La diferencia surge al cotejar los precios de determinados productos relevados por la asociación Consumidores Libres, con los nuevos valores máximos de 1.432 productos de consumo masivo que estará vigente hasta el 7 de enero próximo.

Con una diferencia en algunos casos inferior en algo más del 40% respecto de lo que los consumidores debieron abonar en comercios porteños en las primeras semanas de octubre, la Secretaría de Comercio Interior dio a conocer los precios máximos de una nueva canasta compuesta por 1.432 productos de consumo masivo que estará vigente hasta el 7 de enero próximo.

La diferencia surge al cotejar los precios de determinados productos relevados por la asociación Consumidores Libres en supermercados y negocios de barrios de la ciudad de Buenos Aires durante la primera quincena de octubre, con los nuevos valores máximos fijados por la dependencia que conduce Roberto Feletti.

En el rubro almacén, según la «canasta básica de alimentos» elaborada por la entidad que conduce Héctor Polino, el precio promedio del aceite Cocinero girasol de un litro y medio fue de $410; el arroz grano fino de 1 kilo, $160; el paquete de azúcar común de 1 kilo, $100; harina de trigo de 1 kilo, $98; un leche sachet entera de 1 litro, $128; y un paquete de yerba mate de un kilo a $590.

En la lista fijada por el Gobierno, en el caso del aceite Cocinero Girasol de 1 litro y medio, el precio máximo es de $228,45 por unidad; el arroz grano fino de 1 kilo, $104,55; el paquete de azúcar común de un kilo, $73,30; harina de trigo común de 1 kilo, $51,55; 1 litro de leche entera en sachet, $59,75; y el paquete de un kilo de la yerba mate Playadito a $479,22.

En el caso del aceite de girasol de un litro y medio, la diferencia de algo más del 40% que refleja el precio relevado por la asociación con el valor máximo fijado por la Secretaría de Comercio Interior se ubica en torno al 15%, al cotejar un producto de similar característica en base a la lista de precios al consumidor informada por el Indec en la medición de septiembre pasado.

En base a los datos relevados por la Dirección de Índices de Precios de Consumo del Indec, por una botella de un litro y medio de aceite de girasol los consumidores del Gran Buenos Aires debieron abonar $273,66 promedio.

En tanto, el arroz blanco simple de un kilo tuvo un precio promedio de $115,14 durante el noveno mes del corriente año; el paquete de un kilo de azúcar común, $78,15; 1 kilo de harina de trigo común $56,83; y 1 litro de leche entera en sachet $93,73.

El relevamiento de precios del Indec en el caso de la yerba mate no contempla el paquete de un kilo, ya que el tamaño comprendido es la unidad de medio kilo, que en septiembre tuvo un precio promedio de $211,81.

En el caso puntual del aceite de girasol, el relevamiento de la asociación Consumidores Libres pone de manifiesto la diferencia que existe entre las grandes cadenas de supermercados con los comercios y autoservicios de barrios, ya que el programa Precios Cuidados –que incluye dentro de su oferta al aceite Cocinero de un litro y medio- se encuentra disponible en los primeros, mientras que en los segundos el valor final está sujeto al valor de intermediación más la diferencia que fija cada comerciante.

El miércoles 13 de octubre pasado, en su primer acto de gestión, Feletti anunció la puesta en marcha de un acuerdo con las principales empresas de consumo masivo y cadenas de supermercados para mantener los precios estables de 1.247 productos de consumo masivo durante 90 días, hasta el 7 de enero de 2022.

Desde el sector privado –en especial desde las empresas alimenticias- surgieron contrapropuestas sin que lograran arribar a un consenso general, lo que determinó que seis días después del anuncio inicial, la Secretaría de Comercio Interior emitiera una resolución en la que estableció la «fijación temporal de precios máximos de venta al consumidor para todos los productores, comercializadores y distribuidores» de 1.432 productos de consumo masivo en todo el territorio nacional.

La lista de productos con precios retrotraídos a los valores vigentes al 1 de octubre pasado fue consensuada por un «amplio porcentaje de los representantes de las empresas participantes (tanto productoras como comercializadoras)», sostuvo la cartera que funciona en la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo.

Horas antes de que Comercio Interior realizara el anuncio, la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios de Argentina (Copal) dijo que en la convocatoria formulada por el Gobierno no estaban «garantizadas las condiciones para conciliar las posibilidades de los sectores frente al pedido de estabilización de precios».

«La realidad demuestra que las políticas de congelamiento de precios no logran resolver los desequilibrios macroeconómicos que dan origen a la inflación. Adicionalmente, resultan insostenibles ya que afectan el largo plazo para la continuidad productiva, dado que lleva a las empresas a producir a pérdida por no atender los innumerables aumentos de costos que viene afrontando el sector», agregó la entidad que conduce el presidente de la Copal y de la UIA, Daniel Funes de Rioja.

«La realidad demuestra que las políticas de congelamiento de precios no logran resolver los desequilibrios macroeconómicos que dan origen a la inflación»

COPAL

Ante este contexto y frente a la posibilidad de que se pueda registrar desabastecimiento de productos, como advirtieron empresarios y dirigentes de la oposición, el Gobierno decidió sumar a provincias e intendencias al control que pondrá en marcha para supervisar el cumplimiento de los precios máximos y el abastecimiento en comercios y supermercados.

Una de las patas que formó parte de las negociaciones, el sector supermercadista, el viernes aseguró que las cadenas están trabajando para que «el cambio de precios» resultante de la decisión oficial de congelar los valores de 1.432 productos de consumo masivo «se vea reflejado en las góndolas a la mayor brevedad posible».

La Asociación de Supermercados Unidos (ASU), en un comunicado, reiteraron su «disposición al diálogo» y expresaron que confían en el «compromiso» del sector productivo «para cumplir y mantener sus niveles de servicio dado que, como último eslabón de la cadena», dependen de eso «para satisfacer las necesidades de clientas y clientes».