La Auditoría porteña advierte que el Gobierno de la Ciudad dejó de controlar el plomo en sangre de las y los habitantes de la Cuenca del Riachuelo y desvió fondos del saneamiento a otros fines.
El auditor porteño por el Frente de Todos Lisandro Teszkiewicz advirtió que “el Gobierno porteño disolvió el organismo que tenía que encargarse del principal foco de contaminación ambiental, el Riachuelo” y que “cuando se revisaron los números, quedó a la vista que más de la mitad del presupuesto destinado al saneamiento se lo utilizó en otras cosas”.
De acuerdo con el informe elaborado por la Auditoría General de la Ciudad (AGCBA), desde el año 2013 en el Poder Ejecutivo porteño, existía la Unidad de Proyectos Especiales Cuenca Matanza Riachuelo (UPE CUMAR) que tenía como finalidad específica articular y coordinar las actividades, acciones y/o proyectos relativos a la Cuenca entre las diversas áreas de Gobierno, con ACUMAR, la Justicia y otras jurisdicciones intervinientes en la Causa Mendoza. Sin embargo, hacia finales de 2019 el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta disolvió la UPE y sus funciones quedaron subsumidas en dos áreas, la Subsecretaría de Asuntos Interjurisdiccionales y Políticas Metropolitanas (SSAIYPM) y la Dirección General de Políticas y Estrategias Metropolitanas (DGPEM).
Según los datos volcados en el informe las cuestiones del Saneamiento del Riachuelo no sólo perdieron su nombre, sino que quedaron mezcladas con otras problemáticas del Área Metropolitana y la articulación, no ya con 14 municipios pertenecientes a la Cuenca, sino con los 40 municipios que integran el AMBA, dejando de ser el objetivo principal de un área específica del Gobierno de la Ciudad.
Además, el documento marca que para el 2019, la SSAIYPM presentó a ACUMAR una propuesta de inversión en el PISA CABA de $8.499.201.165 de los cuales ACUMAR, aprobó $ 5.277.240.586. En el informe aprobado por unanimidad por la Auditoria se verificó que se habían incluido acciones no identificadas con el saneamiento que representan el 54,58% de la inversión.
Respecto a las relocalizaciones, cabe destacar que dentro de las prioridades establecidas en la Causa Judicial se encuentran los plazos de cumplimiento del Convenio Marco, avanzando en la liberación del Camino de Sirga a la altura de las villas 21-24 y 26, y a más de 10 años del compromiso contraído, los gobiernos de Macri, primero, y Rodríguez Larreta después, no ha dado cumplimiento a lo ordenado por la CSJN. Esto se evidencia con los datos aportados por el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) al organismo de control que informó que aún se encuentran 1029 familias para ser relocalizadas de 2527 (según el Convenio Marco).
Además, el informe elaborado por la Auditoría señala entre sus observaciones que “no consta que el Ministerio de Salud de la Ciudad haya efectuado evaluaciones toxicológicas para determinar el dosaje de plomo en sangre durante el período auditado”.
En ese marco, el auditor del peronismo porteño dijo que “en cuanto a la reubicación de las familias el informe es muy claro, ya que, a más de 10 años del Convenio Marco, todavía falta reubicar a más de 1.000 familias, y lo que es más grave en el año 2019 dejaron de hacerse los controles de plomo en sangre de la población de la cuenca”.
El informe de la Auditoría concluye con que “los plazos comprometidos se encuentran vencidos. El objetivo no debería ser, simplemente, mostrar un mayor monto de inversión en el PISA incorporando obras y servicios que no están relacionados con las prioridades del saneamiento de la Cuenca, mientras se siguen retrasando las obras de relocalización de las personas que siguen viviendo en ambientes altamente contaminados. El objetivo, debería ser, concentrar los recursos para cumplir con la planificación y los tiempos de las contrataciones realizadas de manera de optimizar los fondos disponibles en el Presupuesto para el saneamiento”.
En ese sentido, Teszkiewicz enfatizó: “Por más publicidad y negociados que haga con las empresas de basura, Rodríguez Larreta no solo es ineficaz en la ejecución de la política ambiental, sino que lisa y llanamente elimina los organismos destinados a sanear el Riachuelo, que es el mayor riesgo ambiental de nuestra población, y suspende los controles de salud en las áreas contaminadas”.