Según el director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), Nadin Argañaraz, los trabajadores registrados en el sector privado perdieron el equivalente a 5,9 salarios y los del sector público a 7,5 salarios. Aun más golpeados, los trabajadores informales perdieron 10,6.

“La persistente inflación erosionó el poder adquisitivo y, dado que continúa en niveles elevados, lo sigue haciendo. La baja sostenida de la tasa de inflación es uno de los principales desafíos de la sociedad argentina, ya que las pérdidas que ocasiona este fenómeno, ponen en situación de alta vulnerabilidad a muchos sectores de la población”, sostuvo el economista.

En el mismo sentido, un informe de la consultora IDESA subrayó que el salario medido en dólar CCL, cerró 2021 en niveles de 2003, y casi un 70% por debajo del pico de los últimos años, alcanzado en 2017.

El mismo análisis había sido realizado hace unos 20 días por el analista Nery Persichini. El especialista en finanzas había remarcado que el salario de fines del año pasado equivalía al 26% del máximo de la convertibilidad, al 43% del valor previo a la crisis de 2001 y al 32% del máximo verificado en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

En 2021 los salarios repuntaron 1,6% en términos reales. Los más beneficiados fueron los trabajadores del sector público (+5,1%), seguidos de los empleados formales del sector privado (+2,9%). Por su parte, si bien los trabajadores informales redujeron su pérdida de poder adquisitivo, sufrieron una nueva caída significativa de 6,9% en sus ingresos.

Un informe de la consultora Synopsis señaló que los grandes gremios pudieron cerrar paritarias por encima de la inflación. Los principales ganadores fueron Sanidad, la Unión Obrera Metalúrgica, Petroleros, Alimentación y Camioneros 8,3%.

Por el contrario, el sindicatos de gastronómicos, la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), los estatales agrupados en UPCN, y la Unión Tranviarios Automotor (UTA) cerraron a la baja.

tramitar la denuncia, por lo que estamos a la espera de una decisión”.

El legislador dijo que este fallo “no fue una sentencia sino un procedimiento judicial, cuyo único objetivo fue garantizar la impunidad de (Mauricio) Macri y de los responsables de la AFI” para asegurarse de que “no respondan por sus atropellos” .

Señaló que “existen pruebas que son más que evidentes contra Llorens y Bertuzzi, que debieron haberse excusado porque Llorens tenía dentro de la causa a un primo hermano que estaba como querellante y ambos figuraban en la agenda de otro imputado, como el exsecretario de Macri, Darío Nieto”.

Los legisladores señalaron que “el propio contenido del fallo aquí recurrido, por sí mismo corrobora los temores de parcialidad fundadamente invocados por las querellas respecto de los jueces Llorens y Bertuzzi. Basta para ello remitirse a los escritos que presentara nada menos que el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, señalando, una vez más, la manera en que la garantía del juez natural resultaba mancillada en el caso”.

“A la luz de estos antecedentes y de las abrumadoras evidencias reunidas en la investigación llevada a cabo por el juzgado federal de Lomas de Zamora, resulta inaudita la resolución de la Cámara Federal que revocó el procesamiento del exdirector general de la AFI Gustavo Arribas y de otros altos funcionarios de la agencia”, agregaron.

Señalaron que “la lectura de la resolución de los jueces Llorens y Bertuzzi lleva a la convicción de que estamos ante una resolución arbitraria, dictada por razones ajenas a las jurídicas”.

“El contenido de su resolución írrita según ya la han cuestionado en el trámite numerosas víctimas y se enmarca en el mal desempeño que han evidenciado a lo largo del trámite, según se lo reseñara, interesándose en mantener una intervención que la legalidad les impedía, eludiendo los reclamos de las víctimas y procurando garantizar la impunidad de aquellos a los que se vincula”, agregaron.

En la presentación, la Bicameral destacó que “el mal desempeño denunciado ha quedado evidenciado y debe ser objeto de consideración por ese Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación”

Agregó que “las propias víctimas de la organización delictiva investigada han descripto en sus presentaciones ‘las circunstancias objetivas que demuestran la gravedad institucional que reviste el caso’”.

“Por todo ello, resulta indispensable que de una vez por todas el servicio de administración de justicia se haga cargo de dar una respuesta respecto de hechos que exceden largamente el interés de las partes constituidas en la causa”, ya que “se encuentra en juego el normal funcionamiento de las instituciones democráticas en su conjunto”.

También señaló que se informó a la Corte Suprema pero “no sólo omitieron dar una respuesta jurisdiccional con la celeridad que el caso requería, sino incluso ahora se han apartado del mismo, sin brindar a tal efecto ninguna explicación plausible”.

“Por ende, ya es hora de que los miembros del Poder Judicial de la Nación, que en su enorme mayoría no se encuentran contaminados, le devuelvan a esta investigación el trámite que corresponde”, sostuvo el organismo parlamentario.

Y aseveró que eso se debe hacer “no solo por el interés de las partes constituidas en el presente proceso o por la conveniencia de algún sector político, sino antes bien para que en la Argentina se mantenga o restablezca, de manera irrestricta, la vigencia del Estado de Derecho, cuya recuperación, tanto sacrificio nos costara”. (DIB)