Un grupo de vecinos presentó un recurso de amparo. Un estudio ambiental encontró una concentración de herbicida 45 veces superior a la permitida por la Unión Europea.
Damián y Paula cierran las ventanas no bien sienten la fumigación en un campo cercano. Nicolás nota cambios en las hojas de los árboles de su patio, en pleno casco urbano. María Florencia siente mal gusto en el agua de pozo y hace meses que solo toma agua envasada. Tras comprobar que las napas, el suelo y hasta la lluvia tienen pesticidas, presentaron un recurso de amparo y la Justicia ordenó a la Municipalidad de Lobos a proveerles agua potable.
La medida cautelar, a la que pudo acceder Clarín, responde a preservar “el derecho humano de acceso al agua potable, la salud y la vida de una gran cantidad de personas, entre ellas menores de edad” en una zona productora de maíz y soja, a solo 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.
En principio, la Municipalidad de Lobos deberá proveer con bidones de agua “sin arsénico ni agrotóxicos” a clubes, escuelas y centros de salud, así como a los vecinos que presentaron en junio un estudio ambiental realizado de manera independiente con el apoyo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Balcarce.
El análisis de químicos, que fue financiado por casi 370 vecinos, encontró 11 plaguicidas distintos en aguas subterráneas a diferentes profundidades, de donde se extrae agua de pozo para consumo familiar, y 10 plaguicidas en el agua de lluvia, a partir de una muestra tomada el 9 de abril.
En la red de agua corriente del municipio también se detectó la presencia de químicos. Por ejemplo, el herbicida 2-4-D tenía una concentración en el agua 45 veces superior a lo aceptado por la Unión Europea, autoridad que es la referencia tomada por el INTA para estos análisis.
Los resultados son “escalofriantes”, define por teléfono María Florencia Polimeni. La mujer vive desde el 2013 en Lobos y fue una de las impulsoras del estudio, tras que varios vecinos le hicieran notar el impacto de las fumigaciones en el pueblo y en zonas rurales.
“Me dio mucho miedo. Yo les doy agua todos los días a mis hijas de 15 y 11 años, y jamás pensé que iba a tener ese grado de contaminación. Es muy difícil aceptar que uno vive en un ambiente que te pone en peligro. Es algo que cuando vivís en la ciudad uno pierde de vista, porque tenés la planta potabilizadora, pero en la provincia uno toma agua de pozo”, cuenta a Clarín.
Hace unos días, una señora del barrio pidió su número de teléfono tras escucharla hablar en una radio sobre los efectos del consumo crónico del agua en esas condiciones. “Me llamó llorando. Estaba muy preocupada, porque tenía unas manchas en la piel y hace tiempo que le sentía sabor raro al agua. Me dijo: ‘No sé qué hacer porque no tengo plata para comprar agua envasada’”.
Además de disponer la entrega de agua potable para las instituciones comunitarias, el municipio deberá entregar agua para los hogares de los diez vecinos que presentaron el amparo. Los bidones deberán alcanzar para el consumo, la higiene y la cocción de alimentos de todos los integrantes de la familia en una ración no menor a 200 litros por mes. Se debería ampliar la demanda, para que otros vecinos puedan acceder también.
Por otra parte, la Justicia ordenó la realización de nuevos estudios periódicos. El primero estará a cargo de la Municipalidad que tendrá que informar los resultados cada dos meses a través de los medios de comunicación o las boletas del servicio.
En segundo lugar, deberá intervenir el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS) con un Plan de Vigilancia Epidemiológica durante al menos 6 meses. Deberá estudiar aguas subterráneas, así como informar sobre el supuesto uso indebido de agrotóxicos para tomar acciones, si fuera necesario.
Pablo Fazio, otro de los amparistas, está preocupado por “el grado de negacionismo” que nota tanto en funcionarios como en algunos productores de la zona. “En pueblos rurales como este, estudiar los efectos de los pesticidas implica abrir un debate sobre la política agropecuaria y eso genera tensión entre algunos miembros de la comunidad”.
“Muchos no se animan a denunciar, otros temen perder el trabajo o te dicen: ‘Ya van a ver lo que va a ser si impiden el uso de estos pesticidas, el rendimiento no va a alcanzar’. Pero es suicida, porque las familias de esos productores también toman el agua y están expuestas a enfermedades como cáncer. Y sí hay prácticas de agricultura sustentables”, señala.
La decisión de presentar un pedido de amparo en la Justicia surgió tras que presentaran los resultados de los análisis al municipio. “Esperábamos que las autoridades se sensibilizaran con la temática y actuaran. Pero pusieron en duda los resultados y dijeron que no era tan grave. Se está violando algo básico que es el derecho al agua y se está perdiendo la biodiversidad, sin que nadie haga nada”, alertó.
Clarín consultó a la Municipalidad de Lobos si acatará el amparo, pero desde el área legal contestaron que todavía no tienen «notificación por parte de ningún órgano de la justicia» en relación al «supuesto amparo», lo que se podría resolver esta semana cuando termine la feria de invierno en el poder judicial bonaerense.
«Estamos a la espera de ser notificados oficialmente para darle tratamiento al tema», agregaron.

