El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández se entregó este martes a la policía, como corolario de un trámite veloz que se inició el lunes por la noche con el ingreso de un pedido de extradición de la justicia de Estados Unidos por delitos vinculados con el narcotráfico, siguió al mediodía con la designación de un juez para hacerse cargo del expediente y terminó con la emisión de una orden de captura contra el hombre que ejerció el poder en su país hasta hace menos de tres semanas.

Vestido de azul, Hernández salió de su vivienda e inmediatamente un grupo de las decenas de policías que rodeaban su casa le colocó un chaleco antibalas y lo esposó de pies y manos para trasladarlo a una unidad policial para ser presentado posteriormente ante el juez.

El magistrado Edwin Ortez fue designado este martes mismo por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) hondureña para hacerse cargo del expediente de extradición de quien entregó el gobierno el último 27 de enero a la actual mandataria, Xiomara Castro.

Se estimaba este martes por la mañana que la tramitación del pedido de extradición podría demorar de tres a cuatro meses.

Hernández, cuyo hermano está preso y condenado a cadena perpetua en Estados Unidos por narcotráfico, fue acusado por ese mismo país de haber participado, de 2004 y hasta 2022, en el tráfico de al menos 500 toneladas de cocaína, recibida en Honduras desde Colombia, Venezuela y otros países, y enviada sucesivamente hacia el territorio estadounidense.

Esto resulta de la documentación enviada por Washington a la Cancillería en Tegucigalpa en apoyo de un pedido de extradición, basado en el tratado firmado por Estados Unidos y Honduras el 15 de enero de 1909.

La residencia de Hernández amaneció rodeada de un fuerte contingente policial instalado desde el lunes por la noche, cuando trascendió el pedido de su extradición.

El secretario de Seguridad, Ramón Sabillón, consideró “sustancial” la cantidad de droga traficada por la que Estados Unidos acusa a Hernández, y detalló que la orden de extradición señala al exmandatario por cuatro delitos, que incluyen narcotráfico y tráfico de armas.

“No se trata de cinco kilogramos, como es el caso de los otros que han sido llamados en extradición; no, son más de 100 kilogramos, una cantidad considerable, bastante fuerte”, reveló Sabillón, según el diario local La Prensa.

El funcionario reseñó que la presidenta Castro ordenó que se cumpliera la ley en todos los términos y pidió estar permanentemente informada del caso.

El abogado de Hernández, Hermes Ramírez, denunció en el noticiero local TN5 que su representado estaba siendo objeto de «atropellos» al ser rodeada su vivienda por el cordón policial, impidiendo el acceso de sus asesores.

Decenas de personas llegaron con pancartas a la residencia para celebrar y en otras ciudades hubo gente que salió a las calles con altoparlantes que emitían a todo volumen con una pegajosa canción que versaba «Juancho va para Nueva York», según videos que circularon en redes sociales.

El vocero de la Corte, Melvin Duarte, había explicado que el juez Ortez revisaría la solicitud de Estados Unidos, “valorará la información y a partir de allí decidirá si se emite una orden de captura, o espera una comunicación por parte de los abogados para llevarse a cabo la entrega voluntaria”, pero la orden de captura se emitió en tiempo récord.

Para cuando la Corte designó al juez a cargo del expediente, Hernández ya había anunciado a través de un audio publicado en su perfil de Twitter su decisión de entregarse a la autoridad judicial designada.

«Son las 5.44 de la mañana, les mando un mensaje a todos los que me han acompañado con sus oraciones, con sus buenos deseos, muchísimas gracias; no es un momento fácil; a nadie se lo deseo», señaló.

Y agregó: «El propósito de este mensaje es que la Policía Nacional a través de mis apoderados ha recibido ya mensajes que estoy listo para colaborar y llegar voluntariamente con su acompañamiento en el momento que el juez natural que designe la Corte Suprema, para poder enfrentar esta situación y defenderme».

El 7 de este mes, el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, había revelado que Hernández estaba desde el 1 de julio de 2021 en la lista de personas señaladas de corrupción o de socavar la democracia en El Salvador, Guatemala y Honduras.

«Estados Unidos está promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas en Centroamérica al hacer públicas las restricciones de visa contra el expresidente Hernández debido a actos corruptos», detalló Blinken. «Nadie está por encima de la ley», subrayó.

Hernández fue implicado por fiscales de Nueva York en vínculos con el narcotráfico.

Su hermano, el exdiputado Juan Antonio «Tony» Hernández, fue condenado en marzo de 2021 a cadena perpetua en Estados Unidos por ese mismo delito.

Hernández niega todos los cargos y asegura que las acusaciones son una venganza impulsada por los mismos capos de la droga que su gobierno capturó o extraditó a Estados Unidos.

Tras entregar el poder a Castro, Hernández juró como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), un beneficio al que acceden todos los expresidentes de la región al dejar el cargo, lo que le concede derecho a inmunidad y antejuicio.(Télam)