CABA, y reclamaron por una más rápida implementación del cupo laboral trans «porque nuestros tiempos no son los mismos que los del resto de la sociedad», y que también las empresas privadas, los sindicatos y otras instituciones se comprometan activamente con esta política pública.

Por último, Sacayán destacó la fuerza que está tomando la marcha anual contra los travesticidios: «empezó siendo un reclamo por los travesticidios a partir de la muerte de Diana, para visibilizar que si esto le ocurría a aquella persona que generaba la política pública para el colectivo travesti trans qué le podía pasar al resto. Y de a poco fue tomando cuerpo político y reclamando por una agenda mucho más amplia», concluyó.

FUENTE:TELAM