Los chilenos tendrán varias elecciones en una el próximo fin de semana, pero en el país vecino nadie duda que el premio más deseado, para el oficialismo y para la oposición, es la mayoría o al menos la primera minoría de la Asamblea Constituyente que pondrá fin definitivamente a la Carta Magna que dejó la dictadura de Augusto Pinochet.

Los futuros constituyentes tendrán entre 9 a 12 meses para presentarle al país una nueva Carta Magna, el principal reclamo que cristalizaron las masivas protestas que sacudieron al país en octubre de 2019 y llegaron a poner en jaque al segundo gobierno de Sebastián Piñera.

Las manifestaciones comenzaron con un grupo de unos 80 estudiantes secundarios, que decidieron rechazar el aumento del pasaje del Metro de Santiago (subte) de 30 pesos (5 centavos de dólar) y llamaron a saltar los molinetes de ingreso a las estaciones como una forma de resistencia cívica.

Con el pasar de los días, cada vez más personas se sumaron a la protesta hasta que el 18 de octubre miles de chilenos evadieron el Metro y Carabineros, la policía nacional, los reprimió. Esas imágenes terminaron de desatar la furia de la ciudadanía.

Las protestas, la represión y luego los disturbios se extendieron y multiplicaron en todo el país, y el Gobierno respondió con un decreto de Estado de Emergencia y sacando al Ejército. Esta decisión no hizo más que escalar la represión y la ira de los manifestantes.

Ante la ola masiva de protestas, que ya incluían otras reivindicaciones políticas, sociales y económicas, el presidente Piñera hizo una declaración que solo alimentó la violencia en las calles: dijo estar «en guerra contra un enemigo poderoso e implacable».

Para este punto, los chilenos no sólo estaban manifestándose contra el alza del pasaje del subte, sino que pedían ahora un mayor acceso a la salud y la educación, un mejor salario para trabajadores y todo esto pedían plasmarlo en una nueva Constitución.

Todos estos reclamos se visibilizaron en la histórica jornada del 25 de octubre de 2019, cuando más de 1,5 millones de personas se concentraron en el centro de Santiago en la llamada «marcha más grande de Chile».

Esta convocatoria tuvo un mensaje, desplegado en una bandera gigante que decía «Chile despertó» y «No estamos en guerra», frases que respondían de forma contundente a las declaraciones del presidente Piñera.

Durante más de un mes, la violencia y el descontrol se apoderó de Santiago y las principales ciudades del país, hasta que el Gobierno tuvo que cambiar su postura y se acercó a la oposición -que nunca llegó a encabezar las protestas o convertirse en su interlocutor- para llamar a la paz y avanzar en un proceso constituyente.

En la madrugada del 15 de noviembre de 2019, los principales líderes del arco político chileno firmaron un «Acuerdo por la Paz y nueva Constitución en Chile» en la sede del Congreso Nacional en Santiago.

Aunque el pacto logró bajar un poco la tensión en el país, las protestas continuaron y con ellas se multiplicaron los reclamos y los temas que los manifestantes querían ver reflejados en la nueva Constitución, como la eliminación de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y su reemplazo con un mejor sistema y un mayor reconocimiento a los pueblos mapuches.

Las protestas en todo Chile siguieron hasta entrado el año pasado, pero fueron mermando ante la alerta de la aparición del coronavirus, que terminó llegando al país en marzo.

Sin embargo, ni la pandemia logró frenar el reclamo de una nueva Constitución y la presión fue tan clara que el gobierno de Piñera cumplió con un referendo, pese a los contagios y muertes diarias por la Covid-19..

El 25 de octubre de 2020, el 77,85% de los chilenos aprobó en un histórico plebiscito la redacción de una nueva Constitución que pusiera a debate todo el sistema político, económico y social heredado del pinochetismo.

También eligieron el órgano que redactará a la nueva Carta Magna: una Convención Constitucional, compuesta por 155 ciudadanos 100% electos y de composición paritaria, que sesionarán hasta durante un año desde la sede del Congreso nacional.

Esta decisión marcó un hito ya que por primera vez el pueblo participará en el proceso de una nueva Constitución. La actual, en cambio, fue escrita en los últimos años de la dictadura a puerta cerrada por la llamada Comisión Ortúzar, integrada por constitucionalistas afines al pinochetismo.

También dejó una importante enseñanza de cara al futuro: las protestas y la presión en las calles pudieron lo que la dirigencia política no logró conseguir durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, cuando la presidenta socialista intentó redactar una nueva Constitución y dejar atrás la pinochetista.