La Cámara Federal porteña convocó a un tercer juez para resolver un planteo de sobreseimiento de la vicepresidenta en una causa por supuesto lavado de dinero en la que tiene falta de mérito. Llama la atención la elección de un magistrado al que la expresidenta cuestionó públicamente.

La sala II de la Cámara Federal porteña convocó a un tercer juez para resolver un planteo de sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa por supuesto lavado de dinero en la que se condenó al empresario Lázaro Báez y otros acusados.

La sala II del Tribunal de Apelaciones convocó a un miembro de la sala I, Pablo Bertuzzi, ante los votos con diferente criterio de los dos jueces que resuelven en la causa, Eduardo Farah y Mariano Llorens, informaron fuentes judiciales.

Bertuzzi tendrá que desempatar entre sus dos colegas.

Es curioso que hayan designado justamente a ese magistrado, a quien la vicepresidenta acusó en más de una oportunidad de tener animosidad contra su persona y de haber sido nombrado a dedo por Mauricio Macri.

El planteo de sobreseimiento de la expresidenta está bajo análisis del Tribunal de Apelaciones tras ser rechazado por el juez de la causa, Sebastián Casanello, luego de la oposición a concederlo por parte del fiscal Guilermo Marijuan.

La expresidenta tiene falta de mérito en el caso.

La defensa presentó el planteo de sobreseimiento y advirtió que existe una «incesante campaña de persecución política» y que en la causa no hay «evidencia alguna» de una «eventual participación» de la vicepresidenta en alguna maniobra de lavado de activos.

Báez fue condenado a 12 años de prisión al término de un juicio oral por supuesto «lavado de dinero» en el que también hubo condenas para otros acusados, en un veredicto que ahora está bajo revisión en la Cámara Federal de Casación.

Casanello tiene aún abierto un tramo de la investigación en el que está imputada la expresidenta, quien fue indagada en el caso por orden de la Cámara Federal y luego se le dictó la falta de mérito.

Un árbitro polémico

Pablo Bertuzzi fue designado juez para desempeñarse en el TOCF N°1 de La Plata, luego fue trasladado al TOCF N°4 de la Capital Federal -jurisdicción diferente para la que había obtenido acuerdo del Senado- y desde allí, el 19 de septiembre de 2018, fue trasladado a la Sala I de la Cámara Federal porteña, a pesar de que existía un concurso en trámite destinado a cubrir las vacantes en esa Cámara (concurso 412)».

Las vacantes se debían cubrir en el marco del concurso que se encontraba en trámite y donde se habían presentado más de noventa aspirantes, pero el Poder Ejecutivo cubrió esa vacante sin concurso, trasladando a Bertuzzi a un Tribunal con distinta competencia en razón de la materia, del grado y con una función diversa».

La marcha atrás

En septiembre de 2020, El Gobierno nacional dejó  sin efecto, a través de tres decretos, los traslados de los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli.

Como parte del trámite, el Consejo de la Magistratura notificó a la Cámara Federal de Casación, autoridad administrativa de los jueces federales, la decisión del Senado de suspender los traslados dispuestos en 2018 por un decreto del entonces presidente Mauricio Macri.

El decreto 750/2020, que deja sin efecto el 278/2018, establece que el traslado de Bruglia del Tribunal Oral Federal 4 de la Capital Federal a la sala I de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal «no había completado el procedimiento» previsto en la Constitución Nacional, «ni se ajustaba a los parámetros estatuidos por la Corte Suprema en las Acordadas 4/18 y 7/18».

De la misma forma, el decreto 751/2020 suspende el 902/18, que dispuso el traslado del juez Germán Castelli del Tribunal Oral Federal 3 de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, al Tribunal Oral Federal 7 de la Capital Federal.

Finalmente, el decreto 752/2020 deja sin efecto los 438/10 y 835/18 que dispusieron el traslado del juez Pablo Bertuzzi del Tribunal Oral en lo Criminal 1 de La Plata al Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4 de la Capital Federal, y de éste a la sala I de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal.

Entre sus fundamentos, el Ejecutivo señaló que la Constitución establece «un único mecanismo para el nombramiento de los jueces federales» en base a «una propuesta vinculante en terna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado, en sesión pública».

FUENTE:TELAM