Asambleístas de Jáchal advirtieron que la Universidad Nacional de Cuyo midió niveles de metales en el agua más altos que en el derrame de 2015. Para la Católica de Cuyo, “no hay evidencia”.
Hace casi siete años, el pueblo de Jáchal, en San Juan, sufrió un derrame de la mina Veladero. Corría el año 2015 y aquel fue considerado el peor desastre ambiental producido por una minera, por el que hay un juicio pendiente. Vecinos de Jáchal luego insistieron con que la mina, administrada por Barrick Gold, había tenido otros derrames. Ahora aseguran que el último fue este año.
En Jáchal, a 137 kilómetros de la capital sanjuanina, viven poco más de 20 mil personas: la mitad en el casco céntrico y el resto en la zona rural. Los primeros ya hace años que no toman el agua del río Jáchal: se los abastece de un acuífero subterráneo de otra cuenca. El resto todavía depende del recurso, que también es utilizado para la actividad productiva.
La Asamblea “Jáchal no se toca” advirtió que los niveles de metales detectados en el río Jáchal están por encima de los valores de 2015, según el último informe conocido de la Universidad Nacional de Cuyo. El juicio pendiente de resolución por aquel derrame histórico debió haberse realizado en 2020 y se suspendió por la pandemia. Aún no tiene fecha.
“En febrero de 2022 hubo un nuevo derrame en la mina Veladero», dijeron Saúl Zeballos y Domingo Jofré, dos miembros de la Asamblea. ¿En qué se basan?, les preguntó Clarín. «En septiembre de 2015 el mercurio había llegado a 1,2 microgramos por litro de agua. Y en febrero de 2022 llegó a 3,3. El manganeso, en septiembre de 2015 era 1,48 miligramos por litro de agua y en febrero de 2022, 2,10. En aluminio, era de 70 miligramos y en febrero de este año 97”, detallaron.
Estos datos, a pesar de haberse recabado en febrero, se conocieron hace pocos días. “No tenemos los informes de enero ni de marzo ni de abril, que ya se tendrían que haber hecho”, dijo Jofré. “Los informes no se están haciendo todos los meses, como se debería”, agregó.
Voceros de la minera Barrick Gold hicieron llegar a Clarín un comunicado en el que niegan que se haya producido un nuevo incidente en febrero, como denuncian los asambleístas. «La afirmación de un grupo ecologista de que contaminantes encontrados en el río Jáchal proceden de la mina de Veladero carece de fundamento», afirmó la empresa.
Agregó que «los puntos de monitoreo en los que basan esta afirmación se encuentran a unos 200 kilómetros aguas abajo de la mina y que el propio programa de monitoreo de Veladero, que presenta los resultados de la calidad del agua a los organismos reguladores todos los meses, no muestra cambios en la calidad del agua».
Por último aseguraron haber «evaluado el monitoreo y los resultados de la Universidad Nacional de Cuyo, junto con nuestros propios resultados de monitoreo tomados durante este período en tres lugares coincidentes y todos los resultados estaban por debajo de los límites de detección de laboratorio y dentro de la normativa. Esto es consistente con nuestros resultados de monitoreo anteriores».
El punto geográfico de la muestra recabada por la UNCuyo es La Chigua, 20 kilómetros al sur de la naciente del río Jáchal y a 145 kilómetros de Veladero. Los asambleístas argumentan que Barrick «es el único emprendimiento industrial aguas arriba». Y recordaron que «en el derrame de 2015 fue la propia empresa la que hizo las mediciones en ese lugar y detectó cianuro y mercurio».

