De acuerdo con el detalle de la convocatoria, el primero de los citados es Luis Alfredo Manzur, el 16 de junio a las 10.30, mientras que el 17 de junio a la misma hora declarará Ramón Antonio Linares, el 22 de junio Pablo Emilio Hernández, el 23 de junio Claudio Tamareu y el 24 de junio Jorge Arnaldo Romano.

Por su parte el 29 de junio fue citado Ramón Eduardo Caro, el 30 de junio Sergio Alberto Guevara, el 1 de julio Francisco Gabriel Rivero, el 6 de julio Oscar Albarracín y el 7 de julio Ramón Desiderio Leiva.

A su vez, la jueza Borruto tiene pendientes de realización otras 5 indagatorias que fueron postergadas en distintas ocasiones, la última de ellas el pasado 14 de abril, cuando la magistrada hizo lugar a un pedido del defensor oficial Guillermo Garone para viajar a Buenos Aires a asistir personalmente a sus defendidos.

Esos actos se cumplirán desde el 8 de junio, cuando declare Aníbal Santiago Cadelago, al que le seguirán Emilio Samyn Duco, el 9 de junio, Francisco Vlcek, el 10 de junio y Jorge Raúl Masiriz, el 11 de junio.

En tanto, Jorge Guillermo Díaz será indagado el 12 de junio desde su propio domicilio, debido a problemas de salud documentados por el militar.

Un hecho similar ocurrió con el exgeneral de Brigada Omar Edgardo Parada, de 94 años, quien se descompensó cuando lo trasladaban al Departamento Central de la Policía Federal Argentina, donde había sido citado, y finalmente fue indagado el 21 de abril desde su domicilio.

En este caso, Borruto debe resolver en los próximos días la situación procesal del ex general, y definir si encuentra elementos para procesarlo, sobreseerlo o dictarle falta de mérito, explicaron las fuentes consultadas.

Hasta el momento la jueza dictó el procesamiento de cuatro ex militares en febrero de 2020, mientras que semanas atrás, la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia confirmó tres de esos procesos y dictó la falta de mérito de uno de los acusados.

Además, la Cámara convalidó, por mayoría, que se trata de «delitos de lesa humanidad» y por lo tanto no sujetos a prescripción.

La investigación tuvo su origen en una denuncia presentada en 2007 por la Subsecretaría de Derechos Humanos de Corrientes, que recolectó los primeros 25 casos de supuestos tormentos a soldados, incluyendo estaqueamientos y enterramientos por pedir o procurarse alimentos.(Télam)