Embarazada entre fumigaciones
Damián Lencina (35) y Paula Rabinovich (33) también son biólogos y llegaron hace 8 años desde la Ciudad de Buenos Aires para dedicarse a la producción agroecológica. Viven en una zona rural, a 3 kilómetros de donde empieza el asfalto de Lobos y a unos 8 kilómetros del centro del municipio. Al principio, cosecharon lo suficiente para auto sustentarse y con el tiempo comenzaron a dar talleres y producir para abastecer a otros vecinos.
“Nos mudamos acá porque queríamos rescatar las prácticas sustentables que quedaron relegadas con este modelo de practicidad de tirar un liquidito mágico, pero cada vez que fumigan en campos cercanos nos tenemos que meter adentro de la casa o nos vamos del campo para cuidar nuestra salud”, cuenta Paula, que está embarazada.
A veces, sienten el olor y les hace doler la cabeza. “Pero el problema real es a largo plazo con la aparición de enfermedades crónicas”, señala Damián y asegura que no hay suficiente información sobre la toxicidad de los pesticidas: “Esperábamos que el estudio ambiental mostrara algo mucho más leve, esperábamos encontrar trazas de estos químicos, es decir cantidades no cuantificables, porque las moléculas no solo no se degradan sino que están presentes a los 30 a 40 metros de profundidad”.
Es un “cóctel de toxicidad”, define Paula. “Al menos, con este amparo que interpusimos nos vamos a dormir con la conciencia tranquila. Yo curso mi primer embarazo y enterarse de todas estas cosas y preguntarte si habrá afectado en algo en mi embarazo es duro. Son miedos que intento que no me afecten en el día a día, pero están”.

“No quiero esto para mis hijas”
Nicolás Olalla (43) es de Lobos. Estudió biología en La Plata y volvió en 2014 al partido junto a su familia. En 2020, estaba participando como asesor en el Concejo Deliberante de Lobos para la regulación de uso de fitosanitarios, cuando notó que las hojas de los árboles de su propia casa, ubicada en la zona de quintas de la ciudad, tenía un aspecto extraño.
Había estado revisando estudios científicos y relevamientos de distintas universidades. Entre ellos, encontró que vecinos del municipio bonaerense de Trenque Lauquen habían reportado casi las mismas anomalías en la vegetación: “Se ven deformaciones de las hojas, que es como si se retorcieran, y ramas en las que directamente se detiene el crecimiento. Y todo era producto de la deriva de plaguicidas de los campos de soja”.
Lo segundo que lo “alarmó” fue que varios estudios relacionaban el consumo de pesticidas, como el 2-4-D, la atrazina y el glifosato con la aparición de enfermedades endocrinológicas: “Yo me crié acá en Lobos y mi mujer en Chivilcoy, que está en el núcleo de la zona sojera. Ambos consumimos agua de pozo desde chicos y de adultos desarrollamos problemas de tiroides”.
Los resultados del estudio detectaron la presencia de 6 plaguicidas, 2 herbicidas y 2 fungicidas en vegetación de la ciudad. “Los plaguicidas no se quedan en los cultivos como afirma el Círculo de Ingenieros Agrónomos de Lobos, porque se aplican en cantidades que superan en 5 veces lo que se admite en Europa y porque su propia química molecular los vuelve incontrolables, sin importar qué técnica de aplicación se use”, detalló Olalla.
El biólogo es uno de los vecinos que presentaron un recurso de amparo. “Algunos plaguicidas son disruptores endocrinos además de cancerígenos y ni siquiera está estudiado cuál es el efecto de sinergia que tienen al estar mezclados entre sí y con el agua del lugar, que de por sí tiene arsénico”, detalló.
El municipio también tendrá que proveer en su casa el agua. “Si nos sumamos como amparistas en esta causa es porque no queremos que nuestras hijas estén expuestas a los agrotóxicos, como lo estuvimos nosotros. Ya estamos comprando bidones de agua para beber, pero yo soy docente y no me alcanza el sueldo para más. Lamentablemente tenemos que consumir el agua de pozo para cocción de los alimentos por ahora”.

Fecha de Publicación: 03/08/2021
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Buenos Aires
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