Vecinos se quejan de que la administración de Horacio Rodríguez Larreta no abre previamente una instancia de participación ciudadana para consultar sobre los cambios, ni escucha alternativas a los proyectos urbanos oficiales.

La avanzada del Gobierno porteño con obras que alteran la vía pública provocó una reacción de vecinos de la Ciudad, que se quejan de que la administración de Horacio Rodríguez Larreta no abre previamente una instancia de participación ciudadana para consultar sobre los cambios, ni escucha alternativas a los proyectos urbanos oficiales, lo que los lleva a iniciar acciones judiciales para frenarlos.

Los conflictos se multiplican en distintos barrios tanto del norte, como del centro y del sur, donde se ven los carteles con la leyenda «La transformación no para», el nuevo eslogan de la gestión de Larreta, que anuncian el inicio de las diferentes intervenciones como las ciclovías en avenidas con diseños particulares o el intento de suplir la carencia de plazas con las denominadas «calles verdes».

En ese marco, vecinos de la avenida Libertador, a la altura del barrio de Palermo, iniciaron recientemente un reclamo frente a la obra que ejecuta el Gobierno porteño en la avenida Libertador para la construcción de una ciclovía sobre cada una de las márgenes de la traza, la que se extenderá por 11 kilómetros desde la General Paz hasta Retiro.

«Esta obra no solo no beneficia a nadie, sino que va a empeorar nuestra vida», dijo a Télam Federico, un vecino que participó de las protestas que realizaron el martes y jueves pasados, sobre Libertador y Olleros, para visibilizar el enojo con la gestión de Horacio Rodríguez Larreta a raíz del doble sendero para los ciclistas.

El hombre consideró que los carriles exclusivos «están mal diseñados» y agregó «van a traer muchos problemas, como la quita de espacios para estacionar, el peligro para los peatones que tienen que tomar un colectivo ya que las dársenas están separadas por la ciclovías de la vereda y los accesos a los garajes que quedan bloqueados».

La obra, en tanto, fue defendida esta semana por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, al ser consultado por las quejas de vecinos, pero también de los automovilistas que transitan por la avenida Libertador y padecen las consecuencias. «Desde todo punto de vista es un beneficio», afirmó.

Pero, al contrario de la postura del jefe comunal, los residentes del corredor norte no piensan lo mismo, por lo cual presentarán el lunes un recurso de amparo para intentar detener el avance de los trabajos que ya concluyeron en el primer tramo en Núñez y va por el segundo que abarca, justamente, Palermo y Recoleta.

Al respecto, el abogado patrocinante y referente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo, anticipó a Télam que la acción judicial estará sustentada «en todos los parámetros de la democracia participativa ambiental que no se cumplieron» por parte de la gestión de Rodríguez Larreta encuadrados en la Constitución local.

La normativa establece, por ejemplo, el llamado a la ciudadanía a una audiencia pública obligatoria frente a proyectos vinculados al planeamiento urbano o ante modificaciones de uso o dominio de bienes públicos, además de instar a la presentación de estudios de impacto ambiental previa a la realización de este tipo de emprendimiento.

«Como existe un cambio de destino de una avenida, se tendría que haber convocado a una audiencia y, por la envergadura de la obra, también se debería haber realizado una evaluación de impacto ambiental», dijo Baldiviezo, quien fue el encargado de recolectar los cuestionamientos «a lo largo y ancho de los barrios que son afectados por esta obra».

Otro caso similar se dio en el barrio porteño de Caballito, donde el Ministerio de Espacio Público porteño proyectó el año pasado un parque lineal sobre la mitad de los carriles de la avenida Honorio Pueyrredón para crear una «calle de convivencia» que sumara vegetación a una zona que no cuenta con suficiente superficie verde.

Sin embargo, un grupo de vecinos evaluó que serían muchos los inconvenientes que la obra traería al barrio, sobre todo en cuestiones de tránsito, por lo que inició una campaña de resistencia con movilizaciones callejeras semanales, además de impulsar un amparo en el fuero Contencioso, Administrativo y Tributario que tuvo una respuesta favorable, ratificada por Cámara, para frenar los trabajos viales.

En su resolución, la justicia local entendió que el Ejecutivo incumplió con el proceso establecido para que pueda concretarse este tipo de construcciones, que prevé la participación ciudadana en una audiencia pública y la sanción de una ley para modificar el uso del espacio público.

En la actualidad, la agrupación barrial mantiene las marchas cada jueves para exigir la reapertura de los carriles de Honorio Pueyrredón que fueron clausurados para el tránsito vehicular en septiembre y pese al fallo judicial que dio marcha atrás con la idea del parque lineal aún están cerrados.

«Nos propusimos no dejar pasar una semana sin presionar a Larreta y sus funcionarios para que cancelen definitivamente este proyecto tan pensado en oficinas alejadas de la realidad de nuestro barrio y para que nos devuelvan nuestra avenida como corresponde», afirmaron.

Una idea parecida al parque lineal, pero con el nombre de «calles verdes», fue anunciada por la Secretaría de Obras porteña en 2022 para sumar «espacios para la convivencia con la naturaleza» sobre arterias con poco tránsito, entre las cuales se encuentran Vera en Villa Crespo, Triunvirato en Urquiza, Fernández de Enciso en Devoto y Castro en Boedo.

En el último caso, los residentes de Boedo convocaron ya a dos «semaforazos» para pedir a la gestión de Rodríguez Larreta que «pare con la locura» y «escuche» la postura de rechazo a la idea de montar sobre Castro canteros y maceteros y restringir el paso vehicular.

«El objetivo final que aseguran, que es crear nuevos espacios verdes, no se va a cumplir porque van a ser muy pocos metros. Lo único que van a lograr es afectar a la vida de la gente porque va a complicar el tránsito, los lugares para estacionar y la seguridad», dijo a Télam Sebastián, vecino de la zona.

Para la ingeniera civil y coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la UBA, María Eva Koutsovitis, aquí las autoridades porteñas tampoco «realizaron las audiencias públicas obligatorias antes del tratamiento legislativo de proyectos de modificaciones de uso o dominio de bienes públicos como es una calle».

«El Gobierno porteño quiere compensar la falta de espacios verdes con estas calles verdes y cumplir los indicadores de que haya un espacio verde cada 400 metros. Una trampa», destacó.

El martes próximo, la Comisión de Protección y Uso del Espacio Público de la Legislatura porteña tratará un pedido de informes presentado por la diputada del Frente de Todos Berenice Iáñez para conocer «el grado de participación vecinal en los proyectos de Calles Verdes».

«Dado el desconocimiento de algunos vecinos y vecinas de los barrios acerca de dicha intervenciones en el espacio público, también consideramos pertinente conocer la fuente de financiamiento de dichos proyecto así como los montos que se estipulan para su realización», señaló la legisladora.

FUENTE:TELAM/POR VALERIA AZERRAT