Las tareas en relación de dependencia para la empresa editorial “IJ International Legal Group” fueron autorizadas días atrás por la jueza de ejecución penal María Jimena Monsalve, a partir de un pedido de la Unidad de Letrados Móviles de la Defensoría General de la Nación (DGN).

Un comunicado del área de Prensa y Difusión de ese ministerio público consignó que se trata de “un caso sumamente excepcional, en el que un actor privado pretende colaborar con el proceso de reinserción social de un detenido, brindándole una herramienta fundamental como lo es un trabajo remunerado”.

Agregó que “ahora el Servicio Penitenciario Federal (SPF) deberá suministrar al condenado una conexión de internet estable y coordinar con el personal de la empresa la entrega de las herramientas para las labores” (computadora y teléfono fijo) y “habilitar un día para que el detenido reciba la capacitación necesaria y asignarle un lugar adecuado para realizar el trabajo”.

El documento, que mantuvo en reserva la identidad del preso, destacó que la jueza “dio intervención a la del SPF, María Laura Garrigós, para que impulse el cumplimiento de su disposición e informe sobre las gestiones realizadas al respecto”.

Monsalve decidió ponderando las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de Reclusos (Reglas Mandela) que, en relación al trabajo de los detenidos, señalan que la organización y los métodos penitenciarios deberán asemejarse todo lo posible a los que se aplican fuera del establecimiento carcelario, para preparar a los reclusos para las condiciones normales del trabajo libre.(Télam)