Así, tanto el Presidente como los dos ministros de Desarrollo Social de su gestión -Daniel Arroyo, de 2019 a 2021, y su sucesor en el cargo, Juan Zabaleta- pusieron el foco en la necesidad de transformar los distintos planes sociales en puestos de trabajo, en un acuerdo tripartito con las cámaras empresarias y las organizaciones de trabajadores.

El primer paso fue dado en agosto pasado con los trabajadores rurales, que en un total de 250 mil pasaron a desempeñar sus funciones en el terreno mientras mantienen la asistencia del Estado, sin perder las asignaciones ni ninguna de sus atribuciones.

Fue el resultado de un trabajo conjunto entre el Gobierno nacional, las cámaras empresarias y los trabajadores de la economía popular, bajo el arbitraje de los Ministerios de Desarrollo Social y Trabajo, a cargo de Zabaleta y Claudio Moroni, respectivamente.

A ese inicio le siguió el programa «Construir Trabajo e Igualdad», anunciado el lunes último por el Gobierno y que, en los hechos, implica la transformación de planes sociales en trabajo en el sector de la construcción.

Esa iniciativa, que fue presentada en la sede de la UOCRA por el jefe de Gabinete, Juan Manzur; el titular de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Iván Szczech, y el secretario general del gremio, Gerardo Martínez, está orientada a la «formación, capacitación profesional e inserción laboral formal en obras públicas nacionales, provinciales y municipales para personas beneficiarias de planes de asistencia social», según se informó oficialmente.

El programa tiene un alcance federal y prioriza los grandes conglomerados urbanos del país que presentan mayores índices de vulnerabilidad, como el Gran Buenos Aires, Gran Rosario, Gran Santa Fe y Gran Tucumán.

Esa concepción también responde a un planteo expresado por el Presidente en numerosas oportunidades: la necesidad de que la oferta laboral se «federalice» para evitar aglomeraciones en los grandes centros urbanos y alcanzar una distribución armónica de las potencialidades del trabajo.

Para una primera etapa de implementación, que comprende el último trimestre de 2021 y el primero del año próximo, el Ministerio de Obras Públicas propone la incorporación al programa de 124 obras, que representan una inversión total de $21.761 millones y generarán 5.792 empleos directos con perspectiva de género y 3.141 indirectos.

«Estamos viendo indicadores de crecimiento y estamos muy agradecidos de poder trabajar con la cámara y el gremio de la construcción para transitar este camino de transformación del plan Potenciar Trabajo en empleo genuino», destacó, por su parte, Zabaleta.

El Gobierno tiene previsto sumar a esta propuesta de reconversión laboral a la industria textil, de extenso desarrollo en el país, y la gastronomía, entre otros sectores de la economía que, además de impactar en la creación de puestos de trabajo, favorecen la producción y el consumo.

Si bien la construcción genera muchos puestos de trabajo por su ramificación en el sector público y privado, el Poder Ejecutivo tampoco quiere perder de vista a los otros sectores y avanzará en nuevos horizontes para robustecer la oferta de empleo destinada a beneficiarios de planes sociales.(Télam)