Respuesta oficial
Clarín consultó al Gobierno de San Juan. Fuentes del Ministerio de Minería respondieron a la denuncia de los asambleístas con otro informe, elaborado por la Universidad Católica de Cuyo. “En todas las muestras de agua de río no hay evidencia de aumento de parámetros por actividades mineras o humanas en la cuenca”, dicen las conclusiones preliminares sobre muestras tomadas el 15 y 16 de febrero de 2022. Así lo informa una carta dirigida 16 de mayo al intendente de Jáchal, firmada por el ingeniero químico Miguel Angel Mas.
El ingeniero Mas firma el texto en carácter de -según el documento al que tuvo acceso Clarín- “coordinador del muestreo de Aguas de Jáchal”. Es ex empleado de la mina Casposo, que comenzó su actividad en 2011 y quedó paralizada en 2019. Según informó el Diario de Cuyo, la mina podría retomar sus operaciones el año próximo.
Según Jofré, “Mas fue contratado por el intendente de Jáchal para que haga una lectura técnica de los informes de los laboratorios. Pero sólo toma los datos de la Universidad Católica y de laboratorio del CIPCAMI, que es un ente del gobierno sanjuanino. Para nosotros lo que tiene valor es la información de la Universidad Nacional de Cuyo -con sede en Mendoza-, porque esos datos no están contaminados por la influencia oficial”.
¿Por qué hay dos informes técnicos contradictorios sobre la situación del agua en Jáchal? ¿Cuál tiene mayor peso? Desde noviembre de 2015 funciona el programa “Agua Segura”, creado mediante una ordenanza que promovió el ahora ex concejal José Codorniú. Codorniú habló con Clarín y explicó que “el organismo que prevé el programa para realizar los análisis del agua es la Universidad Nacional de Cuyo. El intendente, por su parte, recibe los datos de la Universidad Católica de Cuyo”.
Para la minera, los datos de la UNCuyo no son primordiales: los considera una herramienta municipal, en contraposición al resto de los informes provinciales. Este medio preguntó al gobierno sanjuanino por qué existen informes paralelos al previsto por el programa “Agua Segura”, inquietud que -al cierre de esta nota- no obtuvo respuesta. En la municipalidad de Jáchal tampoco atendieron los llamados.
¿Cómo determinar si los altos niveles de metales pesados hallados en el agua por la Universidad Nacional de Cuyo son consecuencia de la actividad de la mina, como aseguran los asambleístas? Codorniú consideró que “sería importante poder ampliar los puntos de toma de las muestras para tener un mejor control de o que ocurre en la precordillera. Hoy estamos a ciegas”.

Nuevo proyecto
El asambleísta Jofré también se refirió a otra cuestión que por estos días les preocupa en Jáchal: la aprobación de la declaración de impacto ambiental del proyecto megaminero Josemaría. “El gobernador Uñac al aprobar Josemaría está violando la Ley de Glaciares: Josemaría destruirá el glaciar GE110 y por lo menos 10 grandes geoformas periglaciales”, advirtió.
Josemaría está a cargo de la empresa canadiense Lundin Mining Corp. “El gobernador Uñac al aprobar Josemaría está condenando al Pueblo de Jáchal a la sequía extrema, porque utilizará 3.156 litros de agua fresca por segundo, que es lo mismo que decir 3 metros cúbicos por segundo, en un periodo donde el Río Jáchal trae 4 metros cúbicos por segundo”, agregó Jofré.
Los asambleístas cuestionan también que “Uñac al aprobar Josemaría está quebrantando un requisito básico de supervivencia en una provincia de muy elevada peligrosidad sísmica. No respeta el informe técnico del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) que alerta sobre: 1° la falla geológica sobre la cual se encuentra el Dique de Colas de Josemaría; 2° sobre la napa freática en superficie, 3) sobre el peligro de licuefacción dinámica por sismo”.
Fuentes del Ministerio de Minería sanjuanino respondieron que “la empresa deberá presentar los perfiles geológicos estructurales de detalle del área de proyecto que magnifiquen y caractericen el paquete sedimentario y el fallamiento. Deberá realizar y presentar identificación y magnificación de las fuentes sismogénicas imperantes en la zona hasta una distancia de 500 kilómetros y recálculo del terremoto de diseño y periodo de recurrencia para el cálculo estructural de las obras a realizar”.
Agregaron -entre otras obligaciones- que “la empresa deberá presentar en un plazo de 120 días estudios de fallas de los sistemas de corrimientos a escala regional y de detalle del proyecto definiendo su temporalidad y cinemática, sobre todo donde existe intersectan de estas estructuras, y determinar en detalle si se encuentran activas o no”.
El proyecto minero Josemaría se encuentra emplazado en la Cuenca del Río Jáchal, se empezaría a construir en septiembre y, según trascendió, sería diez veces más grande que Veladero.
Otro de los puntos cuestionados por la Asamblea: “Josemaría lo vamos a pagar entre todos los sanjuaninos. Uñac en un evento virtual organizado por Panorama Minero dijo que se va a ir descontando la infraestructura energética y vial –que la mina necesita para funcionar- de las regalías que las empresas tengan que pagar”. Detallan que 160 millones de dólares cuesta el camino a Josemaría y 240 millones de dólares, la línea eléctrica.
Sobre este último punto, las fuentes gubernamentales dijeron a Clarín que “la provincia en la actualidad no se hace cargo de ninguna obra de camino o de electricidad, aunque existen las leyes que lo permitan, siempre y cuando desde la Cámara de Diputados se declare de interés provincial, a través de la norma específica”.

Fecha de Publicación: 17/06/2022
Fuente: Clarín
Provincia/Región: San Juan